Archive for the ‘Medios de comunicación’ Category

Artículo de Javier Cercas

Friday, June 18th, 2010

Transcribo a continuación un artículo de Javier Cercas publicado recientemente en El País.

La puñetera verdad

Es una pena que la discrepancia entre Almudena Grandes y Joaquín Leguina a propósito de un artículo de este último (Enterrar a los muertos, EL PAÍS, 24-5-2010) no haya provocado un debate articulado sino solo un agrio intercambio de acusaciones; también es una pena que la discrepancia radique en un punto sobre el que no hay discrepancia posible, porque hace tiempo que fue zanjado por los historiadores: es imposible equiparar el terror del bando franquista con el terror del bando republicano durante la Guerra Civil, al modo en que lo hace Leguina, porque el segundo duró el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de su zona y se practicó sin su aprobación (o al menos sin su aprobación explícita), mientras que el primero duró toda la guerra y fue organizado por las autoridades como parte de una guerra de exterminio; dicho de otro modo: equiparar la España leal con la España rebelde porque en ambas se cometieron crímenes es una aberración similar a equiparar el Estado democrático con ETA porque el Estado democrático creó los GAL. No obstante, hay en el texto de Leguina una analogía aún más inquietante. “¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez?”, escribe Leguina, sin duda interpelando a quienes postulan que la nuestra fue una guerra de buenos contra malos. “La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva revolucionaria”. La afirmación no es inquietante por lo que dice, sino por lo que presupone: no solo que en los dos bandos se cometieron atrocidades (cosa obviamente cierta), ni que una parte de los republicanos no creía en la democracia (cosa asimismo cierta), sino que los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y que por tanto comparten por igual la responsabilidad política de la guerra. Si esa es la puñetera verdad que Leguina nos pide que aceptemos, yo puedo decirle por qué no la aceptamos: porque es una puñetera mentira. Y además una mentira peligrosa, dado que atañe a un problema esencial de nuestra relación con el pasado reciente y, en esa medida, también al presente.

Me explicaré contando una historia: la historia del héroe de mi familia. Pónganle ustedes a la palabra héroe todas las comillas que quieran: mi madre, que era una niña cuando todo ocurrió, no le pone ninguna. El protagonista se llama Manuel Mena, era tío carnal de mi madre y pertenecía a una familia católica de pequeños propietarios rurales extremeños. Cuando estalló la guerra, Manuel Mena contaba 16 años. Exaltado por las arengas falangistas, de inmediato intentó alistarse en el ejército de Franco; no lo consiguió, pero en los meses siguientes volvió a intentarlo varias veces. Por fin, al cumplir la edad reglamentaria, pudo incorporarse a filas. Manuel Mena peleó en la Ciudad Universitaria de Madrid y en Teruel, se distinguió por su arrojo en diversos combates, ascendió fulgurantemente, y en octubre de 1938, con apenas 19 años, había alcanzado el grado de alférez. Una mañana de ese mes, cuando estaba a punto de cruzar el Ebro al mando de su unidad, una bala perdida le perforó el estómago; murió el mismo día, mientras lo trasladaban a lomos de un mulo a un hospital de la retaguardia. Siempre que recuerda a Manuel Mena, mi madre lo recuerda de permiso en el pueblo, enfundado en su uniforme blanco de los Tiradores de Ifni, bailando o paseando con sus amigas, aureolado por su prestigio romántico de guerrero, y sobre todo recuerda que, cada vez que partía de nuevo hacia el frente, su madre le despedía entre lágrimas. “Madre, no seas cobarde”, eran siempre las palabras de despedida del soldado. “Si me matan, que nadie te vea llorar”. Y el día en que le llevaron el cadáver de su hijo, la madre de Manuel Mena no lloró; en medio del silencio de la multitud que rodeaba el féretro, solo alcanzó a hacer un débil saludo fascista y a decir con el hilo de voz que le salió de las entrañas: “¡Arriba España, hijo mío!”.

Esa es la historia, o esa es al menos tal y como la recuerda mi madre. Sea como sea, nadie tiene derecho a poner en duda la integridad moral de Manuel Mena, la generosidad de su idealismo y la pureza de sus intenciones: nadie puede dudar de que fue a la guerra porque, cuando todavía era un chaval, le convencieron de que su familia, su patria y su religión estaban en peligro, y de que merecía la pena morir por ellas; nadie, claro está, excepto quienes se resignan a no entender una palabra del funcionamiento de la historia y de los hombres, y por lo tanto no aceptan la evidencia de que el fascismo, igual que el comunismo, fue para muchos una forma subyugante de idealismo, un ensayo de bajar el cielo a la tierra, ni la evidencia complementaria de que los peores infiernos de la historia también se han fabricado con las mejores intenciones. Pero, si desde el punto de vista moral nada indica que Manuel Mena se equivocase, desde el punto de vista político no hay duda de que lo hizo: aunque harto más imperfecta que la actual, la II República era una democracia tan legítima como la actual, y Manuel Mena respaldó con las armas un golpe de Estado contra ella. Esa es la cuestión: Manuel Mena tal vez acertó moralmente, pero no políticamente. Y, como él, tantos otros. Por eso es falso que los dos bandos contribuyeran por igual a la destrucción de la democracia y que compartan por igual la responsabilidad política de la guerra: los responsables políticos de la guerra fueron quienes dieron un golpe de Estado contra la legalidad republicana, no los que la defendieron. Es verdad que muchos de los que defendieron la II República no creían en la democracia, como dice Leguina; pero el hecho es que defendieron un régimen democrático. Todo lo cual significa que desde el punto de vista político la Guerra Civil sí fue, contra lo que predica un cliché tramposamente ecuánime, una guerra de buenos contra malos: como en casi todas las guerras, en la nuestra no hubo un bando moralmente del todo bueno y un bando moralmente del todo malo, pero sí hubo, como en tantas otras guerras, un bando políticamente bueno y un bando políticamente malo, un bando que defendió la legalidad democrática y un bando que la destruyó; salvando las distancias, es algo semejante a lo que ocurre ahora mismo en el País Vasco: si juzgamos allí una aberración la equidistancia política entre los terroristas y los que no lo son y no tenemos ninguna duda de que hay buenos y malos y de que políticamente los buenos son quienes defienden el sistema democrático -aunque crearan los GAL- y los malos son quienes lo atacan -aunque alguno sea tan idealista como Manuel Mena-, ¿por qué en cambio tantos defienden la equidistancia y afirman que no hay buenos y malos cuando se trata de la II República, que es el único precedente posible de la democracia actual?

Porque eso es lo puñetero y lo peligroso de este asunto: que no estamos hablando del pasado, sino de la relación del presente con el pasado; es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático. Por supuesto, solo quien no sabe lo que fue el franquismo puede decir que la actual derecha española es franquista; pero esa derecha comete un serio error al no cortar del todo el cordón umbilical que todavía la une al franquismo y no buscar sus raíces y las raíces de la democracia en la democracia que destruyó el franquismo.

