Artículo de Javier Cercas

June 18th, 2010

Transcribo a continuación un artículo de Javier Cercas publicado recientemente en El País.

La puñetera verdad

Es una pena que la discrepancia entre Almudena Grandes y Joaquín Leguina a propósito de un artículo de este último (Enterrar a los muertos, EL PAÍS, 24-5-2010) no haya provocado un debate articulado sino solo un agrio intercambio de acusaciones; también es una pena que la discrepancia radique en un punto sobre el que no hay discrepancia posible, porque hace tiempo que fue zanjado por los historiadores: es imposible equiparar el terror del bando franquista con el terror del bando republicano durante la Guerra Civil, al modo en que lo hace Leguina, porque el segundo duró el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de su zona y se practicó sin su aprobación (o al menos sin su aprobación explícita), mientras que el primero duró toda la guerra y fue organizado por las autoridades como parte de una guerra de exterminio; dicho de otro modo: equiparar la España leal con la España rebelde porque en ambas se cometieron crímenes es una aberración similar a equiparar el Estado democrático con ETA porque el Estado democrático creó los GAL. No obstante, hay en el texto de Leguina una analogía aún más inquietante. “¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez?”, escribe Leguina, sin duda interpelando a quienes postulan que la nuestra fue una guerra de buenos contra malos. “La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva revolucionaria”. La afirmación no es inquietante por lo que dice, sino por lo que presupone: no solo que en los dos bandos se cometieron atrocidades (cosa obviamente cierta), ni que una parte de los republicanos no creía en la democracia (cosa asimismo cierta), sino que los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y que por tanto comparten por igual la responsabilidad política de la guerra. Si esa es la puñetera verdad que Leguina nos pide que aceptemos, yo puedo decirle por qué no la aceptamos: porque es una puñetera mentira. Y además una mentira peligrosa, dado que atañe a un problema esencial de nuestra relación con el pasado reciente y, en esa medida, también al presente.

Me explicaré contando una historia: la historia del héroe de mi familia. Pónganle ustedes a la palabra héroe todas las comillas que quieran: mi madre, que era una niña cuando todo ocurrió, no le pone ninguna. El protagonista se llama Manuel Mena, era tío carnal de mi madre y pertenecía a una familia católica de pequeños propietarios rurales extremeños. Cuando estalló la guerra, Manuel Mena contaba 16 años. Exaltado por las arengas falangistas, de inmediato intentó alistarse en el ejército de Franco; no lo consiguió, pero en los meses siguientes volvió a intentarlo varias veces. Por fin, al cumplir la edad reglamentaria, pudo incorporarse a filas. Manuel Mena peleó en la Ciudad Universitaria de Madrid y en Teruel, se distinguió por su arrojo en diversos combates, ascendió fulgurantemente, y en octubre de 1938, con apenas 19 años, había alcanzado el grado de alférez. Una mañana de ese mes, cuando estaba a punto de cruzar el Ebro al mando de su unidad, una bala perdida le perforó el estómago; murió el mismo día, mientras lo trasladaban a lomos de un mulo a un hospital de la retaguardia. Siempre que recuerda a Manuel Mena, mi madre lo recuerda de permiso en el pueblo, enfundado en su uniforme blanco de los Tiradores de Ifni, bailando o paseando con sus amigas, aureolado por su prestigio romántico de guerrero, y sobre todo recuerda que, cada vez que partía de nuevo hacia el frente, su madre le despedía entre lágrimas. “Madre, no seas cobarde”, eran siempre las palabras de despedida del soldado. “Si me matan, que nadie te vea llorar”. Y el día en que le llevaron el cadáver de su hijo, la madre de Manuel Mena no lloró; en medio del silencio de la multitud que rodeaba el féretro, solo alcanzó a hacer un débil saludo fascista y a decir con el hilo de voz que le salió de las entrañas: “¡Arriba España, hijo mío!”.

Esa es la historia, o esa es al menos tal y como la recuerda mi madre. Sea como sea, nadie tiene derecho a poner en duda la integridad moral de Manuel Mena, la generosidad de su idealismo y la pureza de sus intenciones: nadie puede dudar de que fue a la guerra porque, cuando todavía era un chaval, le convencieron de que su familia, su patria y su religión estaban en peligro, y de que merecía la pena morir por ellas; nadie, claro está, excepto quienes se resignan a no entender una palabra del funcionamiento de la historia y de los hombres, y por lo tanto no aceptan la evidencia de que el fascismo, igual que el comunismo, fue para muchos una forma subyugante de idealismo, un ensayo de bajar el cielo a la tierra, ni la evidencia complementaria de que los peores infiernos de la historia también se han fabricado con las mejores intenciones. Pero, si desde el punto de vista moral nada indica que Manuel Mena se equivocase, desde el punto de vista político no hay duda de que lo hizo: aunque harto más imperfecta que la actual, la II República era una democracia tan legítima como la actual, y Manuel Mena respaldó con las armas un golpe de Estado contra ella. Esa es la cuestión: Manuel Mena tal vez acertó moralmente, pero no políticamente. Y, como él, tantos otros. Por eso es falso que los dos bandos contribuyeran por igual a la destrucción de la democracia y que compartan por igual la responsabilidad política de la guerra: los responsables políticos de la guerra fueron quienes dieron un golpe de Estado contra la legalidad republicana, no los que la defendieron. Es verdad que muchos de los que defendieron la II República no creían en la democracia, como dice Leguina; pero el hecho es que defendieron un régimen democrático. Todo lo cual significa que desde el punto de vista político la Guerra Civil sí fue, contra lo que predica un cliché tramposamente ecuánime, una guerra de buenos contra malos: como en casi todas las guerras, en la nuestra no hubo un bando moralmente del todo bueno y un bando moralmente del todo malo, pero sí hubo, como en tantas otras guerras, un bando políticamente bueno y un bando políticamente malo, un bando que defendió la legalidad democrática y un bando que la destruyó; salvando las distancias, es algo semejante a lo que ocurre ahora mismo en el País Vasco: si juzgamos allí una aberración la equidistancia política entre los terroristas y los que no lo son y no tenemos ninguna duda de que hay buenos y malos y de que políticamente los buenos son quienes defienden el sistema democrático -aunque crearan los GAL- y los malos son quienes lo atacan -aunque alguno sea tan idealista como Manuel Mena-, ¿por qué en cambio tantos defienden la equidistancia y afirman que no hay buenos y malos cuando se trata de la II República, que es el único precedente posible de la democracia actual?

Porque eso es lo puñetero y lo peligroso de este asunto: que no estamos hablando del pasado, sino de la relación del presente con el pasado; es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático. Por supuesto, solo quien no sabe lo que fue el franquismo puede decir que la actual derecha española es franquista; pero esa derecha comete un serio error al no cortar del todo el cordón umbilical que todavía la une al franquismo y no buscar sus raíces y las raíces de la democracia en la democracia que destruyó el franquismo.

No hay democracia sólida que no esté basada en un acuerdo mínimo acerca de su origen histórico; la nuestra no lo está, sobre todo porque gran parte de la derecha -y al parecer ahora también una parte de la izquierda- no acaba de asumir que sus orígenes no pueden hallarse en ninguna mistificación justificatoria de una dictadura. Me pregunto si no lo asume porque está atrapada en un malentendido: porque cree que lo que se le exige es que renuncie moral y políticamente a los suyos, es decir, porque cree que, además de reconocer que los suyos estaban políticamente equivocados, debe reconocer que todos eran moralmente abyectos. No es así: lo único que se le debe exigir a la derecha es que en este caso distinga entre moral y política, y que, sin quitarles necesariamente la razón moral a sus antepasados, les quite la razón política.

En cuanto a mí, no sé si, como mi madre cree, Manuel Mena fue un héroe, quiero decir un héroe moral, pero lo cierto es que yo nunca me he avergonzado de él; ahora bien, estoy seguro de que políticamente fue un villano. Esa es la verdad, mamá. La puñetera verdad.

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Homenaje a Miguel Delibes

May 5th, 2010

El pasado 12 de marzo fue un día de luto para todos los que amamos la Literatura: Miguel Delibes Setién fallecía en su casa de Valladolid a los 89 años. Con él se iba el último grande de esa generación de la posguerra (Cela, Torrente Ballester) que tantas y tan buenas páginas dieron a nuestras letras.

Qué decir de Miguel Delibes que no diga ya su carrera literaria: Académico de la Lengua desde 1975, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Cervantes, Premio de la Crítica, Premio Nacional de Literatura…La obra literaria de Miguel Delibes ha obtenido todos los galardones posibles, ha gozado del fervor popular de los lectores desde sus inicios y ha sido elogiada unánimemente por la crítica. Así, el Académico de la Lengua Luis María Ansón considera que Miguel Delibes es el mejor escritor del Siglo XX español y, junto a Miguel de Cervantes y a Benito Pérez Galdós, los tres más importantes de la Historia de la Literatura española.

Delibes comenzó su carrera literaria en 1947 con “La sombra del ciprés es alargada”, que obtuvo el Premio Nadal. Se trata de una obra de corte existencial, pesimista, distinta al devenir de sus novelas posteriores, pero en la que se aprecia ya alguna de las obsesiones que recorrerían su temática, como la niñez o la muerte.

Sin embargo, sería en 1950 con la publicación de “El camino” cuando encontraría el registro y el tono que habría de seguir a lo largo de su fecunda trayectoria literaria. Se trata, sin duda, de una de sus obras maestras, una novela ambientada en un pueblo castellano que Delibes glosa con maestría. En ella, trasluce su pasión por Castilla y el medio rural, temas predominantes a lo largo de toda su obra.

