El pasado 16 de noviembre se cumplieron 20 años del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 6 jesuitas, su asistenta y la joven hija de ésta. Su asesinato, planeado por la cúpula del Estado Mayor de El Salvador, se produjo en el contexto de la Guerra Civil que enfrentaba al Ejército y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que dejó como resultado la muerte de 75.000 personas, en su mayoría civiles.
Ellacuría nació en Portugalete, Vizcaya, si bien ya a los 19 años fue enviado a El Salvador, país al que posteriormente regresaría y donde desarrollaría gran parte de su labor, hasta el punto de obtener la nacionalidad salvadoreña. En 1967 se incorpora a la Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas” de El Salvador, como profesor, donde empieza a destacar como uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación. Desde entonces se implicará profundamente en la vida de la UCA, de la que forma parte del equipo rectoral durante 20 años.
En 1976 es nombrado director de la Revista de Estudios Centroamericanos, en la que publica un polémico editorial titulado “A sus órdenes, mi capital”, que ocasiona la retirada del apoyo económico del Gobierno salvadoreño a la UCA y las amenazas de los comandos paramilitares contra la Universidad.
En 1979 es asesinado el anterior rector de la UCA, y Ellacuría le sustituye en el cargo. Ese mismo año, la violencia paramilitar y la respuesta de la guerrilla desencadenan una dura Guerra Civil que destrozará el país durante 13 años, y a la que Ellacuría no será ajeno.
En 1980, se produce el que, junto al asesinato de los jesuitas de la UCA, es el hecho más representativo del conflicto armado en El Salvador, el asesinato del Arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero, uno de los Obispos más valorados y significativos de toda América Latina. El día anterior a su muerte, ante el incremento de la represión por parte del ejército contra los campesinos (desarrollando la llamada política de tierra quemada, que implicaba arrasar pueblos enteros en los que no quedaba nadie con vida), Monseñor Romero pronuncia las siguientes palabras en una homilía que ha pasado a la historia:
“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.
Al día siguiente, Monseñor Romero oficiaba Misa en una pequeña capilla de un hospital. En el momento en que alzaba la Hostia para consagrarla, un francotirador a la órdenes del mayor Roberto d’Aubuisson, (fundador del Partido ARENA, que gobernó el país sin interrupción hasta que hace unos meses la oposición del FMLN ganó por primera vez las elecciones) que se encontraba dentro de la Iglesia le dispara al corazón y le asesina, acallando una de las voces más importantes de El Salvador.
El hecho produce un fuerte impacto en la sociedad salvadoreña, y supone un serio aviso para las voces que denuncian los crímenes del Ejército. En este contexto, en 1980 Ellacuría es desterrado a España, desde donde alza su voz frente a lo que ocurre en El Salvador.
El conflicto se intensifica, mientras el FMLN avanza en el país, lo que obliga al Ejército a intensificar la represión. En 1989 la presión en insostenible, y Ellacuría regresa a El Salvador con el fin de apostar por el diálogo y la paz. Sin embargo, su defensa de la Teología de la Liberación, de los pobres y de los marginados, le situaron en una incómoda posición frente a los poderes fácticos que gobernaban el país y que pretendían acallar su voz. En palabras de José María Tojeira, actual Rector de la UCA, para los militares salvadoreños, “los enemigos de pluma, los intelectuales, eran enemigos más poderosos que los enemigos del fúsil, porque multiplicaban la conciencia”.
Los hechos no tardan en desencadenarse. El 16 de noviembre de 1989, un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresa al recinto de la UCA, dirigiéndose al edificio del Centro Pastoral donde residían los sacerdotes jesuitas.
Los militares intentan forzar la entrada del Centro Pastoral. Al darse cuenta los sacerdotes, los dejan entrar voluntariamente. Los efectivos del Ejército registran el edificio y ordenan a los sacerdotes salir al jardín posterior y tenderse boca abajo.