No hay democracia sólida que no esté basada en un acuerdo mínimo acerca de su origen histórico; la nuestra no lo está, sobre todo porque gran parte de la derecha -y al parecer ahora también una parte de la izquierda- no acaba de asumir que sus orígenes no pueden hallarse en ninguna mistificación justificatoria de una dictadura. Me pregunto si no lo asume porque está atrapada en un malentendido: porque cree que lo que se le exige es que renuncie moral y políticamente a los suyos, es decir, porque cree que, además de reconocer que los suyos estaban políticamente equivocados, debe reconocer que todos eran moralmente abyectos. No es así: lo único que se le debe exigir a la derecha es que en este caso distinga entre moral y política, y que, sin quitarles necesariamente la razón moral a sus antepasados, les quite la razón política.

En cuanto a mí, no sé si, como mi madre cree, Manuel Mena fue un héroe, quiero decir un héroe moral, pero lo cierto es que yo nunca me he avergonzado de él; ahora bien, estoy seguro de que políticamente fue un villano. Esa es la verdad, mamá. La puñetera verdad.

Garzón y la prevaricación

Wednesday, April 7th, 2010

Aprovechando que la Justicia española ha dado un paso más en su camino a la infamia acordando la apertura de juicio oral contra Garzón, y siguiendo la línea argumental de mi artículo publicado en The Insider del mes de marzo, reseño a continuación el artículo publicado por Ximo Bosch, portavoz territorial de Jueces por la Democracia, en El País, titulado “Más allá de Garzón”, en el que denuncia la desproporción que supone juzgar a Garzón por un presunto delito de prevaricación derivado de una decisión judicial (la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo) que no sólo era legítima y posible, sino que fue apoyada por diversos magistrados en sus deliberaciones posteriores acerca del tema.

Más allá de Garzón

“Alguien escribió en forma aforística que los casos difíciles generan mal Derecho. La causa instruida por Garzón sobre la Guerra Civil y las posteriores querellas presentadas por supuesta prevaricación representan asuntos de cierta dificultad. Sin embargo, no parece que las resoluciones dictadas en ambos procedimientos presenten una mala calidad jurídica. Más bien dichas actuaciones han desencadenado una intensa polémica por la especial naturaleza de las mismas.

Al examinarse la labor de Garzón como instructor, resulta obligatorio entender la elevada complejidad del objeto de la investigación sobre la Guerra Civil.

No nos encontramos ante un pronunciamiento incruento como el que llevó a cabo el general Miguel Primo de Rivera, cuando en 1923 dio un golpe de Estado mediante un simple telegrama que remitió a Alfonso XIII.

Al contrario, el plan diseñado por Mola en julio de 1936, y continuado luego por Franco, buscaba derrocar un Gobierno constitucional mediante una amplia insurrección militar, así como usar el terror de forma planificada para exterminar a los adversarios ideológicos y de este modo atemorizar al resto de la población, con el fin de instaurar un nuevo orden político. Además, como señala Preston, el alcance de esta represión no tuvo equivalente en ningún país europeo por su extensión personal y su larga permanencia.

Al calificar penalmente estos hechos, partimos de un delito contra la forma de gobierno, que tuvo como consecuencia decenas de miles de asesinatos, torturas y lesiones. Y multitud de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas que siguen enterradas en fosas comunes. Y, además, también otros sucesos penosos y poco conocidos, como los numerosos niños que fueron arrebatados a sus madres para ser entregados en adopción a familias del bando vencedor. La magnitud de esta terrible tragedia colectiva resulta difícil de describir. Por ello, la pluralidad de figuras delictivas concurrentes suscita enormes controversias sobre las normas aplicables, sobre los cómputos de la prescripción o sobre las reglas de competencia.

En relación con la causa contra Garzón, cualquier análisis de las resoluciones del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, debe implicar un reconocimiento de su trayectoria y de su acreditada valía profesional.

No obstante, existen importantes voces en la comunidad jurídica que han expresado sus discrepancias al considerar que se está optando de forma discutible por una lectura extensiva del delito de prevaricación. Desde esta perspectiva, Garzón se habría decantado por una alternativa jurídica legítima entre las varias posibles. En consecuencia, no resultaría acertado afirmar que Garzón sabía que no era competente, pues sus decisiones fueron compartidas por diversos magistrados de la Audiencia Nacional al emitir sus votos particulares. Y la misma tesis han sostenido varios jueces de instrucción que han intervenido en las actuaciones.

De hecho, somos cientos los magistrados de este país que habríamos actuado en conciencia del mismo modo en que lo hizo Garzón. Tampoco puede aceptarse que los hechos no pudieran investigarse a causa de la Ley de Amnistía de 1977, que se refiere sólo a delitos políticos, pues los tribunales internacionales han declarado reiteradamente la perseguibilidad en todo caso de los crímenes contra la humanidad y la falta de validez de las normas de punto final.

Más allá de la suerte de Garzón, en este debate están en juego concepciones esenciales del Estado de derecho. La consolidación de una doctrina expansiva sobre la prevaricación nos conduciría a una peligrosa restricción de la independencia judicial. Y a una visión jerarquizada y subordinada de la interpretación de las normas. Ello reduciría la potestad valorativa sobre los principios constitucionales y limitaría el desarrollo de la jurisprudencia, ante el riesgo de que las aportaciones innovadoras pudieran ser criminalizadas.

Por otro lado, en un plano muy distinto, no podemos ignorar una inquietante paradoja. A diferencia de lo que ocurrió en otros países con regímenes totalitarios, en España los autores de gravísimos delitos nunca se han enfrentado a un juicio ni han asumido sus responsabilidades penales. Sin embargo, es probable que quien se siente en el banquillo sea el único magistrado que ha investigado esos crímenes.

Resultaría perturbador que Garzón fuese excluido de la judicatura y finalizara su vida profesional impartiendo clases en universidades norteamericanas, argentinas o chilenas, como les ocurrió a Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda y tantos otros de nuestros exiliados de la guerra.

Sin duda, ambas situaciones no serían literalmente comparables. Y los juristas siempre podríamos explicar lo sucedido con abundantes tecnicismos. Pero, ciertamente, no creo que gran parte de nuestra sociedad pudiera conseguir entenderlo “.

La doble moral liberal

Thursday, October 1st, 2009

Una vez más, reseño un artículo de Vicenç Navarro (aconsejo visitar su blog, cuyo enlace se encuentra en esta página o pinchando aquí directamente) denunciando la doble moral de los liberales a la hora de condenar golpes de estado o de criticar las tentativas de reelección en Latinoamérica.

La doble moral de los liberales: los casos de Honduras y Colombia

Este artículo critica la incoherencia política y dualidad moral de autores que se autodefinen como liberales -tales como Mario Vargas Llosa- que justifican la deposición del Presidente Zelaya en Honduras por su supuesto deseo de mantenerse en el poder (sin que exista evidencia de que tal deseo existiera) y en cambio permanecen callados frente al intento explícito del Presidente Uribe de Colombia de reformar la Constitución para mantenerse en el poder. El artículo critica también el silencio ensordecedor de los medios de información y persuasión liberales que han ignorado tanto la enorme represión del gobierno golpista hondureño como la continua violación de los derechos sociales y laborales del gobierno Uribe de Colombia, el país del mundo que tiene mayor número de asesinatos de líderes sindicales tal y como ha subrayado la Federación Mundial de Sindicatos.
El pensamiento liberal siempre ha utilizado un discurso que enfatiza, en teoría, la defensa de los derechos individuales como razón de su propia existencia. En su versión económica, esta filosofía política utiliza este marco ideológico para promover la supremacía del mercado, en el cual el individuo consumidor supuestamente define las prioridades de la sociedad a través de su consumo. De ahí se deriva –según el credo liberal- la supremacía del mercado sobre el estado. No es pues sorprendente que haya sido el mundo empresarial el que haya promocionado con mayor intensidad el liberalismo, presentándose a si mismo como el gran defensor de las libertades individuales.