En la mayoría de sus novelas, los pueblos castellanos y sus gentes son los protagonistas, hasta el punto de que puede decirse que nadie ha retratado con mayor precisión la vida castellana, el hablar de sus habitantes, sus costumbres y estilo de vida. Es, sin duda, el Cronista de Castilla, con mayúsculas.

Si el hombre castellano es sobrio, sencillo, así lo es también su prosa: eficaz, perfectamente construida y articulada, segura, firme, seria, sin alardes. No podía ser de otra forma: su pasión castellana le lleva a interiorizar esa forma de ser y comprender la vida que se exterioriza en su prosa, en su vocabulario, en su sintaxis.

El Camino es una buena muestra de ello; posee una prosa sencilla y sobria, en la que destaca su precisión a la hora de nombrar las cosas, el magistral uso de la puntuación (especialmente de las comas) y la maestría para reproducir el habla popular castellana como nadie lo ha hecho.

Siguiendo esta línea caracterizada por lo rural, por la presencia de Castilla y de los seres que la habitan, cabe destacar “Las Ratas”, Premio de la Crítica en 1962. En esta novela, que narra la dura vida de un ratero en un pueblo de Castilla que se alimenta de ratas, el contenido social de su obra se afila, no en vano la obra es una fuerte denuncia de las miserias de la gente en Castilla. Asimismo, en esta obra destaca la oralidad y el habla popular, así como el profundo conocimiento de la naturaleza y los animales, siempre presentes en su obra.

En 1966 publica otra de sus obras maestras, “Cinco horas con Mario”. En ella, el realismo social y la denuncia de la sociedad de su época están más presentes aún, si cabe, con el añadido de que Delibes se traslada esta vez a un escenario urbano para narrar su historia. Por otro lado, esta novela está dotada de una novedosa técnica narrativa, que le inserta dentro de la corriente experimental de la época, rompiendo, de esta manera, con el estilo clásico que había desarrollado hasta el momento. Toda la novela es un largo monólogo interior de Carmen Sotillo ante el cadáver de su marido, en el que ella, ejemplo de la mentalidad cínica y burguesa de la época, reprocha a su marido, un hombre diferente, postconciliar, que desentona en la sociedad en la que vive, su actitud durante el matrimonio. De esta forma, por contraposición, Delibes deja en evidencia la mentalidad oficial de la época, denunciando las miserias de la burguesía de la época que se creía superior a los que no pensaban y actuaban como ellos.

Otra obra reseñable del escritor vallisoletano es “Los santos inocentes”, publicada en 1982. En ella, combina la denuncia social de la esclavitud a la que están sometidos los criados en el campo, con una técnica novelística experimental. Es otra de sus grandes obras, magnificada por la espléndida adaptación cinematográfica.

Su última obra fue “El hereje”, publicada en 1998. Se trata de una monumental novela ambientada en el Siglo XVI que traza la peripecia vital de Cipriano Salcedo, un próspero comerciante que se convierte al protestantismo. Excelentemente documentada y ambientada, es una novela profundamente humana, todo un canto a la libertad de conciencia y una denuncia de la intransigencia y el fanatismo.

En fin, toda la obra de Delibes sigue unas pautas comunes, como son la presencia de Castilla, de la infancia y de la muerte, así como una mirada cómplice y humana a los más desfavorecidos. Una obra sin un solo pero, constante en su calidad y que no duda en evolucionar con las corrientes literarias del momento (realismo social, experimentalismo) sin abandonar sus temas y trasfondos habituales.

Con Delibes se va uno de los grandes, una extraordinaria persona que fue capaz de elevar la prosa castellana a niveles de perfección sin igual en nuestros días.

Desde un punto de vista personal, la marcha de Delibes la siento como la despedida de un amigo. Un amigo porque después de más de 10 años leyéndole, habiendo leído gran parte de su obra, uno se sentía cómplice de la mirada y los personajes de Delibes. Cómo no recordar a Daniel, el Mochuelo, protagonista de El Camino y con en el que todos nos hemos sentido reflejados en su mirar hacia el mundo adulto; al Nini, compañero de fatigas del ratero, que mirando el cielo sabía predecir los cambios climatológicos; a Mario, hombre incomprendido al que le tocó vivir un mundo cínico y miserable que él redimía con su forma de ser; a Azarías y su “Milana, bonita”, que aún retumba en nuestro oído y en nuestra memoria; a Cipriano Salcedo, hombre coherente que le tocó vivir la negra época de nuestra historia en la que tener una creencia diferente te condenaba a la hoguera; en fin, a tantos personajes que han poblado tardes y noches de placidez y lectura, momentos de aprendizaje, de lecciones, de sabiduría que nos trasmitía Delibes por medio de sus personajes y que nos hacían reflexionar y, como él decía, echar la vista atrás para darnos cuenta de que, quizás, este mundo loco y atolondrado y mercantilizado de las ciudades no es el más humano y, probablemente, tampoco el camino que debemos seguir.

Delibes era un hombre ajeno a las polémicas, alejado de los focos, una “buena persona”, en palabras de todos los que le conocieron, calificativo difícil de ostentar en una sociedad cainita y en un mundo de envidias como el literario.

Sin él, nuestras letras se tiñen de luto. Hemos perdido a uno de los pocos referentes que nos quedaban de una literatura de calidad, a una voz sensata y humilde, a un maestro para varias generaciones que han aprendido - y aprenderán- a soñar, a pensar, a vivir, gracias a sus magistrales novelas.

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Garzón y los crímenes contra la humanidad

April 17th, 2010

Baltasar Garzón, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación derivado de su intento de enjuiciar los crímenes del franquismo.

En octubre de 2008, ante la petición de asociaciones de familiares de represaliados por el franquismo, Garzón decidió instruir la causa de los crímenes del franquismo que derivaron en miles de personas desaparecidas que yacen, aún hoy, 70 años después de la Guerra Civil, enterradas en fosas comunes.

Nada más declarar su competencia, surgieron multitud de voces criticando a Garzón, básicamente porque consideraban que los delitos habían prescrito, que existía una Ley de Amnistía que impedía perseguirlos, en fin, por la falta de competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciarlos.

Finalmente, Garzón acabó inhibiéndose por estar muertos los responsables, y el asunto de las fosas pasó a Juzgados Provinciales en lo que a la exhumación de los cuerpos se refiere, mientras que los crímenes quedaron sin investigar.

Poco después, un sindicato de extrema derecha, Manos Limpias, y el partido político Falange Española, presentaron una querella por prevaricación contra Garzón, que está siendo instruida por el Tribunal Supremo y que puede dar con Garzón en el banquillo de los acusados.

La prevaricación, según el artículo 446 del Código Penal, se aprecia en el Juez o Magistrado que “a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta“. Por tanto, para que Garzón hubiera prevaricado sería preciso que su resolución declarándose competente para investigar los crímenes del franquismo fuera un auténtico disparate jurídico, que él mismo supiera que no era competente y aun así prosiguiera con la instrucción

Pues bien, analicemos los hechos para comprobar cómo la posición de Garzón no sólo estaba justificada, sino que jurídicamente era la correcta.

Diversas Asociaciones de Memoria Histórica, ante la evidencia de que centenares de cuerpos yacen aun en fosas comunes, que no se han identificado los cadáveres ni juzgado a los responsables, presentaron una demanda cuya competencia, por reparto, correspondió al Juzgado Central de Instrucción nº 5 cuyo magistrado titular es Garzón. El magistrado, constatando la existencia de cuerpos sin reconocer, de posibles desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, y para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española, estudia la posible competencia de los tribunales españoles.

En el Derecho Penal, el delito se define como una acción u omisión antijurídica, culpable y punible. Por tanto, habría que analizar si los hechos denunciados (desaparición forzosa y asesinato), son acciones antijurídicas, imputables a alguien en concepto de dolo o culpa y si son punibles.

Parece evidente que el asesinato es una acción antijurídica, y que quien los cometió lo hizo con intencionalidad. Ahora tocaría determinar si esas acciones son punibles en el momento que nos ocupan. Para ello habría que determinar si existe competencia penal de los tribunales españoles para juzgar los delitos que nos ocupan, si son perseguibles (si han prescrito o no) y si hay sujetos a los que imputar los actos.

Aquí es donde surgen varios problemas. Siendo claro que son acciones constitutivas de delito, su punibilidad quedaría en entredicho por el hecho de que tales delitos habrían prescrito o no serían perseguibles como consecuencia de la Ley de Amnistía de 1977. Para Garzón, sin embargo, los delitos no estarían prescritos ni serían amnistiables, al considerarlos crímenes contra la humanidad.

De acuerdo con la doctrina jurídica internacional, se consideran crímenes contra la humanidad “las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque“. Parece claro que la práctica sistemática de asesinato y desaparición forzada de personas cometida por las tropas nacionales no sólo durante la Guerra Civil, sino también durante los primeros 15 años del franquismo, constituyen crímenes contra la humanidad. Así lo ha declarado, entre otros, el Consejo de Europa.

Y si son crímenes contra la humanidad, y no simples asesinatos, de acuerdo con el derecho penal internacional, estos delitos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

Uno de los argumentos usados contra Garzón radica en que cuando se cometieron estos delitos, allá por los años 30 y 40, no existía el concepto de crímenes contra la humanidad, y no se los podría considerar como tales.

Esto no es así por varias razones, entre las que se encuentra la Convención de la Haya de 1907 y la llamada cláusula Martens (principio de derecho internacional según el cual, en los supuestos no comprendidos por el derecho vigente, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública), que permitirían juzgar estos crímenes.

