El rincón de la memoria

Cuando parecía imposible que se repitieran los siniestros movimientos de los años 70, cuando América Latina vive el mejor momento de su historia, con los mayores índices de crecimiento e inclusión social y con un continente plagado de democracias en las que solo pervive una dictadura (la cubana), resurge el pasado y el ejército da un Golpe de Estado en Honduras, secuestra a su Presidente, lo deporta y nombre como nuevo Presidente, de manera ilegal, a su principal cómplice, Roberto Micheletti, hasta ahora Presidente del Congreso hondureño.

Para entender la crisis, hay que comprender la situación política de Honduras. Honduras regresó a la democracia en 1982, fecha de redacción de la actual Constitución que fue tutelada por la Dictadura Militar gobernante hasta entonces. Desde ese momento, se han sucedido en el poder dos partidos políticos, el Partido Nacional, de derecha dura, y el Partido Liberal, de centro-derecha. El actual presidente, Manuel Zelaya, pertenece al Partido Liberal, con el que ganó las elecciones. Hasta ahí todo normal, salvo por el viraje que dio Zelaya cuando accedió al poder, en el que se apartó de los sectores oligárquicos que han ostentado el poder fáctico en Honduras desde hace décadas, para desarrollar una políticas más populares y sociales, buscando para ello el apoyo de Hugo Chávez, teóricamente contrario a sus posiciones ideológicas, pero que le ayuda con dinero y petróleo para sacar adelante la economía del país. Por ello, Zelaya se alejó de la tutela americana y se sumó al Alternativa Bolivariana de las Pueblos de las Américas (ALBA). Desde entonces, los recelos de los militares y los poderes fácticos del país han ido in crescendo.

Por otro lado, la Constitución Hondureña de 1982 establece unos pocos preceptos que no pueden ser modificados bajo ningún concepto (algo impropio de una constitución democrática), como son la unidad de la patria (se aprecian aquí las típicas obsesiones nacionalistas de las constituciones redactadas bajo el influjo militar) y la no reelección del presidente (artículo 4: “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria; la infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”), es decir, que el presidente del país una vez que agote su mandato, no se puede volver a presentar a las elecciones (reelección que sí permiten la mayoría de las democracias, como España).

Zelaya, siguiendo la estela de otros presidentes latinoamericanos de diverso signo político (Chávez o Uribe, por ejemplo), pretendía convocar una consulta el pasado domingo para preguntar si el pueblo estaba de acuerdo con que en las próximas elecciones se convocara un referéndum para determinar si se convocaba una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución en la que estuviese permitida la reelección, entre otros importantes cambios.

Como bien argumenta Ignacio Escolar, no se estaba debatiendo la reelección, sino preguntando si se podría preguntar sobre la posible reforma de la Constitución. Además, en todo caso, Zelaya había descartado (si salían bien las dos consultas y se reformaba la Constitución), que él se volviera a presentar, entre otras cosas porque cuando se hubiese redactado la nueva Constitución él ya no sería presidente de Honduras (cesa en su mandato en Enero de 2010 y la consulta sobre la nueva Constitución, si se ganaba el domingo la primera pregunta, era en Noviembre).

Todas estas reformas ponían nerviosa a la oposición y al propio Partido Liberal, que veían en ello una manera de socavar el poder de los oligarcas que han estado ostentando el poder a lo largo de todos estos años, gobernase quien gobernase.

Por ello, se orquestó una campaña en contra de Zelaya. Primero el Tribunal Supremo Electoral (elegido por los diputados del Parlamento, opuestos a Zelaya), que desde el principio de su mandato le había puesto piedras en el camino (como cuando retrasó un mes su nombramiento como Presidente) y el Parlamento declararon ilegal la consulta, y el ejército desoyó las órdenes de Zelaya, a la sazón Jefe Supremo del mismo, de permitir la convocatoria de la consulta, por lo que éste se vio obligado a destituir al Jefe del Estado Mayor, que es repuesto por el Parlamento. Tambores de golpe de estado suenan mientras los poderes fácticos arrinconan al Presidente.

Finalmente, el domingo el ejército dio un Golpe de Estado, sacó de su casa en pijama a Zelaya a punta de pistola, lo secuestró y deportó a Costa Rica, tomó las principales instituciones del país y el Presidente del Congreso, Micheletti, es proclamado Presidente de Honduras.
Por mucho que se empeñen en disfrazar todo el proceso con un velo de legalidad, se trata de un Golpe de Estado inaceptable, por más que pueda ser discutible o no la consulta de Zelaya (eso lo dejo para otro artículo). En ningún caso puede ser el Ejército el que determine quién gobierna el país, y menos aún que use la fuerza para secuestrar el Presidente legítimo y deponerlo, y luego someter al país con un toque de queda y censura de medios y represión contra el pueblo que se echa a las calles defendiendo la democracia y la legalidad constitucional.

Pero las cosas han cambiado. La reacción internacional ha sido unánime condenando el Golpe de Estado y defendiendo a Zelaya como único Presidente legítimo.