La experiencia histórica, sin embargo, muestra que tal tradición liberal raramente ha respetado sus postulados ideológicos de respeto y defensa de las libertades individuales. Es bien conocido que uno de los mayores puntos de referencia del liberalismo, el economista Milton Friedman, apoyó la dictadura del General Pinochet (ver Navarro, “La prensa liberal y Milton Friedman”, en www.vnavarro.org sección economía política). En España conocemos muy bien esta incoherencia liberal. Fue precisamente un portavoz muy visible del liberalismo español, el banquero Juan March, el que, cuando vio sus intereses empresariales afectados por las políticas públicas del gobierno republicano democráticamente elegido, apoyó el golpe militar del año 1936 que instauró una de las dictaduras más crueles y sangrientas que haya conocido Europa en el siglo XX. Según el Profesor Edward Malefakis de la Universidad de Columbia, en Nueva York, investigador del fascismo en Europa, por cada asesinato político que hizo Mussolini, el dictador Franco hizo 30.000. En realidad, la Banca (que era el poder fáctico promotor del liberalismo en España, hecho que continúa hoy) fue el grupo fáctico, liderado por la Banca March, que financió aquel golpe militar. Un tanto semejante ocurrió en Cataluña con otro gran empresario liberal de la industria catalana, Francesc Cambó, el cual apoyó también vivamente el golpe militar cuando vio sus intereses de clase afectados por las políticas públicas del gobierno republicano democráticamente elegido.

Una situación semejante ha ocurrido a raíz del reciente golpe militar en Honduras que depuso a un gobierno democráticamente elegido. Los medios de información liberales españoles explicaron el golpe militar utilizando el mismo argumento que utilizaron los golpistas en Honduras para justificarlo, es decir, la necesidad de impedir que el Presidente Zelaya modificara la Constitución para perpetuarse en el poder. Una voz prominente de este coro liberal ha sido la de Mario Vargas Llosa que como era de prever, en un artículo en El País (El golpe de las burlas, 12.07.09), aunque crítico en las formas, defendió la destitución del Presidente Zelaya, con los mismos argumentos. Según él, no podía permitirse que Zelaya se perpetuara en el poder. Mario Vargas Llosa, así como la mayoría de medios liberales, añadieron que la destitución de tal mandatario era también una lógica consecuencia de la falta de apoyos al Presidente Zelaya y a su elevada impopularidad, citando encuestas que en otro artículo mostré estar claramente manipuladas (Las falsedades sobre Honduras, Público, 23.07.09).

El golpe militar en Honduras inició una enorme represión en contra de las fuerzas políticas que apoyaban al Presidente Zelaya, represión que incluyó la disminución sustancial de los derechos políticos y civiles de la población hondureña, con el cierre de medios de información contrarios al nuevo gobierno golpista y persecución de periodistas críticos del nuevo régimen. Otras medidas represivas incluyeron la interrupción del suministro eléctrico a medios no favorables al nuevo régimen, la violenta supresión de manifestaciones a favor del Presidente Zelaya, asesinatos y arresto de líderes de la resistencia frente al gobierno golpista, restricción de movimientos de la población y muchas otras medidas represivas que apenas aparecieron descritas en aquellos medios liberales. Ninguno de ellos (repito, ni uno) denunció aquella represión. Y Mario Vargas Llosa, que se presenta como un gran defensor de los derechos individuales, ha permanecido en un silencio ensordecedor.

Esta enorme represión ha alcanzado su máxima expresión en la vuelta a Honduras del Presidente Zelaya. Hay hoy un estado de sitio con una ocupación del país por parte de su propio Ejército. Recordando la situación de Chile durante el golpe del general Pinochet, también un estadio, el estadio de Chochi Sosa está siendo utilizado como campo de detención para los resistentes al regimen. Este estado de sitio es la mejor prueba de la falsedad de los argumentos utilizados tanto por los golpistas hondureños como por Mario Vargas Llosa que subrayaron la supuesta impopularidad del Presidente Zelaya. Si el Presidente Zelaya era tan impopular como ellos indicaron, ¿como explican que el nuevo gobierno golpista haya sido forzado a imponer tanta represión y brutalidad? Y repito la pregunta, si el golpe era tan popular, ¿cómo explican tanta resistencia? En realidad, la historia de América Latina está llena de casos como Honduras. Cuando las oligarquías dominantes (todas ellas muy “liberales”) ven sus intereses afectados por las políticas públicas de un gobierno democráticamente elegido, sacan su Ejército a la calle, iniciando las dictaduras que han dominado aquel continente. Y casi siempre, por cierto, con el apoyo de las voces liberales, supuestamente defensoras de la Constitución (ver mi artículo la ¿Se repite la historia en Latinoamérica? El Plural, 21.09.2009).

El silencio de estas voces liberales hacia aquella brutal represión, se ha roto ahora, no para condenar la represión, sino para condenar la vuelta de Zelaya a su país del cual es Presidente. Señalan que no tenía que haber vuelto pues ha contribuido a crear las tensiones existentes. Las tensiones sin embargo, han sido creadas por los golpistas que realizaron el golpe y que han rechazado todas las medidas de resolución del conflicto.

El apoyo liberal a Uribe
Esta condena de los liberales hacia Zelaya contrasta con su apoyo al Gobierno Uribe en Colombia, el cual, está intentando cambiar la Constitución para “mantenerse en el poder”. No hay evidencia, por cierto, de que Zelaya intentara mantenerse en el poder, argumento utilizado para explicar (Mario Vargas Llosa) o justificar (los golpistas) el golpe militar. Incluso en el caso de que la encuesta del 28 de junio que Zelaya favoreció (preguntándole a la población si deseaba establecer una Asamblea constituyente) se hubiera podido realizar y la población hubiera favorecido el establecimiento de tal Asamblea, el Presidente Zelaya habría tenido que dejar el cargo en enero de 2010, sustituido por un nuevo presidente. Lo único que podría haber ocurrido, en caso de que la nueva Constitución lo permitiera y Zelaya lo deseara, es que éste podría haberse presentado a las elecciones en un futuro lejano, después de que el mandato del nuevo presidente terminara y cuando la nueva Constitución lo indicara. De ahí que la acusación a Zelaya de perpetuarse en el mandato presidencial sea falsa.

