El rincón de la memoria

El pasado 16 de noviembre se cumplieron 20 años del asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 6 jesuitas, su asistenta y la joven hija de ésta. Su asesinato, planeado por la cúpula del Estado Mayor de El Salvador, se produjo en el contexto de la Guerra Civil que enfrentaba al Ejército y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que dejó como resultado la muerte de 75.000 personas, en su mayoría civiles.

Ellacuría nació en Portugalete, Vizcaya, si bien ya a los 19 años fue enviado a El Salvador, país al que posteriormente regresaría y donde desarrollaría gran parte de su labor, hasta el punto de obtener la nacionalidad salvadoreña. En 1967 se incorpora a la Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas” de El Salvador, como profesor, donde empieza a destacar como uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación. Desde entonces se implicará profundamente en la vida de la UCA, de la que forma parte del equipo rectoral durante 20 años.

En 1976 es nombrado director de la Revista de Estudios Centroamericanos, en la que publica un polémico editorial titulado “A sus órdenes, mi capital”, que ocasiona la retirada del apoyo económico del Gobierno salvadoreño a la UCA y las amenazas de los comandos paramilitares contra la Universidad.

En 1979 es asesinado el anterior rector de la UCA, y Ellacuría le sustituye en el cargo. Ese mismo año, la violencia paramilitar y la respuesta de la guerrilla desencadenan una dura Guerra Civil que destrozará el país durante 13 años, y a la que Ellacuría no será ajeno.

En 1980, se produce el que, junto al asesinato de los jesuitas de la UCA, es el hecho más representativo del conflicto armado en El Salvador, el asesinato del Arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero, uno de los Obispos más valorados y significativos de toda América Latina. El día anterior a su muerte, ante el incremento de la represión por parte del ejército contra los campesinos (desarrollando la llamada política de tierra quemada, que implicaba arrasar pueblos enteros en los que no quedaba nadie con vida), Monseñor Romero pronuncia las siguientes palabras en una homilía que ha pasado a la historia:

“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.

Al día siguiente, Monseñor Romero oficiaba Misa en una pequeña capilla de un hospital. En el momento en que alzaba la Hostia para consagrarla, un francotirador a la órdenes del mayor Roberto d’Aubuisson, (fundador del Partido ARENA, que gobernó el país sin interrupción hasta que hace unos meses la oposición del FMLN ganó por primera vez las elecciones) que se encontraba dentro de la Iglesia le dispara al corazón y le asesina, acallando una de las voces más importantes de El Salvador.

El hecho produce un fuerte impacto en la sociedad salvadoreña, y supone un serio aviso para las voces que denuncian los crímenes del Ejército. En este contexto, en 1980 Ellacuría es desterrado a España, desde donde alza su voz frente a lo que ocurre en El Salvador.

El conflicto se intensifica, mientras el FMLN avanza en el país, lo que obliga al Ejército a intensificar la represión. En 1989 la presión en insostenible, y Ellacuría regresa a El Salvador con el fin de apostar por el diálogo y la paz. Sin embargo, su defensa de la Teología de la Liberación, de los pobres y de los marginados, le situaron en una incómoda posición frente a los poderes fácticos que gobernaban el país y que pretendían acallar su voz. En palabras de José María Tojeira, actual Rector de la UCA, para los militares salvadoreños, “los enemigos de pluma, los intelectuales, eran enemigos más poderosos que los enemigos del fúsil, porque multiplicaban la conciencia”.

Los hechos no tardan en desencadenarse. El 16 de noviembre de 1989, un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresa al recinto de la UCA, dirigiéndose al edificio del Centro Pastoral donde residían los sacerdotes jesuitas.

Los militares intentan forzar la entrada del Centro Pastoral. Al darse cuenta los sacerdotes, los dejan entrar voluntariamente. Los efectivos del Ejército registran el edificio y ordenan a los sacerdotes salir al jardín posterior y tenderse boca abajo.

El Teniente al mando, José Ricardo Espinoza Guerra, da la orden de matar a los sacerdotes. El soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi asesina a tiros a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Rector de la Universidad; Ignacio Martín Baró, Vicerrector; Segundo Montes, Director del Instituto de Derechos Humanos; el Subsargento Antonio Ramiro Avalos Vargas, por su parte, asesina a los sacerdotes López y Moreno, profesores de la UCA. Poco después los soldados encuentran al sacerdote Joaquín López y López en el interior de la residencia y le dan muerte. Además, el Subsargento Tomás Zarpate Castillo dispara a la señora Julia Elba Ramos, que trabajaba en la residencia, y a su hija de dieciséis años, Celina Mariceth Ramos. Por último, otro soldado dispara contra ellas nuevamente, rematándolas. Además, los efectivos del Atlacatl se apoderan de un maletín que pertenecía a los sacerdotes, y con él, fotografías, documentos y cinco mil dólares.