Además, el nacimiento del concepto de crímenes contra la humanidad en 1945 no impide su aplicación a hechos cometidos con anterioridad a esta fecha. De hecho, eso es precisamente lo que hizo el Tribunal de Nuremberg, tipificar las acciones cometidas por los nazis con anterioridad a esta fecha como crímenes contra la humanidad, y castigarlos por ello. En consecuencia, aunque se conceptualiza en 1945, se aplica a hechos cometidos con anterioridad. Por analogía, lo mismo podría predicarse de los asesinatos y desapariciones cometidas durante el franquismo.

Además, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos establece que “nada de los dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional“. Entendemos que el derecho a la vida es un derecho reconocido por la comunidad internacional desde hace siglos.
Por si fuera poco, hace más de 150 años que el jurista internacional Rafael Bello dejó claro que “en una nación i en una época dadas el derecho de gentes sea una parte de la jurisprudencia patria, no admite duda“, por lo que aun no estando tipificado como delito en su momento, al atacar los principios básicos del derecho de gentes, estas acciones de desaparición forzada y asesinato serían perseguibles.

Por su parte, respecto a la posible aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la jurisprudencia internacional considera que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece taxativamente que son “inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables“, (caso “Barrios Altos”, sentencia del 14 de marzo de 2001).

En la misma línea, respecto a la prescripción de los crímenes contra la humanidad, el CIDH afirma que la “aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional” (caso “Trujillo Oroza vs. Bolivia” -Reparaciones, sentencia del 27 de febrero de 2002; caso “Benavides Cevallos”- cumplimiento de sentencia, resolución del 9 de septiembre de 2003).

Además, la Ley de Amnistía de 1997 se aplicaba a los delitos políticos, y no a los delitos comunes, y como dice Garzón, “¿se puede considerar que el rapto de los niños es un delito político? ¿Se puede considerar que la muerte de García Lorca tenía una finalidad política? ¿De quién eran ‘adversario político’ las decenas de miles de hombres, mujeres y niños desaparecidos por los pueblos de Castilla, de Extremadura, de Galicia…? ¿Son delitos políticos o son delitos contra la Humanidad?” Es obvio que no son simples delitos políticos como una manifestación o un escrito injurioso contra un dictador.

Para mayor escarnio de la posición de los tribunales españoles, estos, en situaciones de hecho similares ocurridas en las dictaduras de Argentina o Chile, han considerado tales delitos como crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y cuya amnistía desconocían por vulnerar el derecho penal internacional. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del represor argentino Adolfo Scilingo, juzgado en España.

Por tanto, nos guste o no, es evidente que el exterminio masivo y la desaparición forzada de opositores al régimen franquista sólo puede considerarse como un caso de crímenes contra la humanidad que, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina internacional, son delitos imprescriptibles y que no se pueden amnistiar.

En consecuencia, es clara la competencia de los tribunales españoles para conocer del caso.

La actuación de Garzón fue, como vemos, correcta. Gran hilaridad produjo el hecho de que solicitara los certificados de defunción de importantes jerarcas de la Dictadura, entre ellos de Franco, pero hasta en eso fue correcto. Una vez demostrado que hay delito, y que es competente, debe indagar acerca de los responsables. Es obvio que estos han muerto, pero un proceso se basa en pruebas, no en presunciones, de ahí que fuera necesario solicitar el trámite de los certificados de defunción para aportarlos al proceso y declararlo concluso por falta de responsables, esto es, porque los culpables han fallecido. En cualquier caso, como dice Garzón, “el Juzgado Central de Instrucción se limitó a inhibirse por considerarse no competente, una vez constató el fallecimiento de los responsables. En relación con esta cuestión, no estará de más insistir en que a mi mandante no le constaba de antemano que los responsables de los crímenes, todos ellos, estuvieran muertos“. En efecto, varios jerarcas del franquismo que participaron en estos crímenes, siguen vivos residiendo en diversos pueblos de España. Son pocos, pero aún quedan algunos.

En fin, vemos que lo que fue una actuación escrupulosamente apegada a la Ley, con la finalidad de dar amparo a unas víctimas, se vuelve en su contra, y puede acabar con el propio magistrado en el banquillo de los acusados. El mundo al revés. Decenas de miles de asesinatos y desapariciones forzadas (la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 habla de 190.000 asesinados después de la guerra), secuestro de niños, en fin, todos los delitos no ya cometidos en la Guerra Civil, sino durante la Dictadura, acabada la guerra, en un supuesto tiempo de paz y estabilidad, todos ellos, quedaron impunes, y en cambio quien decidió investigarlos puede ser condenado ahora por ello, y encima a iniciativa del partido político heredero del régimen (Falange).

¿No estaríamos, más bien, ante un caso de prevaricación del propio Tribunal Supremo? En efecto, el TS conoce perfectamente que Garzón se ha limitado a aplicar la teoría y doctrina internacional vigente, que el propio TS ha utilizado en el pasado y que ahora desconoce.

Un país que no es capaz de mirar al pasado y condenar sus propias atrocidades es un país que no aprende de sus errores, un país que no se ha reconciliado consigo mismo. Un país al que le da igual que miles de cuerpos yazcan en fosas comunes, un país indiferente ante el sufrimiento de las familias, es un país enfermo.

Ningún país con una experiencia similar ha pretendido no ya siquiera dejar impunes los crímenes cometidos, sino incluso proscribir la memoria. España sí. En palabras de Angela Merkel, “hacer borrón y cuenta nueva significaría querer reprimir algo. Primero que eso no funciona nunca; y segundo, creo que debemos mantener despierta la memoria de lo ocurrido ¿Cómo vamos a explicar lo importante que es la libertad si ocultamos las experiencias de la ausencia de libertad?”.

En España, sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Y cuando un magistrado, ante la demanda de los familiares, intenta investigar los crímenes que han quedado sin esclarecer y exhumar cuerpos de desaparecidos que yacen en fosas comunes, ve como su intento de hacer justicia se vuelve en su contra y acaba él siendo enjuiciado. Así, podemos llegar a la paradoja de que los responsables de decenas de miles de asesinatos nunca hayan respondido por sus crímenes, que tampoco se pueda investigar los mismos, ni decir lo que todo el mundo sabe, que se cometieron crímenes contra la humanidad, ni tampoco desenterrar los cuerpos de los desaparecidos, y en cambio, quien insolentemente pretendió lo contrario, puede ser juzgado y, acaso, condenado por ello. Y a eso se le llama justicia.

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Garzón y la prevaricación

April 7th, 2010

Aprovechando que la Justicia española ha dado un paso más en su camino a la infamia acordando la apertura de juicio oral contra Garzón, y siguiendo la línea argumental de mi artículo publicado en The Insider del mes de marzo, reseño a continuación el artículo publicado por Ximo Bosch, portavoz territorial de Jueces por la Democracia, en El País, titulado “Más allá de Garzón”, en el que denuncia la desproporción que supone juzgar a Garzón por un presunto delito de prevaricación derivado de una decisión judicial (la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo) que no sólo era legítima y posible, sino que fue apoyada por diversos magistrados en sus deliberaciones posteriores acerca del tema.

Más allá de Garzón

“Alguien escribió en forma aforística que los casos difíciles generan mal Derecho. La causa instruida por Garzón sobre la Guerra Civil y las posteriores querellas presentadas por supuesta prevaricación representan asuntos de cierta dificultad. Sin embargo, no parece que las resoluciones dictadas en ambos procedimientos presenten una mala calidad jurídica. Más bien dichas actuaciones han desencadenado una intensa polémica por la especial naturaleza de las mismas.

Al examinarse la labor de Garzón como instructor, resulta obligatorio entender la elevada complejidad del objeto de la investigación sobre la Guerra Civil.

No nos encontramos ante un pronunciamiento incruento como el que llevó a cabo el general Miguel Primo de Rivera, cuando en 1923 dio un golpe de Estado mediante un simple telegrama que remitió a Alfonso XIII.

Al contrario, el plan diseñado por Mola en julio de 1936, y continuado luego por Franco, buscaba derrocar un Gobierno constitucional mediante una amplia insurrección militar, así como usar el terror de forma planificada para exterminar a los adversarios ideológicos y de este modo atemorizar al resto de la población, con el fin de instaurar un nuevo orden político. Además, como señala Preston, el alcance de esta represión no tuvo equivalente en ningún país europeo por su extensión personal y su larga permanencia.

Al calificar penalmente estos hechos, partimos de un delito contra la forma de gobierno, que tuvo como consecuencia decenas de miles de asesinatos, torturas y lesiones. Y multitud de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas que siguen enterradas en fosas comunes. Y, además, también otros sucesos penosos y poco conocidos, como los numerosos niños que fueron arrebatados a sus madres para ser entregados en adopción a familias del bando vencedor. La magnitud de esta terrible tragedia colectiva resulta difícil de describir. Por ello, la pluralidad de figuras delictivas concurrentes suscita enormes controversias sobre las normas aplicables, sobre los cómputos de la prescripción o sobre las reglas de competencia.

En relación con la causa contra Garzón, cualquier análisis de las resoluciones del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, debe implicar un reconocimiento de su trayectoria y de su acreditada valía profesional.

No obstante, existen importantes voces en la comunidad jurídica que han expresado sus discrepancias al considerar que se está optando de forma discutible por una lectura extensiva del delito de prevaricación. Desde esta perspectiva, Garzón se habría decantado por una alternativa jurídica legítima entre las varias posibles. En consecuencia, no resultaría acertado afirmar que Garzón sabía que no era competente, pues sus decisiones fueron compartidas por diversos magistrados de la Audiencia Nacional al emitir sus votos particulares. Y la misma tesis han sostenido varios jueces de instrucción que han intervenido en las actuaciones.