Ahora bien, la que no es falsa es la de Uribe que está moviendo cielo y tierra para mantenerse en el poder. Ahí, sí que el caso es claro y transparente. Lo dice el propio Uribe. Éste quiere cambiar la Constitución para mantenerse en el poder. Y no ha habido ninguna denuncia de Mario Vargas Llosa y otros liberales, como tampoco han denunciado la enorme represión existente en Colombia en contra de las fuerzas políticas pacíficas colombianas que se oponen a su gobierno. En realidad, Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde sistemáticamente se violan más los derechos civiles y políticos de los individuos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha denunciado al gobierno Uribe por la violación sistemática de los derechos sindicales y laborales. Como ha indicado la OIT, Colombia, dirigida por el gobierno Uribe, es el país del mundo donde han sido asesinados más sindicalistas y, por cierto, también más periodistas. Y muchos de estos asesinados se han realizado por la policía política directamente dirigida desde el gobierno de Uribe. Mario Vargas Llosa ha mantenido un silencio también ensordecedor sobre tal represión.

Es más, los paramilitares colombianos, una de las fuerzas más represivas en Latinoamérica (establecidas y apoyadas por Uribe por muchos años), han ayudado al gobierno golpista hondureño en la protección de la oligarquía hondureña, sin que haya sido siquiera noticia en aquellos medios liberales. ¿Se imaginan que hubieran dicho tales medios si tropas del Gobierno Chávez hubieran ido a Honduras en apoyo de los movimientos populares en contra del gobierno golpista? La respuesta hubiera sido histriónica. Estos son ejemplos, no solo de la profunda incoherencia de los supuestos defensores de las libertades individuales, sino de su doble moral, altamente moldeable según sus intereses de clase.

Para muestra, un botón

Tuesday, September 29th, 2009

Hablaba el otro día de las arremetidas de cierto sector contra las hijas de ZP. Pues bien, para muestra un botón. El inefable Antonio Burgos ha publicado el siguiente artículo en ABC mofándose de las hijas de Zapatero, menores de edad. Me abstengo de cualquier comentario, pues el artículo habla por sí solo (se titula “Las andreítas de Zetaparo”):

Tenía pensado escribir hoy sobre la legionela, ese brote terrible en que hablamos de los muertos que ha habido en la Macarena con una frialdad cruel, como si sólo fuesen cifras de las estadísticas y no convecinos con nombres, apellidos, mujer, hijos, nietos, familia y amigos, que han fallecido en Sevilla y no en Noruega. Pero he de dejarlo para otro día, porque el respetable público me reclama que largue sobre la foto de las niñas del Conde Drácula, perdón, de las hijas de Zetaparo, como un lector me pone el nombre de ZP, Zetaparo, con una errata de las que carga el diablo y que con el tiro que se les escapa dan en todo el bebe.
Vista la foto del Metropolitan de Nueva York, donde las dos mocitas fueron de gañote en el avión oficial de papá, ahora comprendo a ZP. Ahora me explico que no quiera enseñar a sus niñas. Si yo fuera padre de esas dos criaturitas no las enseñaba por nada del mundo. Tapaditas en La Moncloa están más guapas. Con todos los respetos para las menores (los que manda la ley y unos cuantos más que les echo yo de cominito, no vayamos a tenerla), es natural que Zetaparo moviera Roma con Santiago y Efe con Zeta para que la foto de sus niñas no saliera en parte ninguna. Pasa con las niñas de Zetaparo lo mismo que con aquel alcalde de Sevilla que ya he contado, que cuando Franco lo nombró a dedo, sus amigorros de la tertulia del Aero dijeron:
-Que Momo era tonto lo sabíamos nada más que aquí, pero ahora se va a enterar Sevilla entera.
Que las niñas de Zetaparo eran dos callos horrorosos lo sabían los más íntimos en La Moncloa, pero ahora se ha enterado España entera. Son de salir corriendo. Yo no sé si es porque iban vestidas de Jalogüín, o porque lucían el uniforme oficial de los góticos, pero tú te encuentras a las 12 de la noche con estas puñeteras niñas en una calle oscura, se te acercan, un poner, a preguntarte dónde para el autobús de Alcosa, y del salto que pegas del susto llegas corriendo a Carmona.
Góticas. Los lectores que me piden este artículo me aseguran que son góticas. Vamos, como la ojiva de San Julián, pero sin el recuerdo de Fernando Moreno sacando el palio de La Hiniesta. O como la propia imagen gótica de La Hiniesta (que está por cierto en el Ayuntamiento y que no sé cómo no han mandado ya retirarla por la cosa del Nacional Agnosticismo y de quitar los crucifijos). ¡Qué ofensa para el arte gótico, llamar góticos a estos adefesios con botas de la Brigada Paracaidista en Sidi Ifni y muñequeras de levantador de pesos de Galisport! Por el volumen de su bulto redondo, así achaparrado, más que góticas me parecen románicas, que como las vea Brigitte Bardot, va y las protege. Pero, vale, aceptamos gótica como animal pinnípedo. Yo les diría algo más fuerte, pero como son menores, me callo.
Bueno, menores para que el padre diga que no quiere que salga su foto, o que las pixelen. Pero no menores para que aborten sin tener que decirlo a los padres. Estas son las contradicciones del sistema. Como la propia actitud de Zetaparo. ¿De qué ha ido en esta película del Mangazo de Viaje de sus Niñas Góticas? ¿De Defensor del Menor o de Belén Esteban? Yo creo que Zetaparo va de ambas cosas, de Defensor del Menor y de Belén Esteban, en una sola pieza, protegiendo a sus Andreítas. Porque estos dos tapones de alberca vestidos de «La niña de luto» sin Manolo Summers son sus Andreítas. Cuando llamó a la agencia Efe para censurar las fotos, seguro que dijo:
-Yo es que por mis hijas ¡ma-to!, ¿me entiendes?
Me explico, finalmente, por qué Zetaparo no quería que saliera la foto. No era por las niñas en sí ni por la leche que mamó la protección del menor. Era para que no viéramos al completo este retrato de familia. Monster.

La impunidad del franquismo

Wednesday, September 23rd, 2009

La vergonzosa imputación de Garzón por un presunto delito de prevaricación ha vuelto a poner sobre el tapete su decisión de enjuiciar los crímenes del franquismo. Hemos hablado de ello en profundidad en este blog (y lo seguiremos haciendo) argumentando jurídicamente lo acertado de la decisión de Garzón. Sin embargo, para escarnio de nuestro país, un sindicato ultraderechista le denunció por haber cometido la osadía de intentar esclarecer qué paso con los centenares de miles de víctimas del franquismo que fueron desaparecidas. El Magistrado Prego, vinculado a la Fundación del Valle de los Caídos (con eso se dice todo), admitió a trámite la denuncia, y en esas estamos.

Tiempo habrá para comentar la decisión que adopten los tribunales. Mientras tanto, transcribo un interesante artículo firmado por varios juristas e intelectuales (José Saramago, Premio Nóbel de Literatura;José Jiménez Villarejo, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal; Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ex fiscal general del Estado; Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Hernán Hormazábal Malaree, catedrático) titulado “La impunidad del franquismo” publicado el pasado 16 de septiembre en El País. Llama la atención la mención a la sentencia del TEDH de 16 de julio de 2009 que establece que la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano, siguiendo la línea marcada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (para más información, consultar mis artículos sobre este tema de Octubre de 2008.

La impunidad del franquismo

Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.

La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.

Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.

Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.

Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.

Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.

Esa obligación de perseguiry castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.

España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que “está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977″, y recordó que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas”.

El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.

Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.

Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.

La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que “para pasar página, hay que haberla leído antes”.

No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: “Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez”.

Un Emmy y el General

Wednesday, September 2nd, 2009

Reseño a continuación el artículo de Jorge Heine, abogado, diplomático chileno y Catedrático de Gobernanza Global en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales en Waterloo, Ontario, publicado el pasado mes de agosto en El País, en el que habla sobre el proceso seguido por el Juez Guzmán para juzgar a Augusto Pinochet, historia que ha sido llevada a la televisión y que opta a un Premio Emmy.

Un Emmy y el General

Con ocasión de la detención del General Augusto Pinochet en Londres, su ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, abismado ante las manifestaciones en contra del dictador en las calles londinenses, planteó la necesidad de “hacer una película”, para educar a la opinión pública internacional acerca de la verdad de lo ocurrido en Chile bajo el régimen militar.

Diez años después, se podría decir que con El juez y el general, el documental de Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco, su deseo se ha cumplido, aunque no necesariamente de acuerdo a lo que Jarpa le habría gustado. La película, recién nominada para uno de los cotizados premios Emmy en la categoría de programación histórica sobresaliente, fue estrenada en el 2008, y exhibida en el importante programa Punto de Vista, de PBS, en Estados Unidos. Los premios Emmy serán anunciados en Nueva York el 21 de septiembre.

Muchos dirían que los directores, dos destacados periodistas, Farnsworth estadounidense y Lanfranco chileno, con amplia trayectoria en la cobertura de la temática de los derechos humanos, se lo merecen con creces, al poner en justa perspectiva una figura y un periodo tan significativo en la historia de América Latina y el mundo.

Lo novedoso es que lo ocurrido en Chile bajo Pinochet es narrado desde la mirada de Juan Guzmán Tapia, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago al que, en enero de 1998, le fueron asignadas por sorteo las causas criminales en contra de Pinochet.

En marzo de ese año este último dejaría la Comandancia en Jefe del Ejército para asumir el puesto de senador vitalicio.

Desde el punto de vista cinematográfico, es fascinante observar la evolución del juez Guzmán, desde su escepticismo inicial hasta su horror final. Proveniente de una familia acomodada, hijo de un destacado escritor y diplomático, Juan Guzmán Cruchaga (premio Nacional de Literatura), de antepasados militares y con esposa francesa, el juez Guzmán encarna en buena medida lo que fue el Poder Judicial en Chile en la época de la dictadura.

Políticamente conservador, apoyó la candidatura de Jorge Alessandri en las elecciones de 1970 que ganó Salvador Allende (incluso señala que de haber ganado Alessandri, habría seguido los pasos de su padre en el servicio diplomático), y luego el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que llevó a Pinochet al Palacio de la Moneda (aunque no se pudo mudar al mismo hasta 1980; siete años tomó reconstruir el Palacio Presidencial dados los daños causados por los bombardeos desde los Hawker Hunter).Curiosamente, sin embargo,la obra no abunda en uno de los principales desafíos del magistrado. La Junta Militar aprobó una Ley de Amnistía en 1978 cuyo efecto fue extinguir toda responsabilidad por violaciones a los derechos humanos cometidos del golpe a esa fecha. Por otra parte, tratándose de delitos cometidos un cuarto de siglo antes, algunos de ellos ya estarían prescritos, imposibilitando su encausamiento.

¿Qué hacer?

Guzmán dio con una solución. A su entender, en el caso de los detenidos-desaparecidos, no se trataría de un delito ya cometido y completado (como sería un homicidio), sino de uno cometido continuo, como el secuestro. Al no haber evidencia de los restos de las víctimas, y mientras éstos no apareciesen, cabía presumir que el delito se seguía efectuando, con lo cual no caía bajo la Ley de Amnistía. Los torpes intentos por refutar este impecable razonamiento jurídico (”¡Todos saben que están muertos! ¿Qué pretende el juez Guzmán?”) no encontraron mayor acogida.

Había en ello una profunda ironía. El hacer desaparecer a los enemigos (las células del “cáncer marxista”), una técnica que algunos atribuyen haber inventado a Pinochet, aunque después se aplicó también en otros países del Cono Sur, tenía como propósito hacer cundir el terror.

El impacto en familiares y amigos de la súbita desaparición de un ser querido, algo que permanece en el tiempo, sembrando la eterna duda acerca de un eventual retorno, es muy distinto (y , muchos dirían, mayor) que, digamos, el de un fusilamiento, seguido de una cristiana sepultura.

El que uno de los principales instrumentos del terrorismo de Estado haya terminado gestando la herramienta jurídica clave para encausar a los autores tiene algo de justicia poética, hijo de un destacado poeta, y él mismo de gran cultura literaria -es conocido por citar a Shakespeare en sus clases- debe apreciarlo en su justa dimensión.

En momentos en que la crisis en Honduras ha reavivado los temores que los golpes militares gatillan, cabe notar que en esto también Pinochet trató de innovar. A la clásica oferta de un avión al presidente depuesto para que dejase el país (como se hizo con Manuel Zelaya en Honduras, aunque éste fue llevado a la fuerza), Pinochet tenía en mente una variante: el avión se caería poco después de despegar, terminando así con la vida de Salvador Allende, en caso de haber éste aceptado el ofrecimiento.

El escuchar la grabación pirata de la conversación radiofónica ese 11 de septiembre entre Pinochet y el almirante Patricio Carvajal (y futuro canciller de Chile bajo la Junta) al respecto, y la frase de Pinochet, que lo refleja de cuerpo entero (”si se mata la perra, se acaba la leva”), es uno de los momentos más dramáticos de una película en que éstos abundan.

Juan Guzmán pagó cara su osadía de llevar hasta las últimas consecuencias los juicios en contra de Pinochet, quien fue desaforado, perdiendo así su inmunidad parlamentaria después de su retorno de Londres en marzo de 2000.

Pese a su talento y trayectoria, Guzmán no fue ascendido a la Corte Suprema, el sueño de todo juez, y se jubiló como ministro de la Corte de Apelaciones. Ya no enseña en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sino que en la más modesta Universidad Central, donde dirige un Centro de Derechos Humanos. Pero poca duda cabe que se ganó un lugar en la historia al acometer la titánica tarea de enjuiciar, sin que le temblase la mano, a uno de los dictadores emblemáticos del siglo XX.

La democracia en América Latina

Tuesday, July 21st, 2009

Santiago Roncagliolo es un lúcido escritor peruano, ganador del Premio Alfaguara con “Abril Rojo” y autor de “La Cuarta Espada”, un interesante análisis sobre la figura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Sus opiniones sobre la actualidad latinoamericana suelen ser bastante lúcidas y certeras. Por ello, reseño a continuación el artículo que publicó ayer en El País, titulado “América Latina, la democracia abre fuego“, donde analiza la actual situación del continente tras el golpe de Estado en Honduras.