Las voces más críticas habían sido, una vez más, silenciadas.

Inmediatamente, el comando se dirige a la oficina del Coronel Ponce a dar parte de todo lo ocurrido en la UCA. Los oficiales informaron de que tenían un maletín con fotos, documentos y dinero que los soldados habían sustraído de los jesuitas horas antes. El Coronel Ponce ordena destruirlo porque era prueba de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

El escándalo internacional es mayúsculo. El prestigio del Gobierno salvadoreño queda fuertemente cuestionado, a pesar del apoyo de los Estados Unidos, por lo que al Presidente Cristiani no le queda más remedio que encargar la investigación del crimen a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD).

El Coronel Benavides, uno de los principales cerebros de la matanza, relata los hechos al Jefe de la CIHD, y solicita ayuda. Este último recomienda destruir los cañones de las armas utilizadas y sustituirlos por otros para evitar su identificación en las pruebas balísticas. Asimismo, también aconseja al Coronel Benavides cerciorarse de que no quedaran registros en los libros de entrada y salida de la Escuela Militar que permitieran identificar a los culpables. Posteriormente el Coronel Benavides ordena quemar todos los libros de registro de la Escuela Militar, tanto de ese año como del anterior, con el fin de no dejar ningún cabo suelto.

Al poco tiempo de iniciada la investigación, el Coronel Ponce dispuso que se incorporara a la CIHD para colaborar con la investigación sobre el caso el Coronel Nelson Iván López y López, Jefe del Conjunto I del Estado Mayor, quien había estado al mando del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor durante toda la noche del 15 al 16 de noviembre en que se produjo la matanza: todo debía quedar atado y bien atado.

La investigación continúa, y la CIHD se entera de dos testigos que afirmaron haber visto efectivos del Atlacatl cerca de la UCA la noche de los crímenes. Poco tiempo después, estos testigos se retractan de sus afirmaciones.

También una empleada de la Universidad que declaró haber visto desde un edificio adyacente a la residencia de los jesuitas a soldados con uniformes camuflados y gorras, se retracta de su declaración inicia. Por su parte, la CIHD no toma declaración al Coronel Benavides, a pesar de que los hechos habían ocurrido en la zona bajo su Comando.

Continúa el escándalo internacional, y el Ministro de la Defensa se ve obligado a crear una Comisión Especial de Honor, integrada por cinco oficiales y dos civiles, para investigar los asesinatos.

La Comisión de Honor, al enterarse de lo investigado por la CIHD, interroga a unos 30 efectivos del Batallón Atlacatl. Los Tenientes Espinoza y Mendoza y el Subteniente Guevara, así como los soldados que participaron en el asesinato, confiesan su delito en declaraciones extrajudiciales ante la Comisión de Honor.

Sin embargo, un miembro civil de la Comisión altera las declaraciones hechas con el objeto de suprimir las menciones a la existencia de órdenes superiores, y elimina las referencias a algunos oficiales.

El día 12 de enero la Comisión presenta su informe al Presidente Cristiani. En él se señala como responsables a nueve personas, cuatro oficiales y cinco soldados, quienes fueron detenidos y luego sometidos a juicio.

La instrucción del proceso duró casi dos años. Durante este período el Coronel Ponce y otros coroneles del ejército salvadoreño, presionan a oficiales de menor rango para que no mencionaran órdenes superiores en sus testimonios ante la Corte.

Finalmente, se realizó el juicio ante jurado los días 26, 27 y 28 de septiembre de 1991, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. La identidad de los cinco jurados fue mantenida en secreto.

Por el asesinato fueron declarados culpables únicamente el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza. El juez encontró además culpables al Coronel Benavides y al Teniente Mendoza por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. Los Tenientes Espinoza y Guevara Cerritos fueron sentenciados a tres años por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El Teniente Coronel Hernández y el Teniente Mendoza fueron también condenado por el juez a tres años por encubrimiento real. Espinoza, Guevara y Hernández, a pesar de sus responsabilidades, quedaron en libertad y siguieron en la Fuerza Armada.

Sin embargo, los principales autores intelectuales del asesinato ni siquiera comparecieron en juicio. Además, y para culminar la farsa, los militares responsables del asesinato, el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza, fueron amnistiados 14 meses después.

Desde entonces se sucedió una larga lucha de los organismos de derechos humanos para que el caso fuera verdaderamente esclarecido y los culpables, procesados. La justicia de El Salvador se negó a colaborar, y fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ordenó investigar el caso.

Con todo, es la Audiencia Nacional española quién puede dar el paso definitivo para esclarecer el caso. Hace un año, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability de los Estados Unidos presentaron una querella contra “todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas”.

Como consecuencia de la querella, muchos documentos se van a desclasificar (el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha empezado a ello) y el escándalo va a ser mayúsculo.