De hecho, somos cientos los magistrados de este país que habríamos actuado en conciencia del mismo modo en que lo hizo Garzón. Tampoco puede aceptarse que los hechos no pudieran investigarse a causa de la Ley de Amnistía de 1977, que se refiere sólo a delitos políticos, pues los tribunales internacionales han declarado reiteradamente la perseguibilidad en todo caso de los crímenes contra la humanidad y la falta de validez de las normas de punto final.

Más allá de la suerte de Garzón, en este debate están en juego concepciones esenciales del Estado de derecho. La consolidación de una doctrina expansiva sobre la prevaricación nos conduciría a una peligrosa restricción de la independencia judicial. Y a una visión jerarquizada y subordinada de la interpretación de las normas. Ello reduciría la potestad valorativa sobre los principios constitucionales y limitaría el desarrollo de la jurisprudencia, ante el riesgo de que las aportaciones innovadoras pudieran ser criminalizadas.

Por otro lado, en un plano muy distinto, no podemos ignorar una inquietante paradoja. A diferencia de lo que ocurrió en otros países con regímenes totalitarios, en España los autores de gravísimos delitos nunca se han enfrentado a un juicio ni han asumido sus responsabilidades penales. Sin embargo, es probable que quien se siente en el banquillo sea el único magistrado que ha investigado esos crímenes.

Resultaría perturbador que Garzón fuese excluido de la judicatura y finalizara su vida profesional impartiendo clases en universidades norteamericanas, argentinas o chilenas, como les ocurrió a Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda y tantos otros de nuestros exiliados de la guerra.

Sin duda, ambas situaciones no serían literalmente comparables. Y los juristas siempre podríamos explicar lo sucedido con abundantes tecnicismos. Pero, ciertamente, no creo que gran parte de nuestra sociedad pudiera conseguir entenderlo “.

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La Política Interior de Obama

April 1st, 2010

Hace escasamente 15 días, Obama consiguió aprobar la histórica reforma sanitaria que con tanto ahinco ha perseguido desde que alcanzó la Presidencia de los Estados Unidos. Se trata, sin duda, de un cambio revolucionario en el sistema estadounidense, y la gran victoria de Obama en lo que llevamos de mandato, al ver por fin aprobada la que fue su gran promesa electoral.

Pero Obama no sólo ha conseguido aprobar la reforma sanitaria; su modelo de cambio se ha visto reflejado en muchas otras medidas de política interior.

Transcribo el artículo que José María Pernas, Director del Comité de Estudios del Club Inside, ha publicado en The Insider del mes de marzo sobre la política interior de Obama.

CHANGE IS COMING (II): EL PRIMER AÑO DE OBAMA EN POLÍTICA INTERIOR

En mi anterior artículo sobre el primer año de Barack Obama hablaba acerca de los logros en política exterior que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha conseguido, así como también de algunos de sus errores. Si bien es cierto que la política exterior es un campo donde los poderes presidenciales son más ejecutivos, en las materias de política “doméstica” estadounidense el Presidente está más sujeto al control y paralización de sus medidas por las cámaras legislativas (Cámara de Representantes y Senado).

Este control del legislativo al ejecutivo, por lo demás, muy saludable en términos de garantías democráticas, ha propiciado una progresiva obstaculización de las reformas de la Administración Obama en diversos campos. Pero por encima de estos obstáculos, y a pesar de que los mismos han restado brillo mediático a labor de Obama en política interior, lo que destaca es la actitud de responsabilidad del nuevo presidente de cara a las reformas. Me explico, el Gobierno de Obama bien pudiera haber aprobado la reforma sanitaria o tantas otras a través del método de tramitación urgente que el Presidente puede declarar, evitando así el filibusterismo de los republicanos en el Senado. Sin embargo, prefirió esperar, elaborar una propuesta de consenso entre demócratas y republicanos, de forma que dicha reforma fuera pergeñada por ambos lados del espectro político del país.

A continuación, me referiré a reformas realizadas en varios campos, que han supuesto, sino un vuelco de la situación, una forma distinta de hacer las cosas en Washington.

La salida de la crisis económica

En relación a la crisis económica, Obama ha tenido, en primer lugar, la inteligencia de contar con un reputado secretario del Tesoro, Timothy Geithner, antiguo presidente de la Reserva Federal de Nueva York, y con los consejos de Paul Vockler, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en los años ochenta.

Por otro lado, y ante el creciente descontento popular por los beneficios obtenidos por los bancos tras los rescates financieros y las ayudas del Gobierno a través de la compra de sus activos más tóxicos, la Administración Obama va a realizar una serie de reformas para regular mejor los instrumentos financieras y controlar a las entidades bancarias en esta materia. Ello lanza un mensaje de que el rescate de un banco no es gratis, y que lo que el Estado presta debe ser devuelto a través de un ejercicio responsabilidad por las entidades financieras.

Éste es un punto en el que la Administración Obama puede conseguir al menos un éxito propagandístico, si bien es cierto que la reforma será mucho menos ambiciosa que lo que propone el ‘ala izquierda’ demócrata, lo que puede abrir otra brecha entre Obama y sus seguidores más proclives a las intervenciones públicas. Obama, con el apoyo entusiasta del Congreso, ha pretendido no defraudar a la clase media y baja cuando aprobó un impuesto especial para gran parte de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas.

No parece, sin embargo, que ni el presidente ni el Legislativo vayan a cerrar los “agujeros” en el sistema regulatorio de EEUU ni a reducir la “sopa de letras” de agencias regulatorias, que en la práctica no hacen más que superponer sus funciones sin ser capaces de regular verdaderamente los riesgos del sistema. Es lo que está pasando con el corazón de la propuesta de Obama: la creación de una agencia independiente que proteja al consumidor de abusos en productos financieros como hipotecas y tarjetas de crédito. La Cámara de Representantes le dio su bendición antes de la Navidad, pero en el Senado la cosa es muy diferente y todo apunta a que el concepto original quedará muy tocado.

Otro pilar de la propuesta original de Obama pasaba por reforzar el papel de la Reserva Federal en la supervisión de los riesgos. Pero tanto demócratas como republicanos son muy críticos con el trabajo del banco central previo a la crisis y reprochan a sus dirigentes no haber prevenido el estallido de la burbuja hipotecaria.

El tercer elemento en el aire se refiere a la idea lanzada por Obama de prohibir que los bancos especulen con fondos de los depósitos garantizados de sus clientes. Sin embargo, en lugar de obligar por ley a las entidades bancarias a abandonar sus negocios en los mercados de capitales como quiere Obama, el Senado quiere que sean los reguladores los que restrinjan determinadas actividades caso por caso.

El presidente de la Reserva Federal, Bern Bernanke opinó que la medida sería difícil de aplicar y tendría consecuencias no deseadas. Las claves para evitar los problemas vistos durante la crisis, dijo el presidente de la autoridad monetaria, son fortalecer la disciplina de mercado, forzar a los bancos a ampliar su colchón de capital y someter las actividades de riesgo a un mayor control. Según los analistas, cuando se analiza como quedarán las otras partes del sistema regulador, la propuesta parece quedarse corta. Todo apunta a que ésta se quedará en un traspaso de poderes, con la Reserva Federal vigilando a las grandes instituciones y cediendo al departamento del Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos algunas funciones.

Todo ello es sin duda descorazonador, pero muestra al mismo tiempo que las reformas que la Administración Obama está emprendiendo hacen daño a muchos grupos de interés. Como dice el premio nobel de Economía de 2008 Paul Kraugman (El País, 07-03-2010) “En resumen, por tanto, es hora de decir “hasta aquí hemos llegado”. Es mejor que no haya reforma, y que ello vaya unido a una campaña para nombrar y avergonzar a los culpables, que una reforma cosmética que simplemente encubra la falta de actuación”. La democracia hace que dichos grupos de interés sean influyentes y como Estados Unidos no es un país que dependa solo del presidente las reformas llevan su tiempo. Pero Obama en ningún momento ha dejado de lado sus convicciones para agradar a las cámaras o para sacar un titular de televisión.

En todo caso, y aunque muchas reformas como la de la transparencia en las retribuciones de consejeros o la regulación de derivados e instrumentos de riesgo se encuentra aún en estudio, la Administración Obama sí ha conseguido estabilizar la tasa de desempleo, incluso ha descendido en las últimas fechas. El crecimiento económico estadounidense ha vuelto a resurgir con fuerza y los consumidores muestran signos de confianza con el crecimiento del consumo. Por lo menos, la estabilidad ha vuelto a “main street” tras las irresponsabilidades de “Wall Street”, y ello, en parte, se debe a la política económica que el gobierno de Obama ha venido desarrollando hasta el momento.

La reforma sanitaria

Este es uno de los proyectos históricos que ha emprendido la nueva Administración. Como se sabe, en los Estados Unidos, más de 40 millones de personas carecen de cobertura médica al no tener seguros de salud, pues el país norteamericano carece de un sistema de cobertura universal. Los empresarios garantizan la cobertura de la mayoría de los estadounidenses mientras que otra parte de la población elige aseguradoras privadas. Los términos de casi todos los planes de salud incluyen el pago periódico de cuotas, pero a veces se exige el adelanto de cierta cantidad del coste del tratamiento, cuyo importe depende del tipo de plan concertado. El Gobierno ofrece cobertura sanitaria sólo a partir de los 65 años, que es cuando los ciudadanos pueden acceder al programa Medicare, gestionado por el Estado. De la misma manera, Medicaid se hace cargo de familias con sueldos modestos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.