“La víctima de un asesinato vuelve de la muerte para culpar al presidente de su país. Un grupo de militares armados saca a otro presidente de su cama y lo mete en un avión en pijama. Las fuerzas del orden se enfrentan a un grupo de campesinos pobres y matan a decenas de ellos. No, esto no es la película de James Bond contra un temible dictador aliado del terrorismo. Es sólo la actualidad política de América Latina.

El primer caso se registró en mayo, cuando un vídeo del abogado Rodrigo Rosenberg acusó desde la tumba al presidente de Guatemala Álvaro Colom y a su entorno de haber planeado su asesinato. Semanas después, en la localidad peruana de Bagua, las protestas de los indígenas contra la aprobación de leyes que permitían privatizar sus tierras se saldó con una decena de muertos, según el Gobierno -los líderes indígenas cuentan más de 30-, y la renuncia del ministro del Interior. Y a comienzos de julio, en Honduras, los enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya se cobraron la vida de un joven manifestante.

Las consecuencias políticas y judiciales de estos casos están por determinar. Pero en términos de opinión pública, marcan un giro crucial en el discurso político de la región. Durante años, las mayores alarmas de la gobernabilidad democrática en América Latina habían saltado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, contra cuyos gobernantes se suceden periódicamente denuncias por manipulación de instituciones judiciales, legislativas, ejecutivas e incluso electorales. Y sin embargo, en los tres casos señalados, son esas instituciones las involucradas. Es la democracia la que ha abierto fuego contra la población civil.

Sin duda, el caso de Guatemala tiene matices distintos. En su vídeo póstumo, Rosenberg no acusa de su muerte a la institución del poder ejecutivo sino al presidente, y el caso aún está en investigación. Pero aún así, la autoridad de un cadáver para señalar a su ejecutor tiene una potencia mediática descomunal. Ninguna sentencia judicial podrá borrar el mensaje que ha transmitido el abogado desde las pantallas de televisión o Internet: el poder se ejerce a balazos. Sea quien sea el asesino de Rosenberg, el sistema político ha perdido ante la población -si aún lo tenía- el crédito de la transparencia y el imperio de la ley. Para muchos guatemaltecos, el sistema democrático no sirve para combatir a las mafias, sólo para darles puestos públicos.

Por su parte, el caso de Bagua pone de relieve las limitaciones de una democracia para garantizar justicia. La mayoría de las constituciones vigentes en la región garantizan la propiedad privada y remiten a los tribunales en caso de conflicto. Ahora bien, uno de los conflictos sociales más delicados es el que enfrenta a las comunidades nativas con las grandes empresas que desean explotar los recursos naturales de sus tierras. Con el actual ordenamiento jurídico, cuando una empresa daña el medio ambiente o incumple la legislación laboral tiene muchas posibilidades de salir impune por una razón muy sencilla: los costes del proceso legal. Incluso un poder judicial confiable -lo que no siempre está disponible- enfrentará al estudio de abogados de una multinacional contra los delegados de un caserío de campesinos sin luz eléctrica. El litigio puede extenderse durante años, y si hay apelaciones, se resolverán en tribunales de la capital, a días de camino de las comunidades campesinas. El resultado no suele tener mucho misterio. Una institucionalidad impecable deja en indefensión legal a millones de personas.

Esta paradoja explica la popularidad de Evo Morales y Hugo Chávez entre los sectores más pobres de muchos países. Para sus detractores, los proyectos constitucionales que estos gobernantes impulsan sólo son un camino hacia su reelección indefinida. Pero sus defensores los consideran herramientas imprescindibles para la protección legal de los sectores más indefensos de la población. Sus textos establecen nuevos modelos de propiedad pública, refuerzan el papel del Estado ante los operadores económicos privados y defienden el derecho de los indígenas a decidir sobre sus tierras. Por contraste, los enfrentamientos de Bagua declaran que en un Estado democrático los campesinos tienen que morir y matar para defender ese derecho.

Pero si un caso ha dotado de legitimidad al discurso caudillista latinoamericano, ha sido el de Honduras. El nuevo gobernante, Roberto Micheletti, se ha esmerado en calificar su toma de mando como una “sucesión constitucional”, basado en una sentencia del poder judicial contra el presidente electo, Manuel Zelaya. El motivo de esa sentencia fue la convocatoria de un referéndum. En efecto, el encaje constitucional de ese referéndum era bastante dudoso. Pero la imagen de un batallón evitando unos comicios a balazos no resulta mucho más digerible.

Al expulsar al presidente electo, las instituciones ponen en cuestión la definición misma de la democracia: el gobierno del pueblo, el sistema en que los ciudadanos pueden participar en las decisiones que les afectan, algunas de ellas tan elementales como quién es su presidente.

Si Micheletti temía que Hugo Chávez ganase poder en Honduras, puede estar tranquilo. Gracias a él, Chávez ha ganado legitimidad en toda la región. El presidente venezolano fue el primero en imponer sanciones económicas a Honduras, y ha exigido una actitud más resuelta de los tibios Estados Unidos, con lo cual ha invertido los papeles habituales. Como si fuera poco, sus advertencias de asesinatos y conjuras, que hasta junio se podían descartar como paranoias, se han vuelto realidad. Nadie podría haberle hecho un favor tan grande y tan bolivariano como el de Micheletti.

El discurso de Chávez es el principal beneficiario de los hechos de Guatemala, Perú y Honduras porque todos ellos restan credibilidad a las instituciones democráticas. El sistema de equilibrio de poderes y sufragio universal es deseable porque permite que los cambios sociales se realicen sin sangre. Por eso, cuando necesita derramar sangre para defenderse es señal de que algo funciona muy mal. La aplastante victoria del PRI en los últimos comicios mexicanos parece confirmar el agotamiento ciudadano ante las promesas incumplidas de un sistema que a comienzos de los noventa se presentó como la vía directa al desarrollo y la prosperidad.

En su acta de nacimiento de la Revolución Francesa, la democracia nació con un lema triple: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. La fraternidad ya era demasiado pedir, pero el conflicto entre la libertad y la igualdad, entre liberalismo y socialismo, definió el siglo XX, y sigue dividiendo hoy a la región con la mayor desigualdad social del planeta. El proyecto político de Hugo Chávez es crear un sistema igualitario aun a costa de las instituciones que garantizan las libertades individuales. En cambio, el proyecto político liberal se ha concentrado en garantizar las libertades individuales -crucialmente, la propiedad privada- incluso a costa de la igualdad social.

Ambos valores podrían conciliarse, entre otras cosas, con reformas fiscales que distribuyesen más equitativamente la riqueza. No es imposible. Lo ha hecho Lula en Brasil, donde la clase media aumenta sin comprometer el crecimiento económico, equilibrando estabilidad institucional con justicia social. Sin embargo, en los países andinos y centroamericanos, los defensores de la democracia no han defendido justo esa parte de la democracia. Para masas de ciudadanos pobres, tengan razón o no, el proyecto de Chávez cristaliza una serie de aspiraciones concretas que las instituciones democráticas les niegan.