El Teniente al mando, José Ricardo Espinoza Guerra, da la orden de matar a los sacerdotes. El soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi asesina a tiros a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Rector de la Universidad; Ignacio Martín Baró, Vicerrector; Segundo Montes, Director del Instituto de Derechos Humanos; el Subsargento Antonio Ramiro Avalos Vargas, por su parte, asesina a los sacerdotes López y Moreno, profesores de la UCA. Poco después los soldados encuentran al sacerdote Joaquín López y López en el interior de la residencia y le dan muerte. Además, el Subsargento Tomás Zarpate Castillo dispara a la señora Julia Elba Ramos, que trabajaba en la residencia, y a su hija de dieciséis años, Celina Mariceth Ramos. Por último, otro soldado dispara contra ellas nuevamente, rematándolas. Además, los efectivos del Atlacatl se apoderan de un maletín que pertenecía a los sacerdotes, y con él, fotografías, documentos y cinco mil dólares.
Las voces más críticas habían sido, una vez más, silenciadas.
Inmediatamente, el comando se dirige a la oficina del Coronel Ponce a dar parte de todo lo ocurrido en la UCA. Los oficiales informaron de que tenían un maletín con fotos, documentos y dinero que los soldados habían sustraído de los jesuitas horas antes. El Coronel Ponce ordena destruirlo porque era prueba de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
El escándalo internacional es mayúsculo. El prestigio del Gobierno salvadoreño queda fuertemente cuestionado, a pesar del apoyo de los Estados Unidos, por lo que al Presidente Cristiani no le queda más remedio que encargar la investigación del crimen a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD).
El Coronel Benavides, uno de los principales cerebros de la matanza, relata los hechos al Jefe de la CIHD, y solicita ayuda. Este último recomienda destruir los cañones de las armas utilizadas y sustituirlos por otros para evitar su identificación en las pruebas balísticas. Asimismo, también aconseja al Coronel Benavides cerciorarse de que no quedaran registros en los libros de entrada y salida de la Escuela Militar que permitieran identificar a los culpables. Posteriormente el Coronel Benavides ordena quemar todos los libros de registro de la Escuela Militar, tanto de ese año como del anterior, con el fin de no dejar ningún cabo suelto.
Al poco tiempo de iniciada la investigación, el Coronel Ponce dispuso que se incorporara a la CIHD para colaborar con la investigación sobre el caso el Coronel Nelson Iván López y López, Jefe del Conjunto I del Estado Mayor, quien había estado al mando del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor durante toda la noche del 15 al 16 de noviembre en que se produjo la matanza: todo debía quedar atado y bien atado.
La investigación continúa, y la CIHD se entera de dos testigos que afirmaron haber visto efectivos del Atlacatl cerca de la UCA la noche de los crímenes. Poco tiempo después, estos testigos se retractan de sus afirmaciones.
También una empleada de la Universidad que declaró haber visto desde un edificio adyacente a la residencia de los jesuitas a soldados con uniformes camuflados y gorras, se retracta de su declaración inicia. Por su parte, la CIHD no toma declaración al Coronel Benavides, a pesar de que los hechos habían ocurrido en la zona bajo su Comando.
Continúa el escándalo internacional, y el Ministro de la Defensa se ve obligado a crear una Comisión Especial de Honor, integrada por cinco oficiales y dos civiles, para investigar los asesinatos.
La Comisión de Honor, al enterarse de lo investigado por la CIHD, interroga a unos 30 efectivos del Batallón Atlacatl. Los Tenientes Espinoza y Mendoza y el Subteniente Guevara, así como los soldados que participaron en el asesinato, confiesan su delito en declaraciones extrajudiciales ante la Comisión de Honor.
Sin embargo, un miembro civil de la Comisión altera las declaraciones hechas con el objeto de suprimir las menciones a la existencia de órdenes superiores, y elimina las referencias a algunos oficiales.
El día 12 de enero la Comisión presenta su informe al Presidente Cristiani. En él se señala como responsables a nueve personas, cuatro oficiales y cinco soldados, quienes fueron detenidos y luego sometidos a juicio.
