La posible competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los crímenes del franquismo sigue levantando polémica, como lo demuestra el recurso presentado por la Fiscalía contra el auto de Baltasar Garzón.
Exponíamos ayer una serie de argumentos que nos llevaban a inclinarnos por las teorías de Garzón, pero no podemos dejar de comentar algunos argumentos de calado señalados por la fiscalía. Se trata, en todo caso, de un tema controvertido, sujeto a distintas interpretaciones y susceptible de un interesante debate jurídico. Porque de eso debería tratarse, de un debate jurídico independiente de las posiciones políticas que se tengan al respecto. Lamentablemente, la derecha política y mediática no han tardado en descalificar e insultar a Garzón, sustrayéndose del debate jurídico.
De los múltiples argumentos expuestos por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para rechazar la competencia de ésta a la hora de enjuiciar los crímenes del franquismo, destaca el que señala la supuesta competencia del Tribunal Supremo para un hipotético juicio, ya que Franco y sus ministros ostentarían la condición de aforados, y por tanto correspondería al Supremo el supuesto enjuiciamiento de sus crímenes.
Es una observación interesante, como lo es también que fiscal rechace la existencia de un delito de desaparición forzosa, ya que nadie permanece secuestrado 60 años, y abogue por el de asesinato. Esta teoría eliminaría la posibilidad de existencia del delito de desaparición forzosa, que forma parte de los crímenes contra la humanidad, cuando la jurisprudencia internacional viene defendiendo su existencia durante años.
Sí tiene razón en algo el fiscal, y es que no corresponde a la Justicia llevar a cabo las reparaciones morales de las víctimas y familiares, sino al Estado. Completamente cierto, pero por desgracia el Estado abdicó de esa tarea, y si la Justicia, a través del correcto enjuiciamiento de unos crímenes puede cumplir con ese cometido, bienvenido sea.
En mi opinión, todo indica que la causa terminará archivándose, puesto que la Audiencia Nacional es más que probable que deniegue su competencia al respecto. Ello no significaría que el auto de Garzón fuera un disparate, sino que la Audiencia aplica legítimamente otros criterios jurídicos respecto de un tema discutido y discutible. Eso sí, no sería la primera vez que los máximos tribunales españoles desconocen la jurisprudencia internacional que les es de obligatorio seguimiento. Hay muchos ejemplos al respecto (que comentaremos en un futuro al exponer la necesidad de un mayor seguimiento de la jurisprudencia comunitaria e internacional por nuestros tribunales). Para muestra, un botón:
- La doctrina comunitaria de sucesión de empresa ha sido obviada de manera explícita por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sentencia de 20 de octubre de 2004 de la Sala de lo Social);
- La doctrina del TEDH sobre el derecho a un juez imparcial (caso Segundo Marey, caso de las escuchas del CESID);
- El derecho a la doble instancia penal contenido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (caso Banesto, por ejemplo).
Y un largo etcétera de sentencias demuestra que los Tribunales españoles no siguen, como deberían, la jurisprudencia y doctrina internacional. No sería raro, por tanto, que hicieran lo mismo en este caso y declararan la prescripción de los delitos del franquismo.