Quienes creemos que la democracia liberal es el sistema de gobierno más eficaz, tenemos que incorporar a esas masas en el proyecto de Estado que defendemos. Para retirarlas de la órbita de los caudillos, hace falta demostrarles que la democracia puede ofrecer justicia social, es decir, derechos básicos y una distribución más justa de la riqueza. Tendremos que demostrarles que pueden vivir mejor en una democracia liberal que con un caudillo socialista. Pero si nuestro argumento para ello son las fuerzas antidisturbios, todo lo que hagamos sólo servirá para darle la razón a esos caudillos. Al fin y al cabo, si eso es lo mejor que se nos ocurre, tampoco hace falta dispararle a nadie más: podemos dar esta batalla por perdida desde el principio“.

Los impuestos en España

Monday, June 22nd, 2009

Estos días el sistema impositivo español está de actualidad, toda vez que el Gobierno ha decidido subir los impuestos al tabaco y a los carburantes.

Se oyen muchas voces clamando contra futuras subidas de impuestos en España, olvidando que nuestro país tiene un tasa impositiva 3,3 puntos inferior a la media europea. Es decir, pagamos menos impuestos que la media de los europeos.

Ignacio Escolar escribe hoy una columna en Público en la que pone el dedo en la llaga sobre el verdadero problema del sistema tributario español: la falta de progresividad.

Transcribo el citado artículo, titulado “España progresa adecuadamente“:

En España los impuestos son progresivos. Un empleado paga hasta el 43% de sus ingresos. Un empresario paga el 30% de sus beneficios (que no ingresos). Y los ricos muy ricos pagan el 1% a través de una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). En 2005, después de que algunos inspectores de Hacienda fisgasen en las SICAV, donde guardan sus dineros las grandes fortunas, el Congreso votó de emergencia y casi por unanimidad que fuese la CNMV, y no la molesta Hacienda, quien las vigilase (es un decir). En España los impuestos son progresivos: cuanto más tienes, menos pagas. Y así progresivamente.

En España los impuestos son tan progresivos que Cristiano Ronaldo tributará al 24%, igual que un mileurista. “Esto se justificó en su día por el hecho de que había profesiones con una vida muy corta”, explicó Elena Salgado en El País. La vicepresidenta se equivoca: nunca fue ése el argumento. La bula galáctica viene de una reforma fiscal de Aznar (que no ha derogado Zapatero) para que los extranjeros que vengan a trabajar en España sólo tributen al 24%, ganen lo que ganen, sean futbolistas o plomeros. Pasará a la historia como la Ley Beckham porque el inglés fue el primero en acogerse a sus ventajas. Decía el Gobierno que ayudaría a que nuestras empresas fuesen más competitivas en la caza de talento foráneo. Como de talento en España vamos sobrados –por eso tantos científicos se van a trabajar fuera–, esta ayuda fiscal ha servido para fichar a esos profesionales tan importantes para ese nuevo orden económico basado en el conocimiento y la tecnología: los futbolistas. Y así progresa la economía española, otra vez campeones de Europa.

La violación, según Alfa y Omega

Thursday, June 4th, 2009

Alfa y Omega es el semanario de contenido religioso que edita el Arzobispado de Madrid y que se entrega semanalmente con el diario ABC. Se trata de una publicación bajo el estricto control del Cardenal y Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que sigue al detalle las evoluciones de los medios que controla, principalmente la COPE y este semanario.

A nadie que lo haya leído en los últimos meses le sorprenderá el contenido ultra y sensacionalista de sus artículos, pero en la última semana hemos podido leer lo que podría considerarse la gota que colma el vaso. Se trata de un artículo de Ricardo Benjumea, Redactor Jefe de Alfa y Omega, en el que, entre otras lindezas, dice que “cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal“.

A pesar de que mi capacidad de sorpresa ante las barbaridades y salvajadas proclamadas desde los medios de la Conferencia Episcopal es bastante limitada, tengo que decir que esta vez se han superado y me han dejado perplejo. ¿Cómo se puede decir que el sexo fuera del matrimonio o desligado de la procreación hace que la violación deje de tener sentido como delito? Sólo a un fanático, a un loco delincuente que mereciera estar en prisión más que escribiendo, se le ocurriría decir semejante disparate. Pero lo ha dicho, y no un periodista cualquiera, sino el Redactor Jefe del Semanario que controla Rouco Varela.

Después de leer esto, uno se da cuenta de que algo muy grave pasa por las cabezas de este tipo de personas; uno empieza a preguntarse, con disgusto, porque al fin y al cabo soy católico, si no estarán enfermos estos personajes. Que le pregunten a cualquier mujer que ha sido brutalmente violada si ese monstruoso delito debería dejar de estar penado, o si es igual la violación que sufrió a la relación que tuvo con su novio fuera del matrimonio.

La violación la cometen seres despreciables que atentan contra la libertad y la voluntad de una mujer, ultrajándolas en grado sumo. Ni por asomo se puede comparar eso con aquellas parejas que mantienen relaciones libremente fuera del matrimonio, o de aquellas otras que, incluso dentro del matrimonio, las cierran a la procreación.

Creo que ha llegado el momento de decir basta ya. La actitud de los medios de comunicación que dirige Rouco Varela (COPE y Alfa y Omega) es intolerable, e impropia de los valores que representa y defiende la Iglesia. Desde hace varios años, la COPE se ha convertido en un medio de crispación y odio que se dedica a envenenar las conciencias con comentarios exaltados y atroces y manipulaciones de diverso pelaje. En sus ondas se han oído diariamente mentiras, improperios e insultos, como ha quedado acreditado en los tribunales, que han condenado reiteradamente por vulnerar el derecho al honor de diversas personas a sus tres locutores principales:

- Federico Jiménez Losantos: condenado por vulnerar el derecho al honor de Carod-Rovira y Puigcercós, siendo sentenciado a pagar una indemnización de 60.000 euros a las víctimas; otra por llamar terrorista al magistrado Carlos Fando, con una indemnización de 3.000 euros; 100.000 euros de indemnización por vulnerar el derecho al honor de Zarzalejos, Director de ABC, y la más grave, una condena penal por injurias contra Gallardón, con una multa de 36.000 euros. Además, tiene diversos procesos pendientes, entre ellos otra imputación por un delito de injurias contra el Doctor Montes (en el que también están imputados el resto de locutores de la COPE);

- José Antonio Abellán: condenado a pagar 60.000 euros por vulnerar el derecho al honor de José Ramón de la Morena;

- César Vidal: imputado en diversos procedimientos, entre ellos, el más grave, el seguido contra él por un delito de injurias contra el Doctor Montes.

Ante estos repetidos escándalos, y a pesar de las protestas de otros Obispos, como Monseñor Sistach, Arzobispo de Barcelona, que veían en la continuidad de estos periodistas un descrédito para la Iglesia, Rouco no sólo consintió y permitió su continuidad en la COPE, sino que la alentó. Al final, se ha visto obligado a prescindir de ellos, ya que la situación era insostenible, pero ha pasado más de un lustro en el que estas personas han campado a sus anchas sembrando el país de odio y crispación. Responsabilidad que, al igual que la barbaridad que hemos leído en Alfa y Omega, hay que achacar a Rouco Varela, ferviente defensor de estos excesos.

Para que se pueda emitir un juicio objetivo, transcribo el polémico artículo de Alfa y Omega a continuación:

La violación, ¿fuera del Código Penal?