Entre esos documentos figura el acta manuscrita del Estado Mayor del Ejército ordenando el asesinato de Ignacio de Ellacuría. También se van a aportar documentos que evidencian que el Departamento de Estado norteamericano y la CIA estaban al tanto de la orden de asesinato de Ellacuría y no sólo no lo impidieron, sino que lo encubrieron.

Se descubrirá que la cúpula político – militar del Salvador, al más alto nivel, ordenó acallar las voces incómodas y discrepantes, y que hubo una verdadera política sistemática de violaciones de los derechos humanos llevada a cabo por el Gobierno y el Ejército salvadoreño, con la aquiescencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En esa situación, el asesinato de Ellacuría junto a otros 6 jesuitas, su asistenta y la hija de ésta, figura entre los hechos más emblemáticos de ese tiempo negro y nefasto en El Salvador.

Ellacuría, como Monseñor Romero, fueron un ejemplo de compromiso con los más pobres, de defensa de la vida y dignidad de los más desfavorecidos, en unos años convulsos en el que el exterminio masivo y organizado de los opositores era Política de Estado.

Ha llegado la hora de que los verdaderos culpables, los responsables intelectuales de esta matanza, afronten sus responsabilidades. Lamentablemente, tendrá que ser en España, ya que El Salvador, hasta ahora, se ha negado a enjuiciar debidamente a los responsables.

El caso, además, salpicará a diversos países. La constatación del negro papel jugado por la CIA y el Departamento de Estado volverá a poner en evidencia la actuación de los presidentes norteamericanos durante los años de fuego en América Latina. Y es que una vez más, como ocurrió en Chile con el Golpe de Pinochet, o con Videla en Argentina, o en Uruguay o Guatemala, los golpes de estado y los genocidios llevados a cabo por el ejército fueron ideados, apoyados y financiados por los Estados Unidos.

La voz de Ignacio Ellacuría, sin embargo, no fue acallada ni silenciada con su asesinato. Todo lo contrario: desde entonces, su figura se engrandeció y fue objeto de homenajes y estudios que le han convertido en un ejemplo de sacerdote comprometido con la vida y con esa “opción preferencial por los pobres” que él consideraba que debía asumir la Iglesia Católica.

Su voz y su figura, 20 años después de su muerte, se han revitalizado y se ha terminado cumpliendo el pronóstico que realizó Monseñor Romero poco antes de su muerte: “Y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

Así ha ocurrido con Ellacuría, Romero y los mártires jesuitas de la UCA.

La desinformación, por no decir manipulación, que nos llega de las noticias de América Latina es alarmante. Lo vemos a diario con Venezuela, Bolivia o Honduras, y lo más grave es que, al coincidir todos los periódicos en esa tergiversación de la realidad, la gente acaba creyendo lo que se dice - falsamente - sobre América Latina y sus gobiernos izquierdistas.

Así, hace una semana pude leer en varios medios españoles que en Venezuela las políticas de Chávez son tan nefastas que la economía está hundida, hay racionamiento de alimentos y hay dificultades para encontrar “huevos y leche” en los supermercados. En Libertad Digital se llegaba a decir que es prácticamente imposible acceder a estos alimentos básicos si no es por medio del estraperlo callejero.

Hace menos de 1 mes que estuve en Venezuela de vacaciones y nada más lejos de la realidad. Fui un día al supermercado más cercano a mi hotel y pude comprar, sin problema alguno, huevos y leche. Ni estraperlo ni nada, son alimentos fácilmente accesibles. Pero interesa transmitir una imagen distorsionada de Venezuela como de un país caótico y sumido en la miseria con tal de debilitar al Presidente Chávez (por no hablar de la supuesta falta de libertad de expresión, cuando la mayoría de la prensa es opositora a Chávez en la TV hay mayoría de cadenas furibundamente adversas a sus planteamientos).

Lo mismo ocurre con otras fuerzas de cambio en América Latina. Así, Periodista Digital y algunos articulistas de El País han confundido al líder de la oposición, Ollanta Humala, con su hermano Antauro, recientemente condenado por el asesinato de 4 policías. Se trata de hacer pasar a Ollanta por un peligroso delicuente, a fin de desacreditar su ideología izquierdista. Por ello, mezclan a ambos hermanos, cuando su relación no es buena, sus políticas son diferentes y pertenecen a partidos distintos.