Por ello, ante esta ausencia de cobertura universal sanitaria, el presidente ha formulado tres principios que cualquier borrador de reforma sanitaria debe cumplir para poder contar con su apoyo: la reducción de los costes, la garantía de que todos los estadounidenses podrán escoger su propio plan de sanidad, incluido un plan público, y la calidad y la accesibilidad del sistema. Desde las distintas comisiones en el Senado y en la Cámara de Representantes ya han salido propuestas. La primera se decanta por un sistema de seguro obligatorio en el cual el Estado apoyaría con subvenciones a las personas necesitadas. La sanidad pública sólo estaría abierta a los que no tienen cobertura a través de un empleador. Otras dos rechazan la opción pública y prefieren una solución mixta de aseguradoras privadas y cooperativas médicas sin ánimo de lucro. En todo caso, en la negociación entre la Casa Blanca y el Congreso se ha avanzado ya en cosas como que se mantendrá la libertad de elegir seguro, los que estén satisfechos con su plan actual podrán conservarlo, las empresas están obligadas a proveer un seguro a sus empleados, el aumento de los impuestos sólo afectará a los hogares que ingresen más de un millón de dólares al año y no va a haber aumento del déficit nacional.

Como es sabido, un escaño del Senado en Massachusetts que había pertenecido a la familia demócrata Kennedy -primero a John y después a Robert- desde 1952, pasó a manos republicanas. No es sólo un fracaso simbólico. Con esa derrota, los demócratas pierden la posibilidad de evitar que los republicanos ejerzan una minoría de bloqueo. Toda la agenda de Obama-su reforma sanitaria, la creación de un mercado de emisiones de CO2 y la reforma financiera- será más difícil de llevar a la práctica debido a las prácticas dilatorias que la minoría de bloqueo republicana en el Senado puede poner en práctica

Obama presentó la semana pasada su propuesta ampliada para la reforma del sistema de salud, que incluye algunas iniciativas de la oposición republicana. Pese a ello, no ha conseguido reducir la oposición a la medida entre los republicanos, que consideran, entre otras cosas, que la reforma, tal y como está concebida, representará un gasto excesivo. Los republicanos demandan que se abandone la medida tal y como está planteada y se comience a negociar desde el principio.

A la resistencia republicana se suma la de algunos demócratas, tanto del ala moderada -preocupada por el efecto de la medida en el déficit fiscal del país- como entre los más liberales, que creen que no va lo suficientemente lejos. Obama asegura que la reforma sanitaria contribuirá a reducir a largo plazo el déficit fiscal. Se está a la espera de una propuesta conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado que produzca un texto de reforma, si bien no tan ambicioso en cuanto al sistema público de salud como en un primer momento, sí que garantiza la cobertura sanitaria a quien actualmente carece de ella.

A pesar de que la reforma no será la que salió de la Casa Blanca, Obama ha conseguido que un país tan dependiente de los seguros médicos privados como EE.UU. se cuestione su propio sistema, y lo más importante, va a conseguir que el Congreso de su país garantice que, de una forma u otra, ningún estadounidense se quede sin cobertura médica.

Reforma energética e infraestructuras

El 19 de abril de 2009, el jefe de gabinete y ‘mano derecha’ de Obama Rahm Emanuel, dijo: “Sé que esto va a pasar: a final de año habrá una ley de energía en la mesa del presidente”. A día de hoy, ni siquiera hay un borrador. El objetivo declarado de Obama es crear un mercado financiero en el que las empresas puedan comprar y vender permisos, emitidos por el Gobierno, para emitir gases que provocan el ‘efecto invernadero’ y, así, favorecer el desarrollo de energías renovables, un área en la que la Administración de EEUU está muy interesada en la experiencia de España.

Ése es el objetivo. Por un lado, los republicanos son como una especie de muro ante cualquier intento de limitar esas emisiones. Por otro, una serie de demócratas de Estados petroleros y carboneros (el 50% de la energía eléctrica de EEUU procede de térmicas de carbón, en general bastante antiguas y poco eficientes) también se oponen. Ahora, todas esas peleas apenas tienen sentido. Tras la derrota demócrata de Massachusetts, el mercado de emisiones es difícil que vea la luz este año. Ningún senador va a arriesgar su reelección por el ‘efecto invernadero’.

En el mismo sentido, la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático no supuso el avance esperado, pues no se concretaron compromisos concretos entre las grandes potencias. Sin duda China, Rusia y Estados Unidos querían un acuerdo pero bajo unos márgenes demasiado estrechos provocados por la crisis económica.

Lo que sí ha desarrollado Obama con eficacia ha sido la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética en escuelas, hospitales, empresas, edificios gubernamentales, a través de subvenciones y fondos públicos para financiar la construcción, por ejemplo, de parques eólicos.

Asimismo, la inversión pública en infraestructuras, al igual que en la época del “new deal”, ha supuesto un fuerte impulso en cuanto a la creación de empleo y a la renovación de las anticuadas vías férreas y puentes de las principales carreteras de EE.UU. Destaca por encima de todo los grandes corredores de alta velocidad que el gobierno federal pretende desarrollar para reducir la dependencia del petróleo y descongestionar las autopistas.

Reforma educativa

Tras el difícil asunto de la reforma sanitaria, que por lo menos está encauzado para que se produzca la votación conjunta entre Congreso y Senado, la Administración Obama está abordando en estos días la reforma educativa.

Al contrario de lo que cabía esperar, dicha reforma no va a ser un cambio radical frente al plan llamado “Que no quede ningún niño rezagado” promovido durante la pasada administración del presidente George W. Bush. No se trata por tanto de desacreditar la labor del gobierno anterior sino de buscar una reforma educativa eficiente y de consenso. En este sentido la Administración Obama no lleva a cabo reformas con el oculto interés de ganar adeptos en las encuestas, al estilo de otros gobernantes, sino conseguir un proyecto consensuado que perdure para varias generaciones. Algo parecido, lo que es de alabar, esta intentando realizar el ministro de educación español, Ángel Gabilondo, frente a otros compañeros de su partido y de partidos de la oposición que usan la educación con fines partidistas.

Volviendo a Estados Unidos, Barack Obama ha anunciado que el lunes 15 de marzo presentará al Congreso un plan para mejorar el nivel educativo de los estadounidenses y recuperar el terreno perdido ante el avance de otros países. El proyecto constituye una reestructuración del referido plan “Que no quede ningún niño rezagado” Cabe recordar que en las últimas décadas Estados Unidos ha perdido terreno y los niños de 15 años están lejos de la cima en ciencias y matemáticas cuando se les compara con los jóvenes de otros países. Bajo el liderazgo de la secretaria de Educación, Arne Duncan, su gobierno ya ha puesto en marcha un plan mediante el cual los estados compiten por fondos federales a través de la reforma y la elevación de las normas de calidad educativa. Eso significa recompensar a los maestros por sus resultados y hacer hincapié en materias cruciales como la ciencia y las matemáticas.

Según las pautas del plan, los colegios que logren una excelencia en sus niveles serán recompensados y se alentará a los distritos a reformar las escuelas en las que no se logren esos niveles. El plan es ambicioso al establecer que todos los niños que terminen sus estudios secundarios deben estar preparados para la universidad sin importar sus orígenes y situación. Al final, lo que se pretende es que la excelencia no solo se genere en las tradicionales instituciones académicas estadounidenses, sino también en la escuela pública, como un modo de garantizar la igualdad de oportunidades sin depender de los ingresos familiares para tener una buena educación.

Guantánamo, células madre y reforma migratoria

Obama ha prohibido de forma expresa, y para que no quede ninguna duda, las torturas en los interrogatorios de la CIA. Además, ha clausurado las llamadas cárceles secretas de la agencia de espionaje en otros países, agujeros negros dentro del derecho internacional pues en dichas cárceles se cometieron abusos contra los reclusos. Se ha enviado a diversos presos de la cárcel de Guantánamo a que cumplan sus condenas en cárceles de otros países (cinco lo harán en España). Otros presos se pretende que sean juzgados en tribunales civiles de Nueva York, lo que está suscitando oposición por parte de los neoyorkinos, incluido su alcalde. En todo caso, Obama ha dado los pasos para cerrar la cárcel de Guantámano, donde se mantenía a los presos en un limbo jurídico sin garantías legales. Con ello esta Administración da una lección al mundo entero al demostrar que para combatir el terrorismo es más efectivo y ejemplarizante respetar el estado de derecho que usar métodos como la tortura para obtener confesiones, torturas que se practicaron con la anuencia de la anterior Administración.

Por otro lado, la Administración Obama ha levantado muchas, aunque no todas, de las restricciones que pesaban sobre los científicos en la investigación sobre células madres, siendo una clara concesión a sus votantes, sacrificando, en este aspecto, el necesario consenso.

Del mismo modo, el gobierno de Obama prometió realizar una reforma que abriera un camino a la legalización de los millones de inmigrantes indocumentados, y que lo haría en el primer año de su presidencia. Ello sin embargo no ha sido posible, debido al fuerte rechazo que dicha idea provoca entre algunos demócratas, por no decir entre los republicanos. Esta reforma deberá ser debatida con largo alcance, y parece que va a retrasarse, pues este otoño son las elecciones a toda la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado, lo que redundará en los cálculos partidistas de los legisladores en detrimento de las reformas.
Conclusión

¿Es Obama un nuevo Carter, aquel presidente que bajo grandes expectativas acabó por no ser reelegido? En mi opinión, Obama posee una diferencia sustancial con Carter: tiene paciencia. Tiene paciencia porque sabe que las reformas que su país debe emprender no pueden ser propiedad de su partido, sino que deben perdurar en el tiempo bajo signo de diferentes gobiernos. Por eso mismo las reformas están tardando en llevarse a cabo, porque se busca el máximo consenso posible y no se pretende dar un paso en falso que lleve a un país al enfrentamiento ideológico.