La instrucción del proceso duró casi dos años. Durante este período el Coronel Ponce y otros coroneles del ejército salvadoreño, presionan a oficiales de menor rango para que no mencionaran órdenes superiores en sus testimonios ante la Corte.
Finalmente, se realizó el juicio ante jurado los días 26, 27 y 28 de septiembre de 1991, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. La identidad de los cinco jurados fue mantenida en secreto.
Por el asesinato fueron declarados culpables únicamente el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza. El juez encontró además culpables al Coronel Benavides y al Teniente Mendoza por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. Los Tenientes Espinoza y Guevara Cerritos fueron sentenciados a tres años por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El Teniente Coronel Hernández y el Teniente Mendoza fueron también condenado por el juez a tres años por encubrimiento real. Espinoza, Guevara y Hernández, a pesar de sus responsabilidades, quedaron en libertad y siguieron en la Fuerza Armada.
Sin embargo, los principales autores intelectuales del asesinato ni siquiera comparecieron en juicio. Además, y para culminar la farsa, los militares responsables del asesinato, el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza, fueron amnistiados 14 meses después.
Desde entonces se sucedió una larga lucha de los organismos de derechos humanos para que el caso fuera verdaderamente esclarecido y los culpables, procesados. La justicia de El Salvador se negó a colaborar, y fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ordenó investigar el caso.
Con todo, es la Audiencia Nacional española quién puede dar el paso definitivo para esclarecer el caso. Hace un año, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability de los Estados Unidos presentaron una querella contra “todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas”.
Como consecuencia de la querella, muchos documentos se van a desclasificar (el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha empezado a ello) y el escándalo va a ser mayúsculo.
Entre esos documentos figura el acta manuscrita del Estado Mayor del Ejército ordenando el asesinato de Ignacio de Ellacuría. También se van a aportar documentos que evidencian que el Departamento de Estado norteamericano y la CIA estaban al tanto de la orden de asesinato de Ellacuría y no sólo no lo impidieron, sino que lo encubrieron.
Se descubrirá que la cúpula político – militar del Salvador, al más alto nivel, ordenó acallar las voces incómodas y discrepantes, y que hubo una verdadera política sistemática de violaciones de los derechos humanos llevada a cabo por el Gobierno y el Ejército salvadoreño, con la aquiescencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En esa situación, el asesinato de Ellacuría junto a otros 6 jesuitas, su asistenta y la hija de ésta, figura entre los hechos más emblemáticos de ese tiempo negro y nefasto en El Salvador.
Ellacuría, como Monseñor Romero, fueron un ejemplo de compromiso con los más pobres, de defensa de la vida y dignidad de los más desfavorecidos, en unos años convulsos en el que el exterminio masivo y organizado de los opositores era Política de Estado.
Ha llegado la hora de que los verdaderos culpables, los responsables intelectuales de esta matanza, afronten sus responsabilidades. Lamentablemente, tendrá que ser en España, ya que El Salvador, hasta ahora, se ha negado a enjuiciar debidamente a los responsables.
El caso, además, salpicará a diversos países. La constatación del negro papel jugado por la CIA y el Departamento de Estado volverá a poner en evidencia la actuación de los presidentes norteamericanos durante los años de fuego en América Latina. Y es que una vez más, como ocurrió en Chile con el Golpe de Pinochet, o con Videla en Argentina, o en Uruguay o Guatemala, los golpes de estado y los genocidios llevados a cabo por el ejército fueron ideados, apoyados y financiados por los Estados Unidos.
La voz de Ignacio Ellacuría, sin embargo, no fue acallada ni silenciada con su asesinato. Todo lo contrario: desde entonces, su figura se engrandeció y fue objeto de homenajes y estudios que le han convertido en un ejemplo de sacerdote comprometido con la vida y con esa “opción preferencial por los pobres” que él consideraba que debía asumir la Iglesia Católica.
Su voz y su figura, 20 años después de su muerte, se han revitalizado y se ha terminado cumpliendo el pronóstico que realizó Monseñor Romero poco antes de su muerte: “Y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”.
Así ha ocurrido con Ellacuría, Romero y los mártires jesuitas de la UCA.