Vincenç Navarro, del que hemos publicado otras veces lúcidos análisis, ha dado en el clavo con diversos ejemplos en su artículo “La desequilibrada cobertura mediática de Venezuela y Honduras“:

Hace unas semanas, la Fiscal del Ministerio Público de Venezuela propuso una ley a la Asamblea Venezolana que hubiera permitido sancionar, con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, a aquellas personas que divulgaran información que atentara contra “las instituciones del Estado”, “la salud mental o moral pública”, “el orden público” o “la seguridad de la población”, términos definidos vagamente y que podían dar pié a una represión en contra de la libertad de expresión. Como era de esperar, tal propuesta de Ley generó un gran rechazo por parte de la mayoría de los medios de información en España, los cuales han presentado tal propuesta de Ley como una prueba más de las tendencias dictatoriales del Presidente Chávez, al cual se le atribuye el deseo de destruir la libertad de prensa existente en aquel país.

Ninguno de los mayores medios de información en España (repito, ninguno) ha publicado, sin embargo, las declaraciones del Arzobispo Luis Alfonso Santos Villena de Santa Rosa, cuya sede está también en Honduras, que en entrevistas publicadas en la revista Catholic News Service (04.08.09) y en sus respuestas a las preguntas hechas por la cadena de televisión CNN, indicó que “algunos dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al proponer cambiar la Constitución. Pero los pobres de Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto es lo que conocen. De lo que ellos son conscientes es que defendió a los pobres, ayudando financieramente a los ayuntamientos y a las comunidades pequeñas con escasos recursos. Esta es la razón que ahora está en la calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de Zelaya”. Es más, en una entrevista telefónica el 30 de julio, señaló que era “un error asumir (como hacen los medios) que Honduras tuviera una democracia y que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la población hondureña…En realidad, nunca hubo democracia en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral donde a la población se le ofrece la oportunidad de escoger entre candidatos que han sido elegidos por la élite política. La población no está representada ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema, todas escogidas por los ricos del país. Somos el país más corrupto de Centroamérica. No podemos decir que tengamos una democracia en la que la población participe en las decisiones”. El Obispo añadió que “las personas detrás del golpe no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para preparar el golpe y luego encontraron los argumentos para justificarlo. A ellos no les importa que niños mueran de hambre o que personas mueran en los hospitales por falta de medicinas” (entrevistas, el 29 de julio en la Radio jesuita Progreso). Preguntado sobre las declaraciones del Cardenal Rodríguez en defensa del golpe, el Obispo indicó que “la Iglesia hondureña tiene voces distintas a las del Cardenal”. En realidad, las órdenes jesuitas y dominicanas de Centroamérica han condenado el golpe. Usted, lector, sin embargo, es probable que no lo sepa, pues no se ha informado al pueblo español de ello. ¿No le preocupa que los medios españoles de mayor difusión no sean más equilibrados en sus reportajes sobre América Latina?

El doble rasero de Occidente con Uribe es escandaloso. Un Presidente con vínculo con el narcortráfico y el paramilitarismo (la mitad de su partido está siendo juzgado y/o encarcelado por los vínculos con los paramilitares; la novia del difunto líder del narcotráfico, Pablo Escobar, declaró que éste prestó su avión particular a Uribe, lo que evidencia la amistad existente entre ellos), las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas durante su régimen, que incluyen el asesinato de mendigos para camuflarlos después como miembros de las FARC, en los que se llamaron “falsos positivos”; el espionaje a la opósición; y la reelección para un segundo mandato mediante el soborno a congresistas opositores, y las aspiraciones para una segunda reelección (al estilo Chávez, pero sin que se le acuse de Dictador como al venezolano), son obviadas por Occidente, que lo tiene como un héroe al mismo tiempo que critica a otros mandatarios (Chávez, Morales, Zelaya) que no han cometido ni la mitad de tropelías que Álvaro Uribe, el Narco-Presidente colombiano.

Esta contradicción es obviada por nuestros medios de comunicación. Isaac Rosa, joven promesa de nuestras letras y colaborador de Público, ha sido, sin embargo, de los pocos en poner el dedo en la llaga en este artículo titulado “Uribe, uno de los nuestros“:

“La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sería una señal de confianza en nuestro país” -Álvaro Uribe, presidente de Colombia-

“Según la versión oficial, el desencadenante del golpe de Estado en Honduras fue la convocatoria por parte de Zelaya de una consulta popular sobre una posible reforma de la constitución que permitiese la reelección por sucesivos mandatos. Lo que en la terminología de cierta prensa llaman “perpetuarse en el poder” cuando lo hace el “Eje del Mal” latinoamericano (Chávez y compañía). La consulta no era vinculante, y la posible reforma resultante ni siquiera habría alcanzado a Zelaya, cuyo mandato termina pronto. Y aún así, lo detuvieron y sacaron del país.

Pero el pecadillo de Zelaya podría haber sido más gordo. Imagínense que en vez de una consulta, hubiera decidido modificar la constitución por vía parlamentaria, sobornando para ello a varios diputados para cambiar su voto. Y que después de un segundo mandato, se plantease un referéndum para otra reforma que le permitiese optar a una tercera elección.