Al estilo de Nelson Mandela cuando fue elegido presidente de Suráfrica, Obama no pretende gobernar únicamente para satisfacer a sus votantes, sino que pretende trascender las fronteras ideológicas y partidistas para prestar un efectivo servicio de buen gobierno a sus conciudadanos. Como todo gobernante en ejercicio, el presidente Obama ha cometido errores, pero ha sabido enmendarlos, o por lo menos, ha conseguido tener paciencia y llevar las reformas en sintonía con el poder legislativo, sin ejercer sus funciones presidenciales más allá de lo que le permite la Constitución de los Estados Unidos.

Como nos describe el analista Moisés Naím en El País (14-03-2010), “Era absolutamente imposible mantener las estratosféricas expectativas que tenía la gente dentro y fuera de Estados Unidos acerca del nuevo Presidente. Aún así, y a pesar de la caída de los índices de popularidad, cerca de la mitad de los estadounidenses siguen apoyando la gestión de Obama. Esto lo coloca entre los presidentes del mundo que más apoyo tienen de sus ciudadanos. La economía sigue débil, pero ya no está al borde del precipicio. El desempleo sigue alto, pero se ha estabilizado y los expertos calculan que continuará declinando. Salvar a los bancos tuvo enormes costes políticos, pero evitó el colapso del sistema financiero, lo cual hubiese tenido pavorosas consecuencias para todos. La reforma sanitaria implica tocar a poderosos grupos, empresariales y sindicales, que obtienen ingresos anuales equivalentes al 16% de la economía estadounidense. Esto explica por qué durante décadas nadie había logrado reformar el sistema. Pero, de una manera u otra, Obama logrará que se aprueben reformas que si bien serán insuficientes, significarán un avance”.

Además, Obama ha llevado a cabo un cambio en los modos de ejercer la presidencia. Ha acudido a reunirse en numerosas ocasiones con los líderes de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado, ha celebrado debates con legisladores republicanos sobre la reforma sanitaria, ha convocado encuentros de expertos y sociedad civil para acordar medidas contra la crisis económica, ha acudido incluso a una reunión del partido republicano. Está siendo, pues, un Presidente que cree en el parlamentarismo y no se enroca en la Casa Blanca, pues sabe, con acierto, que el gobierno de un país no puede ser llevado a cabo por una sola persona, sino que precisa del apoyo y consenso de legisladores y expertos en cada materia.

En fin, si este primer año de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos no ha sido calificado como deslumbrante por los medios de comunicación, es precisamente porque ha sido un año democrático, donde el Presidente se ha puesto a disposición de los representantes del pueblo para recibir las críticas que mereciera y fueran oportunas, y eso es un logro democrático mucho mayor que recibir titulares de televisión favorables. Por ello, la esperanza de un Presidente como Obama de usos verdaderamente democráticos y representativos de los intereses generales continúa vigente. Y ese es el verdadero cambio.

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Populismo con el Código Penal

January 27th, 2010

Ahora que el Rafita está de actualidad debido a que ha sido descubierto robando, los medios y algunos políticos (básicamente el PP) han aprovechado para coger el rábano por las hojas y han convertido en norma lo que es una excepción: la reincidencia de los menores juzgados bajo la Ley del Menor. En efecto, las estadísticas dicen que los menores que cometieron delitos y a los que se les aplicó la supuestamente benévola Ley de responsabilidad penal de los menores, en un 80%, no vuelve a reincidir. Pese a ello, el PP ha propuesto debatir la instauración de la cadena perpetua como remedio a todos los males del país en el ámbito de la delincuencia.

No se puede dar una contestación mejor que la efectuada por Ignacio Escolar en su artículo de Público, con datos y números que dejan en evidencia el populismo y la falsedad de estos argumentos favorables a la mano dura:

Endurecer el populismo

Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas de cárcel en España “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, no hacia la venganza. Pero como la Carta sólo es Magna cuando interesa, el PP ha decidido enarbolar el endurecimiento de las penas como nueva bandera electoral, a juego con su discurso xenófobo sobre la inmigración. El partido de las grandes soluciones para los problemas inventados ha aprovechado una anécdota, la nueva hazaña de El Rafita, para pedir condenas más duras, incluso la cadena perpetua. “Me parece que algo falla”, dice Esperanza Aguirre, y en eso tiene razón. Falla una sociedad que admite que se legisle a golpe de suceso macabro, del ritmo que marcan ciertos medios carroñeros que hacen de cada crimen un éxito de audiencia, un sangriento botín del que después los políticos populistas también sacan su tajada. Pero vayamos a los datos.

España es el país con más presos por habitante de toda la UE: 166 reclusos por cada 100.000 personas, muy por encima de Francia (96), Italia (92) e incluso Gran Bretaña (153). La población reclusa, unas 76.000 personas, casi se ha duplicado en los últimos quince años, desde que la reforma del Código Penal de 1995 endureció las condenas. ¿Significa esto que España es un país inseguro, y que por eso se llenan las cárceles? Pues tampoco. La tasa de criminalidad española es de las más bajas de Europa y los delitos más graves, como los asesinatos o los robos con violencia, no han parado de disminuir. Pese a estas cifras, existe la percepción contraria: que las condenas son blandas y que la delincuencia se ha disparado. La inseguridad ciudadana aparece como un problema cada vez mayor en las encuestas. Es la distancia entre la realidad y lo que sale por televisión.

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20 años del asesinato de Ignacio Ellacuría

January 6th, 2010

El pasado 16 de noviembre se cumplieron 20 años del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 6 jesuitas, su asistenta y la joven hija de ésta. Su asesinato, planeado por la cúpula del Estado Mayor de El Salvador, se produjo en el contexto de la Guerra Civil que enfrentaba al Ejército y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que dejó como resultado la muerte de 75.000 personas, en su mayoría civiles.

Ellacuría nació en Portugalete, Vizcaya, si bien ya a los 19 años fue enviado a El Salvador, país al que posteriormente regresaría y donde desarrollaría gran parte de su labor, hasta el punto de obtener la nacionalidad salvadoreña. En 1967 se incorpora a la Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas” de El Salvador, como profesor, donde empieza a destacar como uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación. Desde entonces se implicará profundamente en la vida de la UCA, de la que forma parte del equipo rectoral durante 20 años.

En 1976 es nombrado director de la Revista de Estudios Centroamericanos, en la que publica un polémico editorial titulado “A sus órdenes, mi capital”, que ocasiona la retirada del apoyo económico del Gobierno salvadoreño a la UCA y las amenazas de los comandos paramilitares contra la Universidad.

En 1979 es asesinado el anterior rector de la UCA, y Ellacuría le sustituye en el cargo. Ese mismo año, la violencia paramilitar y la respuesta de la guerrilla desencadenan una dura Guerra Civil que destrozará el país durante 13 años, y a la que Ellacuría no será ajeno.

En 1980, se produce el que, junto al asesinato de los jesuitas de la UCA, es el hecho más representativo del conflicto armado en El Salvador, el asesinato del Arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero, uno de los Obispos más valorados y significativos de toda América Latina. El día anterior a su muerte, ante el incremento de la represión por parte del ejército contra los campesinos (desarrollando la llamada política de tierra quemada, que implicaba arrasar pueblos enteros en los que no quedaba nadie con vida), Monseñor Romero pronuncia las siguientes palabras en una homilía que ha pasado a la historia:

“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.

Al día siguiente, Monseñor Romero oficiaba Misa en una pequeña capilla de un hospital. En el momento en que alzaba la Hostia para consagrarla, un francotirador a la órdenes del mayor Roberto d’Aubuisson, (fundador del Partido ARENA, que gobernó el país sin interrupción hasta que hace unos meses la oposición del FMLN ganó por primera vez las elecciones) que se encontraba dentro de la Iglesia le dispara al corazón y le asesina, acallando una de las voces más importantes de El Salvador.

El hecho produce un fuerte impacto en la sociedad salvadoreña, y supone un serio aviso para las voces que denuncian los crímenes del Ejército. En este contexto, en 1980 Ellacuría es desterrado a España, desde donde alza su voz frente a lo que ocurre en El Salvador.

El conflicto se intensifica, mientras el FMLN avanza en el país, lo que obliga al Ejército a intensificar la represión. En 1989 la presión en insostenible, y Ellacuría regresa a El Salvador con el fin de apostar por el diálogo y la paz. Sin embargo, su defensa de la Teología de la Liberación, de los pobres y de los marginados, le situaron en una incómoda posición frente a los poderes fácticos que gobernaban el país y que pretendían acallar su voz. En palabras de José María Tojeira, actual Rector de la UCA, para los militares salvadoreños, “los enemigos de pluma, los intelectuales, eran enemigos más poderosos que los enemigos del fúsil, porque multiplicaban la conciencia”.

Los hechos no tardan en desencadenarse. El 16 de noviembre de 1989, un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresa al recinto de la UCA, dirigiéndose al edificio del Centro Pastoral donde residían los sacerdotes jesuitas.

Los militares intentan forzar la entrada del Centro Pastoral. Al darse cuenta los sacerdotes, los dejan entrar voluntariamente. Los efectivos del Ejército registran el edificio y ordenan a los sacerdotes salir al jardín posterior y tenderse boca abajo.