Nada más lejos de mi intención que frivolizar con la violación. Pido disculpas a quien así lo ha entendido. La cuestión es: reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal? ¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas?
No es demagogia. Hay movimientos recientes en esa dirección. En marzo, en una decisión sin precedentes, el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial a un violador, cuya condena a 12 años, ratificada por el Tribunal Supremo, se redujo a cinco años. El condenado es un joven homosexual, bien relacionado con círculos progubernamentales de la industria del espectáculo, que asaltó a otro joven en los lavabos de una discoteca. Sus tres cómplices fueron favorecidos por la Secretaría de Prisiones, de la Generalidad de Cataluña, en otra decisión sin precedentes: obtuvieron el tercer grado, y pudieron abandonar la cárcel tras sólo 8 meses de condena.
Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal. Ése es el ambiente cultural en el que vivimos, y, sin embargo, la inmensa mayoría de españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo cien metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastillita que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute. Esa hipotética indignación es un motivo de esperanza, porque demuestra que la deshumanización de la sexualidad, que promueve el Gobierno, todavía no ha llegado a un punto de no retorno.

Ricardo Benjumea

Asimismo, dejo el enlace a un artículo de José Antonio Zarzalejos en el que narra cómo ofreció apoyo económico a Rouco para sacar adelante un Alfa y Omega más apegado a los valores cristianos y menos extremista, pero el Arzobispo hizo oídos sordos y prefirió seguir con la senda que ha desembocado en el deleznable artículo de marras.

Como bien dice Zarzalejos, que la Iglesia Española sea una de las instituciones más desprestigiadas y con menos confianza de los españoles se lo debemos a personajes como Rouco Varela, que han hecho un daño irreparable a la credibilidad de la milenaria institución.

Sobre Monarquía y República

Monday, April 27th, 2009

El pasado Jueves 23 de Abril pudimos ver a Joaquín Sabina en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes a Juan Marsé. La imagen destacó por un detalle que no pasó desapercibido: Sabina llevaba debajo del brazo el periódico Público abierto por un artículo de Vincenç Navarro titulado “Por qué soy republicano“. Reseño a continuación el citado artículo, bastante interesante por los argumentos que aporta.

Como era predecible, mis críticas al rey y a la monarquía han creado gran revuelo dentro y fuera de las páginas de Público, lo cual me fuerza a responder por qué creo que sería mejor que en España tuviéramos una república en lugar de una monarquía.

Durante mi largo exilio he vivido en varios países, incluyendo una república, Estados Unidos. Y aun cuando he sido muy crítico en mis escritos con la democracia estadounidense, hay un aspecto de ella que valoro muy positivamente: la cultura republicana, en la que las distancias sociales entre el jefe del Estado y las clases populares son mucho más reducidas que en cualquier sistema monárquico. Tal cultura democrática transmite una sensación de que el poder deriva de la ciudadanía, puesto que, si a la población no le agrada el jefe del Estado, puede cambiarlo por otro. Es más, cualquier ciudadano puede aspirar a ser jefe del Estado. Esta distancia se reduce incluso más cuando este procede de las clases populares, que sienten al presidente como alguien suyo. Hemos visto este año la gran alegría entre las clases populares (y muy especialmente entre la población afroamericana) de aquel país al ser elegido uno de ellos (hijo de una madre pobre y de un padre africano de Kenia) presidente. La sensación de poder y complicidad con el jefe del Estado en estas situaciones es enorme. No es sólo la capacidad de elegir al jefe del Estado, sino también la percepción de que todos pueden serlo, lo que da gran poder a la ciudadanía.

Tal principio de responsabilidad democrática es negado en una monarquía. En esta, la distancia social es intrínseca en el sistema y aparece constantemente, como cuando el rey llama de tú a todos los ciudadanos, los cuales deben referirse a él de usted, todo ello envuelto en un ambiente jerárquico y cortesano que enfatiza esta distancia. Incluso el himno nacional es una marcha real frente a la cual los ciudadanos se yerguen respetuosamente en silencio. Se reproduce así una cultura de vasallaje a la cual algunas izquierdas no son inmunes. Véase el blindaje mediático de la figura del rey. Voces críticas apenas tienen cabida en los medios de información y persuasión del país.

A estas reservas a la monarquía añado otras que tienen que ver con los orígenes de la monarquía en España y su desarrollo durante la democracia. El monarca no sólo fue nombrado por el dictador, sino que fue parte de la nomenclatura de aquel Estado dictatorial dirigido por un general al cual nunca ha criticado. Antes al contrario, lo ha alabado incluso en tiempo de democracia. Así, el 18 de julio de 1978, la Casa del Rey publicó el siguiente texto: “Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración”. Tal supuesta regeneración condujo a 192.684 ejecuciones y asesinatos, incluyendo 30.000 personas que continúan desaparecidas y estableciendo una dictadura en gran parte responsable del enorme retraso económico y social de España. Cuando el dictador murió, España tenía el porcentaje más elevado de Europa de personas con escasa educación (84%).

La Casa Real es un círculo profundamente conservador, como lo atestiguan declaraciones de sus miembros, que incluyen desde las recientes declaraciones de la reina (definiendo a una de las dictaduras más represivas que han existido en Europa como una dictadura blanda), a las del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, quien subrayó su coincidencia con Pío Moa en una entrevista a El Periódico (08-07-03) en su justificación del Golpe militar de 1936 y la dictadura que estableció. El mundo social del monarca, que es el jefe de los Ejércitos, es predominantemente el mundo empresarial y financiero. Es un error derivar de los abruptos anti-monarca del ultraderechista Losantos, concluir que las derechas han dejado de ser monárquicas. El eje central de las derechas lo constituye el Ejército, la Iglesia, la patronal y la banca, que apoyaron y continuarán apoyando a la monarquía porque les ofrece un orden constitucional que les favorece. Prueba de ello es la continua promoción de la monarquía y del rey en los medios de información que controlan o influencian, que son muchos.
Es el temor a los herederos de la dictadura, incluyendo a la monarquía, el que ha frenado la corrección de la Historia de nuestro país, incluyendo lo que fue la república, la dictadura y la transición, presentándose esta como resultado de la vocación democrática del monarca, ignorando el papel determinante que tuvieron las movilizaciones obreras que forzaron la apertura democrática que no existía en los proyectos originales aprobados por los Gobiernos monárquicos de aquel periodo. De ahí que haya definido esta tergiversada versión de la transición de la dictadura a la democracia como falsa, es decir, que no corresponde a la realidad.

No dije, sin embargo, –como se me acusa– que la transición era falsa, pues la democracia significó un importante cambio real y no falso. Lo que sí dije, y me reafirmo en ello, es que la transición fue inmodélica, pues la democracia, resultado de aquel proceso, dista mucho de ser ejemplar. Tampoco dije, como se me acusó, que el Estado español está controlado por las derechas. Dije que estas tienen mucha más influencia sobre tal Estado que las izquierdas, lo cual explica la continuación de la democracia incompleta, causa del bienestar insuficiente de nuestro pueblo. Indicar que la monarquía (junto con la Iglesia, el Ejército, la patronal y la banca) no tiene nada que ver con ello me parece que es desconocer la realidad que nos rodea.