Siguiendo el juego de política ficción, imagínense también que Zelaya tuviese vínculos con el narcotráfico y grupos paramilitares, que hubiese lanzado operaciones militares en países vecinos, que hubiese financiando sus campañas de forma delictiva, y que bajo su gobierno el país liderase el continente en asesinatos políticos, violación de derechos humanos y producción de droga.

No, dirán ustedes, no cabe un demonio así. O tal vez sí. ¿Cómo se llama ese tipo que gobierna Colombia? Álvaro no sé qué… Ah, sí, Uribe. Sí, es cierto, él ha hecho todo eso y algunas cosas más. Pero no ha cometido el mayor pecado posible en el continente: buscar alianzas que erosionen el dominio estadounidense. No, él no pertenece al Eje del Mal continental. Es uno de los nuestros“.

Cuando parecía imposible que se repitieran los siniestros movimientos de los años 70, cuando América Latina vive el mejor momento de su historia, con los mayores índices de crecimiento e inclusión social y con un continente plagado de democracias en las que solo pervive una dictadura (la cubana), resurge el pasado y el ejército da un Golpe de Estado en Honduras, secuestra a su Presidente, lo deporta y nombre como nuevo Presidente, de manera ilegal, a su principal cómplice, Roberto Micheletti, hasta ahora Presidente del Congreso hondureño.

Para entender la crisis, hay que comprender la situación política de Honduras. Honduras regresó a la democracia en 1982, fecha de redacción de la actual Constitución que fue tutelada por la Dictadura Militar gobernante hasta entonces. Desde ese momento, se han sucedido en el poder dos partidos políticos, el Partido Nacional, de derecha dura, y el Partido Liberal, de centro-derecha. El actual presidente, Manuel Zelaya, pertenece al Partido Liberal, con el que ganó las elecciones. Hasta ahí todo normal, salvo por el viraje que dio Zelaya cuando accedió al poder, en el que se apartó de los sectores oligárquicos que han ostentado el poder fáctico en Honduras desde hace décadas, para desarrollar una políticas más populares y sociales, buscando para ello el apoyo de Hugo Chávez, teóricamente contrario a sus posiciones ideológicas, pero que le ayuda con dinero y petróleo para sacar adelante la economía del país. Por ello, Zelaya se alejó de la tutela americana y se sumó al Alternativa Bolivariana de las Pueblos de las Américas (ALBA). Desde entonces, los recelos de los militares y los poderes fácticos del país han ido in crescendo.

Por otro lado, la Constitución Hondureña de 1982 establece unos pocos preceptos que no pueden ser modificados bajo ningún concepto (algo impropio de una constitución democrática), como son la unidad de la patria (se aprecian aquí las típicas obsesiones nacionalistas de las constituciones redactadas bajo el influjo militar) y la no reelección del presidente (artículo 4: “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria; la infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”), es decir, que el presidente del país una vez que agote su mandato, no se puede volver a presentar a las elecciones (reelección que sí permiten la mayoría de las democracias, como España).

Zelaya, siguiendo la estela de otros presidentes latinoamericanos de diverso signo político (Chávez o Uribe, por ejemplo), pretendía convocar una consulta el pasado domingo para preguntar si el pueblo estaba de acuerdo con que en las próximas elecciones se convocara un referéndum para determinar si se convocaba una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución en la que estuviese permitida la reelección, entre otros importantes cambios.

Como bien argumenta Ignacio Escolar, no se estaba debatiendo la reelección, sino preguntando si se podría preguntar sobre la posible reforma de la Constitución. Además, en todo caso, Zelaya había descartado (si salían bien las dos consultas y se reformaba la Constitución), que él se volviera a presentar, entre otras cosas porque cuando se hubiese redactado la nueva Constitución él ya no sería presidente de Honduras (cesa en su mandato en Enero de 2010 y la consulta sobre la nueva Constitución, si se ganaba el domingo la primera pregunta, era en Noviembre).

Todas estas reformas ponían nerviosa a la oposición y al propio Partido Liberal, que veían en ello una manera de socavar el poder de los oligarcas que han estado ostentando el poder a lo largo de todos estos años, gobernase quien gobernase.

Por ello, se orquestó una campaña en contra de Zelaya. Primero el Tribunal Supremo Electoral (elegido por los diputados del Parlamento, opuestos a Zelaya), que desde el principio de su mandato le había puesto piedras en el camino (como cuando retrasó un mes su nombramiento como Presidente) y el Parlamento declararon ilegal la consulta, y el ejército desoyó las órdenes de Zelaya, a la sazón Jefe Supremo del mismo, de permitir la convocatoria de la consulta, por lo que éste se vio obligado a destituir al Jefe del Estado Mayor, que es repuesto por el Parlamento. Tambores de golpe de estado suenan mientras los poderes fácticos arrinconan al Presidente.