El Teniente al mando, José Ricardo Espinoza Guerra, da la orden de matar a los sacerdotes. El soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi asesina a tiros a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Rector de la Universidad; Ignacio Martín Baró, Vicerrector; Segundo Montes, Director del Instituto de Derechos Humanos; el Subsargento Antonio Ramiro Avalos Vargas, por su parte, asesina a los sacerdotes López y Moreno, profesores de la UCA. Poco después los soldados encuentran al sacerdote Joaquín López y López en el interior de la residencia y le dan muerte. Además, el Subsargento Tomás Zarpate Castillo dispara a la señora Julia Elba Ramos, que trabajaba en la residencia, y a su hija de dieciséis años, Celina Mariceth Ramos. Por último, otro soldado dispara contra ellas nuevamente, rematándolas. Además, los efectivos del Atlacatl se apoderan de un maletín que pertenecía a los sacerdotes, y con él, fotografías, documentos y cinco mil dólares.

Las voces más críticas habían sido, una vez más, silenciadas.

Inmediatamente, el comando se dirige a la oficina del Coronel Ponce a dar parte de todo lo ocurrido en la UCA. Los oficiales informaron de que tenían un maletín con fotos, documentos y dinero que los soldados habían sustraído de los jesuitas horas antes. El Coronel Ponce ordena destruirlo porque era prueba de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

El escándalo internacional es mayúsculo. El prestigio del Gobierno salvadoreño queda fuertemente cuestionado, a pesar del apoyo de los Estados Unidos, por lo que al Presidente Cristiani no le queda más remedio que encargar la investigación del crimen a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD).

El Coronel Benavides, uno de los principales cerebros de la matanza, relata los hechos al Jefe de la CIHD, y solicita ayuda. Este último recomienda destruir los cañones de las armas utilizadas y sustituirlos por otros para evitar su identificación en las pruebas balísticas. Asimismo, también aconseja al Coronel Benavides cerciorarse de que no quedaran registros en los libros de entrada y salida de la Escuela Militar que permitieran identificar a los culpables. Posteriormente el Coronel Benavides ordena quemar todos los libros de registro de la Escuela Militar, tanto de ese año como del anterior, con el fin de no dejar ningún cabo suelto.

Al poco tiempo de iniciada la investigación, el Coronel Ponce dispuso que se incorporara a la CIHD para colaborar con la investigación sobre el caso el Coronel Nelson Iván López y López, Jefe del Conjunto I del Estado Mayor, quien había estado al mando del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor durante toda la noche del 15 al 16 de noviembre en que se produjo la matanza: todo debía quedar atado y bien atado.

La investigación continúa, y la CIHD se entera de dos testigos que afirmaron haber visto efectivos del Atlacatl cerca de la UCA la noche de los crímenes. Poco tiempo después, estos testigos se retractan de sus afirmaciones.

También una empleada de la Universidad que declaró haber visto desde un edificio adyacente a la residencia de los jesuitas a soldados con uniformes camuflados y gorras, se retracta de su declaración inicia. Por su parte, la CIHD no toma declaración al Coronel Benavides, a pesar de que los hechos habían ocurrido en la zona bajo su Comando.

Continúa el escándalo internacional, y el Ministro de la Defensa se ve obligado a crear una Comisión Especial de Honor, integrada por cinco oficiales y dos civiles, para investigar los asesinatos.

La Comisión de Honor, al enterarse de lo investigado por la CIHD, interroga a unos 30 efectivos del Batallón Atlacatl. Los Tenientes Espinoza y Mendoza y el Subteniente Guevara, así como los soldados que participaron en el asesinato, confiesan su delito en declaraciones extrajudiciales ante la Comisión de Honor.

Sin embargo, un miembro civil de la Comisión altera las declaraciones hechas con el objeto de suprimir las menciones a la existencia de órdenes superiores, y elimina las referencias a algunos oficiales.

El día 12 de enero la Comisión presenta su informe al Presidente Cristiani. En él se señala como responsables a nueve personas, cuatro oficiales y cinco soldados, quienes fueron detenidos y luego sometidos a juicio.

La instrucción del proceso duró casi dos años. Durante este período el Coronel Ponce y otros coroneles del ejército salvadoreño, presionan a oficiales de menor rango para que no mencionaran órdenes superiores en sus testimonios ante la Corte.

Finalmente, se realizó el juicio ante jurado los días 26, 27 y 28 de septiembre de 1991, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. La identidad de los cinco jurados fue mantenida en secreto.

Por el asesinato fueron declarados culpables únicamente el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza. El juez encontró además culpables al Coronel Benavides y al Teniente Mendoza por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. Los Tenientes Espinoza y Guevara Cerritos fueron sentenciados a tres años por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El Teniente Coronel Hernández y el Teniente Mendoza fueron también condenado por el juez a tres años por encubrimiento real. Espinoza, Guevara y Hernández, a pesar de sus responsabilidades, quedaron en libertad y siguieron en la Fuerza Armada.

Sin embargo, los principales autores intelectuales del asesinato ni siquiera comparecieron en juicio. Además, y para culminar la farsa, los militares responsables del asesinato, el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza, fueron amnistiados 14 meses después.

Desde entonces se sucedió una larga lucha de los organismos de derechos humanos para que el caso fuera verdaderamente esclarecido y los culpables, procesados. La justicia de El Salvador se negó a colaborar, y fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ordenó investigar el caso.

Con todo, es la Audiencia Nacional española quién puede dar el paso definitivo para esclarecer el caso. Hace un año, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability de los Estados Unidos presentaron una querella contra “todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas”.

Como consecuencia de la querella, muchos documentos se van a desclasificar (el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha empezado a ello) y el escándalo va a ser mayúsculo.

Entre esos documentos figura el acta manuscrita del Estado Mayor del Ejército ordenando el asesinato de Ignacio de Ellacuría. También se van a aportar documentos que evidencian que el Departamento de Estado norteamericano y la CIA estaban al tanto de la orden de asesinato de Ellacuría y no sólo no lo impidieron, sino que lo encubrieron.

Se descubrirá que la cúpula político – militar del Salvador, al más alto nivel, ordenó acallar las voces incómodas y discrepantes, y que hubo una verdadera política sistemática de violaciones de los derechos humanos llevada a cabo por el Gobierno y el Ejército salvadoreño, con la aquiescencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En esa situación, el asesinato de Ellacuría junto a otros 6 jesuitas, su asistenta y la hija de ésta, figura entre los hechos más emblemáticos de ese tiempo negro y nefasto en El Salvador.

Ellacuría, como Monseñor Romero, fueron un ejemplo de compromiso con los más pobres, de defensa de la vida y dignidad de los más desfavorecidos, en unos años convulsos en el que el exterminio masivo y organizado de los opositores era Política de Estado.

Ha llegado la hora de que los verdaderos culpables, los responsables intelectuales de esta matanza, afronten sus responsabilidades. Lamentablemente, tendrá que ser en España, ya que El Salvador, hasta ahora, se ha negado a enjuiciar debidamente a los responsables.

El caso, además, salpicará a diversos países. La constatación del negro papel jugado por la CIA y el Departamento de Estado volverá a poner en evidencia la actuación de los presidentes norteamericanos durante los años de fuego en América Latina. Y es que una vez más, como ocurrió en Chile con el Golpe de Pinochet, o con Videla en Argentina, o en Uruguay o Guatemala, los golpes de estado y los genocidios llevados a cabo por el ejército fueron ideados, apoyados y financiados por los Estados Unidos.

La voz de Ignacio Ellacuría, sin embargo, no fue acallada ni silenciada con su asesinato. Todo lo contrario: desde entonces, su figura se engrandeció y fue objeto de homenajes y estudios que le han convertido en un ejemplo de sacerdote comprometido con la vida y con esa “opción preferencial por los pobres” que él consideraba que debía asumir la Iglesia Católica.

Su voz y su figura, 20 años después de su muerte, se han revitalizado y se ha terminado cumpliendo el pronóstico que realizó Monseñor Romero poco antes de su muerte: “Y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

Así ha ocurrido con Ellacuría, Romero y los mártires jesuitas de la UCA.

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Lecciones de Díaz Ferrán

December 30th, 2009

En estos días navideños, la CEOE está de moda: su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, ha visto como Air Comet suspendía pagos (6 meses después de que él suspendiera el pago de las nóminas a sus empleados, por cierto) debido a su mala gestión, dejando tirados en tierra a centenares de viajeros que habían comprado su pasaje para ir a pasar la navidad a Latinoamérica.

Este suceso no es sino la constatación de la calidad humana y profesional del representante de los empresarios, que aún se atreve a ir dando lecciones de economía sobre cómo salir de la crisis. Menos mal que el Gobierno no le hace mucho caso, porque si las lecciones las da quien ha hundido una compañía y debe millones de euros a la Seguridad Social, otros tantos a Caja Madrid y las nóminas de los últimos 6 meses a sus trabajadores, que Dios nos pille confesados.

Transcribo el acertado artículo que publicó Ignacio Escolar sobre este asunto el pasado 23 de diciembre, titulado “La CEOE les desea un feliz 2010″.

“La patronal CEOE y en su nombre su presidente, don Gerardo Díaz Ferrán, les desea felices fiestas y lo hace, como siempre, desde el ejemplo. El primero de los empresarios españoles quiere mandar un mensaje optimista, porque no todo son malas noticias, por mucho que algunos envidiosos sólo vean el vaso medio vacío. Desde hoy, los casi 700 trabajadores de Air Comet, muchos de los cuales llevaban 8 meses sin cobrar, recibirán puntualmente el subsidio de desempleo. Y no piensen sólo en el bienestar de 700 personas, no. Que son muchas más: son 700 familias que, gracias a la ejemplar gestión de don Gerardo, afrontan un 2010 lleno de esperanza, con más tiempo libre para disfrutar con los suyos y la tranquilidad que da saber que el dinero del paro no fallará a fin de mes.