Para terminar, transcribo dos comentarios sobre el tema, esta vez de índole política. El primero, de Iñaki Gabilondo, a mi parecer muy acertado y dotado de una gran dosis de verdad, mal que nos pese:
“Como sospechábamos, la intención de Garzón de juzgar por lo penal la sublevación franquista tiene pocos visos de prosperar. El recurso de la Fiscalía es durísimo contra Garzón, tanto en la forma como en el fondo. Se abre una disputa jurídica que no estamos capacitados para valorar. Pero hay otro aspecto, más político, más social, abierto al comentario: es el que se refiere al espíritu de la transición, que dicen ahora traicionado. El tal espíritu fue la prudencia de una sociedad atemorizada. Fue necesario, fue útil e hizo posible la democracia, pero hay que recordar que fue un ejercicio de generosidad asimétrica. Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada y no perdonaron a nadie. Persiguieron durante cuarenta años a los que consideraron enemigos. Los que perdieron la guerra, por el contrario, no pasaron una sola factura tras la muerte del dictador. La reconciliación nacional fue, sobre todo, un gigantesco acto de perdón de los derrotados gestionado con mucha categoría, eso sí, por los jóvenes del último franquismo, con Suárez a la cabeza. Pero nunca creímos que aquel espíritu fuera un borrador, un blanqueador de la sublevación y la dictadura, y que la democracia iba a permitir que, pasado algún tiempo, se consagrara en la calle una repugnante equivalencia entre la legalidad republicana y la ilegalidad franquista. Hace unos días dijo Zapatero que el franquismo ya ha sido juzgado por la historia. Desde luego, no por la historia de nuestro país. Recordemos las reticencias y resistencias a la condena en nuestro Parlamento… y hace unas semanas fue elogiado por un prohombre como Mayor Oreja. Entre unas cosas y otras, el espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo“.
Y para no perder la perspectiva internacional del problema, transcribo el editorial del prestigioso diario peruano “La República”, caracterizado a lo largo de su historia por su independencia y defensa de la democracia y los derechos humanos, hasta el punto de ser el único periódico que denunció los desmanes de Fujimori durante su Dictadura:
“Casi 70 años después de acabada la Guerra Civil española y luego de 33 del restablecimiento de una democracia para muchos ejemplar, un magistrado ha abierto una causa contra los crímenes del dictador Francisco Franco –quien gobernó con mano de hierro por casi 40 años– y sus secuaces. El motivo: haber ordenado y ejecutado la eliminación sistemática de sus opositores políticos entre 1936 y 1952.
Ha tenido el coraje de dictar esta medida el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón –el mismo que pidió la extradición del tirano Pinochet por crímenes contra los DDHH y lo mantuvo inmovilizado en Londres durante año y medio–, quien, en un auto procesal que ha sido declarado histórico por varias asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, se declaró competente para juzgar esos crímenes.
Garzón fundamenta su decisión en que los crímenes de Franco constituyen delitos contra la humanidad que no han prescrito. Al mismo tiempo considera, como lo dice el auto, que su decisión constituye “una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha”. Aquí, sin duda, radica el valor fundamental del pedido de las víctimas del franquismo –más de 143,000 debidamente documentadas– que reclaman la ubicación y la entrega de los restos de sus familiares.
El pedido ha escandalizado a la derecha, y el Partido Popular –como aquí los fujimoristas y sus cómplices– acusa a Garzón de “montar un espectáculo a costa de reabrir viejas heridas”. Pero la respuesta, válida para España y el Perú, es que dichas heridas nunca cicatrizaron: no hubo en España una CVR y ni se indemnizó a las víctimas. Y ningún Estado puede borrar o desconocer sus propios crímenes.
El juez Garzón ordena, además, que se proceda a la exhumación de las fosas comunes señaladas por los denunciantes, reiterando que corresponde al Estado el levantamiento, identificación y entrega de los restos a sus descendientes (si los hay), en simbólico acto de reparación a las víctimas. Es obvio que no se podrá sentar a Franco en el banquillo. Pero un juicio, aunque sea virtual, es necesario para España, un país que no supo enfrentar las miserias del pasado.
Menos mal, en el Perú no será necesario esperar tanto. El dictador bajo cuyo régimen autoritario se realizaron crímenes atroces viene siendo juzgado. Tenemos el informe final de la CVR, un documento oficial que proporciona un juicio certero sobre lo ocurrido entre 1980 y 2000 y sus antecedentes. Es verdad que las fosas con miles de víctimas anónimas recién comienzan a abrirse y que sus familiares no han sido indemnizados. Pero en el futuro, gracias al coraje de unos pocos que se negaron a barrer bajo la alfombra los horrores cometidos, nadie podrá acusarnos –como ocurre en España– de no haber afrontado nuestros fantasmas”.