Finalmente, el domingo el ejército dio un Golpe de Estado, sacó de su casa en pijama a Zelaya a punta de pistola, lo secuestró y deportó a Costa Rica, tomó las principales instituciones del país y el Presidente del Congreso, Micheletti, es proclamado Presidente de Honduras.
Por mucho que se empeñen en disfrazar todo el proceso con un velo de legalidad, se trata de un Golpe de Estado inaceptable, por más que pueda ser discutible o no la consulta de Zelaya (eso lo dejo para otro artículo). En ningún caso puede ser el Ejército el que determine quién gobierna el país, y menos aún que use la fuerza para secuestrar el Presidente legítimo y deponerlo, y luego someter al país con un toque de queda y censura de medios y represión contra el pueblo que se echa a las calles defendiendo la democracia y la legalidad constitucional.

Pero las cosas han cambiado. La reacción internacional ha sido unánime condenando el Golpe de Estado y defendiendo a Zelaya como único Presidente legítimo.

Muy destacable ha sido la posición de Estados Unidos, acostumbrado en el pasado a apoyar este tipo de golpes. Obama ha sido claro condenando enérgicamente el Golpe, a pesar de que Zelaya desarrolla una política que es contraria a los intereses americanos en la zona. Obama ha dicho que no considerará otro Presidente más que Zelaya. En la Unión Europea las reacciones han sido las mismas.

Y en América Latina han sido firmen todos los países, e incluso Venezuela ha ido un paso más lejos amenazando con una intervención militar para reponer a Zelaya.

Pintan mal las cosas para los golpistas. Sin el apoyo internacional, aislados (Zapatero ha reaccionado con entereza y ha pedido a la UE que retire a todos los embajadores de Honduras) y sin el tradicional y poderoso apoyo de Estados Unidos, sumado a la oposición popular, las posibilidades de que prospere el gobierno golpista son mínimas.

Zelaya ha dicho que volverá el jueves a Honduras. Por el bien del país, los militares deberían retirarse y Micheletti irse, so pena de que la situación se complique y acabe en un enfrentamiento con las masas con el trasfondo de la posibilidad de una intervención armada de Venezuela.

Todos los demócratas, más allá de las diferencias que tengan, deben estar con Zelaya y aislar al nuevo gobierno. Así lo ha entendido, de forma histórica, la comunidad internacional. Si se frena este Golpe de Estado, se habrá demostrado que este tipo de levantamiento antidemocráticos no tienen cabida en el Siglo XXI. Y muchos otros militares golpistas se lo pensarán 2 veces antes de volver a intentar someter la legalidad y el orden constitucional de sus países. No podemos volver a los ignominiosos años 70.

Finalmente, el Gobierno de Alan García ha tenido que ceder y derogar los polémicos Decretos que vendían la Selva a las transnacionales ante las duras y masivas protestas de los indígenas peruanos, que acabaron extendiéndose al resto del país.

Lástima que para ello hayan tenido que morir decenas de personas, todo por culpa de la soberbia e intransigencia de un Gobierno que ignoró a los indígenas a la hora de legislar sobre su terreno (contraviniendo el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas) y que después decidió reprimirlos violentamente con armas de fuego que causaron decenas de muertos.

Sin embargo, acorralado y ante el escándalo internacional y la presión popular, Alan García ha tenido finalmente que ceder y derogar los Decretos. Se trata de un triunfo de la oposición popular, de los indígenas, y una muestra de que, frente a lo que comúnmente se cree, no todo está perdido, y las fuerzas sociales (sindicatos, movimientos populares) aún tienen mucho que decir y, unidos, tienen fuerza suficiente para enfrentarse al poder establecido.

Así lo han demostrado los pueblos indígenas del Perú, en una nueva muestra de coraje. Su defensa de los territorios Amazónicos (una defensa que concernía a todo el país y, acaso, a todos nosotros, ya que el Amazonas es el pulmón de la Tierra) ha dejado tambaleando a un Gobierno en el que el Primer Ministro, Yehude Simón, ya ha anunciado que dejará su puesto, y en el que el Presidente, Alan García, ha dejado al descubierto sus ínfulas totalitarias y ultraconservadoras.

Esta victoria puede suponer, además, el anticipo de un cambio de rumbo en el Perú, que en 2011 tendrá Elecciones Presidenciales en las que, si sigue esta unión popular, las fuerzas de izquierda pueden hacerse con el poder y cambiar el rumbo de un país aislado en América Latina como consecuencia de un Gobierno que se ha quedado sólo en la defensa de las política neoliberales más radicales.

La moraleja es clara: si las fuerzas populares y los movimientos sociales se unen, no todo está perdido. Quizás debiéramos tomar nota de esta lección los europeos.

Estos días Perú es tristemente noticia por los enfrentamientos entre la policía y los nativos peruanos del Amazonas que protestan desde hace meses exigiendo la derogación de unos decretos legislativos aprobados por el Gobierno peruano que conceden los terrenos de la Amazonía a la inversión privada.