Don Gerardo demuestra así la generosa filantropía de los empresarios españoles, líderes europeos en la producción de parados. Otro año más, la patronal se ha apretado el cinturón y, ante una caída del 3,6% en el PIB, ha conseguido que la tasa del paro alcance todo un 18%; un éxito que algunos pelotas quieren atribuir en exclusiva al Gobierno, sin reconocer la justa aportación de la ejemplar clase empresarial española, la única de Europa que declara ante el fisco, de media, unos ingresos más bajos que sus manirrotos empleados.

La Navidad es así, un tiempo de felicidad que saca lo mejor que llevamos dentro. Por eso don Gerardo también ha mirado por los más desfavorecidos. No sólo se quedan en tierra los turistas que iban al Caribe; la mayoría de los miles de pasajeros de Air Comet eran inmigrantes latinoamericanos, que llevaban meses ahorrando para poder pasar las fiestas con su familia. Gracias a dios, y a don Gerardo, se librarán de soportar a la suegra”.

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La dignidad de Catalunya

November 27th, 2009

Se desató la polémica. Después de 3 años desde la aprobación del Estatut de Cataluña, el Tribunal Constitucional parece cerca de resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Tras unos primeros borradores de sentencias que parecían inclinarse a favor de la constitucionalidad del texto, las últimas noticias apuntan a que ahora el TC optaría por recortar parte del articulado del Estatut.

Frente a esta posible sentencia, la sociedad catalana, mayoritariamente favorable al Estatut, como se demostró en el referendum que lo aprobó hace 3 años, empieza a movilizarse para defender un texto que consideran plenamente legal.

Y en este contexto, hoy ha salido publicado un editorial común en los 12 principales periódicos catalanes titulado “La dignidad de Catalunya” que defiende el Estatut frente a un posible recorte por parte del TC.

Este editorial ha sido apoyado por todos los partidos políticos catalanes (menos el PP y Ciutadans), así como por diversos agentes sociales: la Cámara de Comercio de Barcelona, la Asociación de Promotores de Barcelona, la Confederación de Comercio de Cataluña y los sindicatos UGT, CCOO, USOC y Unió de Pagesos.

Si bien es cierto que el texto contiene algunos errores, no es menos cierto que tiene razón en el fondo. Sorprende que los grupos más conservadores, contrarios al Estatut, que han estado presionando al TC para que se pronunciara en contra del texto legal, salgan ahora espantados por el hecho de que la sociedad catalana se movilice de la misma manera que hizo en su momento el nacionalismo español.

Por ello, y a pesar de no estar al 100% de acuerdo con el texto, aunque sí en su mayoría, nos sumamos al editorial, que apoyo sin ningún tipo de complejo. Por la dignidad de Catalunya y por el bien de quienes creemos en una España diversa y plural, la del artículo 2 de nuestra Constitución que, mal que les pese a algunos, dice textualmente que se “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”.

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El Estado del Bienestar como solución a la crisis

November 25th, 2009

Transcribo un interesante artículo (uno más) de Vicenç Navarro en el que defiende el Estado de Bienestar y el aumento del gasto social como la mejor medida para salir de la crisis que nos atenaza. Una crisis que, no debemos olvidarlo, es una crisis liberal, una crisis originada por políticas neoliberales, una crisis de la economía de mercado tal y como se concibió desde principios de los 80, gracias a las ideas económicas de la Escuela de Chicago, llevadas a la práctica por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y continuada por sus sucesores.

El Estado del Bienestar no es un problema: es la solución

Existe un consenso casi generalizado por parte de las instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, de que es necesario continuar el estímulo económico, pues la economía mundial está todavía en baja forma. El punto de discusión no es, entonces, estímulo o no, sino el tipo de estímulo.

Las dos alternativas que se han propuesto son bajar los impuestos o aumentar el gasto público, aún cuando ambas alternativas signifiquen mantener o aumentar el déficit del estado. Durante este periodo  de gran recesión, ha habido también consenso (con excepciones, como es el caso del Partido Popular en España) en que deben flexibilizarse las reglas del Pacto de Estabilidad, para poder aumentar el déficit público, el cual ha crecido en todos los países de la OCDE (el club de países ricos). La razón de que haya consenso en que la recuperación económica requiera un incremento del déficit público se debe al entendimiento de que, en un momento de debilidad del consumo privado, es necesario aumentar el consumo público, incluso a costa de aumentar el déficit público.

Menos consenso hay en cuanto al porcentaje del déficit público sobre el PIB que debiera permitirse y la rapidez de reducción del mismo una vez aparezcan los síntomas de recuperación. Y la otra área donde tampoco hay consenso es en si el efecto estimulante de la economía es mayor cuando se bajan los impuestos (como creen los conservadores y liberales) o cuando se aumenta la inversión pública. En la UE se ha hecho mayor hincapié en la reducción de impuestos; y en EEUU se ha dado prioridad al aumento del gasto público.

La evidencia muestra que mientras las dos alternativas activan la economía, la reducción de impuestos tiene, por lo general, menor impacto estimulante, y ello como consecuencia de que las familias están tan endeudadas que utilizan los fondos obtenidos a base de la reducción fiscal para pagar sus deudas, más que para consumir y estimular la demanda. En realidad, la subida del ahorro, que se ha considerado erróneamente como un signo de recuperación, no es más que el deseo de acumular fondos para poder pagar sus deudas en un momento de grave crisis y endeudamiento. En EEUU se sabe que dos terceras partes de los fondos originados por los recortes fiscales del Presidente Bush fueron a pagar las deudas. La evidencia existente apunta, pues, hacia el incremento del gasto público como la mejor manera de estimular la economía.

Ahora bien, dentro del gasto público, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué tipo de gasto público es el más estimulante? Y la respuesta a esta pregunta la conocemos ya, pues la evidencia acumulada en EEUU y también en España es que, en un momento de gran recesión y elevado desempleo, la mejor manera de estimular la economía es creando empleo. ¿Pero dónde crear empleo? La respuesta en EEUU, que da el equipo económico encargado del estímulo económico de la Administración Obama, dirigido por el Vicepresidente Biden, es crearlo donde se necesita más y donde pueda crearse empleo más rápidamente. Y ahí el estado del bienestar juega un papel clave, pues es la dimensión del estado donde debiera crearse más empleo. Esta observación es particularmente relevante para España, donde el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancias, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social y otros), es el más bajo de la UE-15 (ver sección Estado del Bienestar, en mi blog www.vnavarro.org). Pero esta inversión en los servicios del estado del bienestar es tan importante, no sólo para crear empleo, sino también para aumentar la productividad del país.
En España, cuando se habla del estado del bienestar como inversión (y no sólo como consumo), se piensa inmediatamente en educación e investigación y desarrollo. Este entendimiento ha alcanzado un nivel de dogma. Pero es enormemente reduccionista. Hay otras dimensiones del estado del bienestar, además de educación, que son inversiones, incluyendo la protección social. De ahí que, en EEUU, la administración Obama, (que ha enfatizado la vía de gasto público -con un crecimiento de tal gasto equivalente al 5% del PIB-, como manera de estimular la economía) se ha centrado en la creación de empleo en las áreas sociales (y también en las nuevas energías verdes). Esta estrategia traduce también una visión de los servicios del estado del bienestar como inversión y no sólo como consumo.

En España, el estímulo económico ha sido menor, alcanzando un 2% del PIB, un porcentaje bajo (aunque en el resto de la UE ha sido incluso menor). Pero más preocupante que el bajo porcentaje del estímulo es que sólo una parte pequeña de este estímulo se ha dedicado directamente a crear empleo. Los 8.000 millones de euros destinados a las administraciones locales han sido una inversión en la creación de empleo (se han creado directa e indirectamente 421.000 puestos de trabajo), lo cual es positivo, pero insuficiente. Se deberían gastar unos porcentajes mucho mayores del PIB en este tipo de inversiones, incluso a costa de incrementar el déficit. Se está dando excesiva importancia al objetivo de reducir el déficit. Tal reducción retrasará enormemente la recuperación económica. Intentar que los déficits se reduzcan al 3% del PIB en tres o cuatro años es una receta de suicidio económico. En este momento de enorme crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social de España, invirtiendo en su protección social, incluyendo servicios públicos al estado del bienestar.

La famosa flexiguridad de los países nórdicos (de clara tradición socialdemócrata) se basa precisamente en una extensa protección social –transferencias y servicios públicos- que da seguridad al trabajador. El promedio de gasto en protección social en aquellos países es un 32% del PIB. En España es sólo un 20% del PIB. La flexibilidad laboral necesaria para la eficiencia económica no se conseguirá, como la patronal y la banca (incluyendo el gobernador del Banco de España) están reclamando mediante la desregulación de los mercados de trabajo que se caracterizan por su escasa protección social. Inseguridad no crea flexibilidad. Crea miedo y resistencia. De ahí que, para conseguir flexibilidad, se requiera una mayor inversión en protección social, alternativa no considerada por aquellos agentes e instituciones. Se está ignorando, en los círculos económicos del país, que la productividad en un país y su eficiencia económica dependen en gran manera de su cohesión social. Incluso el informe Davos (el Vaticano del pensamiento liberal) sobre la competitividad señala a los países nórdicos como unos de los países más eficientes y competitivos en Europa, pero sus seguidores en España parecen todavía no entenderlo. Considero sorprendente que en la reciente reunión de los ex Ministros de Economía y Hacienda, para discutir como salir de la crisis, ninguno de ellos acentuó este aspecto clave, viendo el gasto social más como un consumo que como lo que es, una inversión.

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