Se trata de unos decretos de desarrollo del Tratado de Libre Comercio con EEUU aprobado el año pasado. En estos decretos, se retira el calificativo de patrimonio forestal a 45 millones de hectáreas de la Amazonía para que, de esta forma, dejen de ser terrenos protegidos y pasen a formar parte del régimen agrario que les permite ser vendido a las multinacionales gasísticas y petroleras para su explotación. Así, casi el 60% de los bosques primarios serían arrebatados a los nativos que allí habitan para ser concedidos a las transnacionales.

Se trata de una agresión sin precedentes a las comunidades indígenas del Amazonas, para las que la tierra y el agua son su forma de vida, su cultura ancestral que, en caso de desaparecer, conllevaría también la destrucción de su milenaria cultura y forma de vida. En palabras de un líder nativo, “para el Gobierno el territorio es riqueza, pero para nosotros, que comemos los animales del monte y bebemos el agua de los ríos, es nuestra vida”.

Pero el problema no es simplemente una discusión politico-económica sobre el destino del Amazonas y el supuesto provecho que se podría obtener de la Selva, sino también de un problema jurídico. Y es que los citados Decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que ambos tratados establecen el derecho a la consulta previa de los pueblos antes de promulgar una ley que afecta a sus territorios, cosa que no se ha hecho. De la misma forma, también se vulnera la Constitución del Perú, como dictaminó la Comisión Constitucional del Congreso y la Defensoría del Pueblo.

Pese a esta inconstitucionalidad e ilegalidad de los Decretos, el Gobierno de Alan García se negó a derogar los decretos. Tras varios intentos fallidos de diálogo con los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP), estos se declararon en huelga hace más de 3 meses. Continuaron, a pesar de ello, las negociaciones, si bien en todo momento se engañó a los indígenas, prometiéndoles una derogación que nunca llegaba, luego una suspensión, que tampoco se efectuaba, todo ello entre insultos y con una arrogancia y altanería muy propia de Alan García.

Los indígenas elevaron el tono de sus protestas, y ocuparon carreteras y plantas petroleras de forma pacífica. Fue en ese momento cuando el Gobierno cometió el gran error, y ordenó (siguiendo los consejos de la prensa más conservadora y racista: recientemente, un analista conservador dijo textualmente “no sé qué espera Alan que no prepara a su FAP con todo el napalm necesario”) reprimir las protestas a sangre y fuego, y unos helicópteros de la policía ametrallaron a la población indígena, indefensa, que ocupaba la carretera.

Los indígenas, ante la muerte de sus compatriotas, se rebelaron, y con lanzas mataron a varios policías, haciéndose también con armas de los mismo, comenzando así violentos enfrentamientos que acabaron con la muerte de 23 policías y un número indeterminado de indígenas (en principio, el Gobierno habla de 4 indígenas muertos, pero las ONG de Derechos Humanos, la Iglesia y muchos testigos hablan de cientos de ellos, cuyos cadáveres la policía está intentando ocultar tirándolos al río o quemándolos).

En este momento, el gobierno de Alan García ordenó detener al líder de AIDESEP, Alberto Pizango, que se ha asilado en la Embajada de Nicaragua, y acusó a los indígenas de terroristas. Sin embargo, las protestas se elevaron, y hubo marchas pacíficas de apoyo a los nativos por todo el país que han obligado al Gobierno a suspender temporalmente los Decretos.

El país ha llegado a un punto de inflexión. El gobierno de Alan García, que ya en 1986 ordenó reprimir una revuelta en los Penales con una matanza, se ha desprestigiado y deteriorado al máximo con esta nueva matanza.

No es cierto que los indígenas sean terroristas. Nada más lejos de la realidad. Fueron estos mismo indígenas los que se dejaron la sangre y la vida luchando contra el terrorismo de Sendero Luminoso en los 80. Los mismos que combatieron en la guerra con Ecuador, y que ahora sólo luchan por sus derechos, por evitar que algo tan importante como las tierras del Amazonas dejen de ser de todos y pasen a ser explotaciones de unas pocas empresas.

El origen de la matanza, además, estuvo en las fuerzas del orden, que ametrallaron indiscriminadamente a la población civil que, exacerbada, se defendió, con violencia (también injustificada, todo sea dicho.

Ahora, todas las fuerzas opositoras (las diferentes izquierdas, que por primera vez en mucho tiempo no se pelean entre ellas, ONGs de derechos humanos, parte de la Iglesia, autoridades locales y regionales, sindicatos, movimientos indígenas y civiles) se han unido para luchar contra el Gobierno autoritario y neoliberal de Alan García, que va a tener que soportar una presión popular inaguantable en los 2 años que le quedan de mandato.

A García no le queda más remedio que dar marcha atrás y derogar los decretos, y si tuviera dignidad, relevar a los responsables de las matanzas (no lo hará, ya que en última instancia el responsable es él).

Se trata de una lucha histórica, en la que los pueblos originarios se unen para defender sus derechos y la tierra de todos (el Amazonas es el pulmón de la Tierra) frente a las intenciones de vender a las transnacionales lo que no es sino su espacio de vida. Una lucha desigual, entre los poderes establecidas y los indígenas, que, sin embargo, ganarán los nativos, ya que están dispuestos a luchas hasta la muerte para defender su forma de vida y su cultura.

Sin duda, un ejemplo para todos.

P.D.: Para comprobar gráficamente la situación de un Perú vendido a la explotación extranjera, nada mejor que ver el gráfico del Gobierno con el estado de las concesiones: prácticamente todo el Amazonas está parcelado y vendido a las petroleras. De hecho, de 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%. Ya era hora de que alguien se rebelara ante tamaña explotación.

La polémica entre el ilustre escritor e intelectual Mario Vargas Llosa -al que admiro profundamente-, y el Presidente de Venzuela, Hugo Chávez, ha servido para emprender una nueva campaña contra el líder bolivariano, intentando desacreditarle al presentarle como un dictador y ensalzando al mismo tiempo esa supuesta oposición limpia y democrática que existe en Venezuela. Nada más lejos de la realidad.

Cierto es que Hugo Chávez tiene muchas cosas malas-también tiene en su haber aciertos- y que en Venezuela se empieza a percibir un devenir autoritario que le hace un flaco favor a la revolución bolivariana. No obstante, decir que Venezuela, el país que más elecciones celebra en el mundo, es una Dictadura, es una soberana estupidez. Más aún cuando se quiere contraponer a un Hugo Chávez liberticida frente a una oposición democrática y liberal, ejemplar en todo caso. Falso. Ni Hugo Chávez es el Dictador que pintan (tampoco un demócrata ejemplar), ni la oposición un ejemplo de libertades.

Transcribo un artículo del veterano Director del Diario La Primera, de Perú, gran conocedor de la política latinoamericana, en el que destapa algunos hechos sobre la oposición chavista que quizás sean desconocidos para el gran público.

Para cualquier persona sensata es evidente que Estados Unidos está desde hace años en campaña para desacreditar y, si es posible, derrocar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

El show montado por Mario Vargas Llosa y su hijo encuadra en ese plan. Ha recibido por eso un apoyo mediático insólito.

Derrocar es un verbo cien veces conjugado en primera persona del singular por el imperialismo estadounidense.

Ha organizado la reunión caraqueña el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), la institución venezolana que recibe los mayores aportes económicos de las agencias de Estados Unidos.

Los fomentadores del escándalo en torno a la reunión de Caracas han ocultado que Rocío Guijarra, la gerente general de Cedice, apoyó el golpe de estado de abril del 2002 contra el régimen constitucional de Hugo Chávez.

Los que acudieron a Caracas para fomentar un escándalo sabían sin duda de ese antecedente. Tampoco podían ignorar el carácter de ese golpe que en el 2002 apresó a Hugo Chávez y quiso obligarlo a renunciar. Todo se convirtió en una farsa cuando las masas populares bajaron de los cerros para apoyar a Chávez. Al final, hasta las tropas de los golpistas cambiaron de hombro el fusil.

Mario Vargas Llosa, quien residía en España, sabe lo que denunciaron en esos días publicaciones madrileñas como Cambio 16: que horas antes de viajar a Caracas para el golpe, Pedro Carmona, el “presidente” de los golpistas, se había reunido en Madrid con jefes del Opus Dei.

En suma, la Guijarra apoyaba una aventura fascista cuyo carácter distintivo se produjo cuando el efímero Carmona no sólo “depuso” al presidente constitucional Hugo Chávez, sino que disolvió el Congreso y anuló todas las autoridades constituidas: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, etc.

La televisión privada aplaudió frenéticamente el pronunciamiento contra Chávez, y cuando las masas avanzaban hacia Palacio decidió ocultarlo, y empezó a difundir dibujos animados. Después no sabían dónde meterse.

Cedice coordina hoy con la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Bolivia, cuya orientación fascista, racista y separatista es conocida en el continente.

Uno de los financiadores de la cita derechista de Caracas es el Instituto Cato, conocido como órgano fascista ultraliberal.

Cedice y Cato van a crear en Caracas una universidad privada ultraderechista. Uno de los profesores será Daniel Córdova, decano de la escuela de economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima. Ese eminente profesor es el que, apenas iniciada la crisis que estremece al mundo, vaticinó, en el programa de Jaime de Althaus, en Canal 8, que la crisis sólo iba a durar tres meses.

Esa es la catadura de los libertarios aglomerados en Caracas.