Muy destacable ha sido la posición de Estados Unidos, acostumbrado en el pasado a apoyar este tipo de golpes. Obama ha sido claro condenando enérgicamente el Golpe, a pesar de que Zelaya desarrolla una política que es contraria a los intereses americanos en la zona. Obama ha dicho que no considerará otro Presidente más que Zelaya. En la Unión Europea las reacciones han sido las mismas.

Y en América Latina han sido firmen todos los países, e incluso Venezuela ha ido un paso más lejos amenazando con una intervención militar para reponer a Zelaya.

Pintan mal las cosas para los golpistas. Sin el apoyo internacional, aislados (Zapatero ha reaccionado con entereza y ha pedido a la UE que retire a todos los embajadores de Honduras) y sin el tradicional y poderoso apoyo de Estados Unidos, sumado a la oposición popular, las posibilidades de que prospere el gobierno golpista son mínimas.

Zelaya ha dicho que volverá el jueves a Honduras. Por el bien del país, los militares deberían retirarse y Micheletti irse, so pena de que la situación se complique y acabe en un enfrentamiento con las masas con el trasfondo de la posibilidad de una intervención armada de Venezuela.

Todos los demócratas, más allá de las diferencias que tengan, deben estar con Zelaya y aislar al nuevo gobierno. Así lo ha entendido, de forma histórica, la comunidad internacional. Si se frena este Golpe de Estado, se habrá demostrado que este tipo de levantamiento antidemocráticos no tienen cabida en el Siglo XXI. Y muchos otros militares golpistas se lo pensarán 2 veces antes de volver a intentar someter la legalidad y el orden constitucional de sus países. No podemos volver a los ignominiosos años 70.

Finalmente, el Gobierno de Alan García ha tenido que ceder y derogar los polémicos Decretos que vendían la Selva a las transnacionales ante las duras y masivas protestas de los indígenas peruanos, que acabaron extendiéndose al resto del país.

Lástima que para ello hayan tenido que morir decenas de personas, todo por culpa de la soberbia e intransigencia de un Gobierno que ignoró a los indígenas a la hora de legislar sobre su terreno (contraviniendo el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas) y que después decidió reprimirlos violentamente con armas de fuego que causaron decenas de muertos.

Sin embargo, acorralado y ante el escándalo internacional y la presión popular, Alan García ha tenido finalmente que ceder y derogar los Decretos. Se trata de un triunfo de la oposición popular, de los indígenas, y una muestra de que, frente a lo que comúnmente se cree, no todo está perdido, y las fuerzas sociales (sindicatos, movimientos populares) aún tienen mucho que decir y, unidos, tienen fuerza suficiente para enfrentarse al poder establecido.

Así lo han demostrado los pueblos indígenas del Perú, en una nueva muestra de coraje. Su defensa de los territorios Amazónicos (una defensa que concernía a todo el país y, acaso, a todos nosotros, ya que el Amazonas es el pulmón de la Tierra) ha dejado tambaleando a un Gobierno en el que el Primer Ministro, Yehude Simón, ya ha anunciado que dejará su puesto, y en el que el Presidente, Alan García, ha dejado al descubierto sus ínfulas totalitarias y ultraconservadoras.

Esta victoria puede suponer, además, el anticipo de un cambio de rumbo en el Perú, que en 2011 tendrá Elecciones Presidenciales en las que, si sigue esta unión popular, las fuerzas de izquierda pueden hacerse con el poder y cambiar el rumbo de un país aislado en América Latina como consecuencia de un Gobierno que se ha quedado sólo en la defensa de las política neoliberales más radicales.

La moraleja es clara: si las fuerzas populares y los movimientos sociales se unen, no todo está perdido. Quizás debiéramos tomar nota de esta lección los europeos.

Estos días Perú es tristemente noticia por los enfrentamientos entre la policía y los nativos peruanos del Amazonas que protestan desde hace meses exigiendo la derogación de unos decretos legislativos aprobados por el Gobierno peruano que conceden los terrenos de la Amazonía a la inversión privada.

Se trata de unos decretos de desarrollo del Tratado de Libre Comercio con EEUU aprobado el año pasado. En estos decretos, se retira el calificativo de patrimonio forestal a 45 millones de hectáreas de la Amazonía para que, de esta forma, dejen de ser terrenos protegidos y pasen a formar parte del régimen agrario que les permite ser vendido a las multinacionales gasísticas y petroleras para su explotación. Así, casi el 60% de los bosques primarios serían arrebatados a los nativos que allí habitan para ser concedidos a las transnacionales.

Se trata de una agresión sin precedentes a las comunidades indígenas del Amazonas, para las que la tierra y el agua son su forma de vida, su cultura ancestral que, en caso de desaparecer, conllevaría también la destrucción de su milenaria cultura y forma de vida. En palabras de un líder nativo, “para el Gobierno el territorio es riqueza, pero para nosotros, que comemos los animales del monte y bebemos el agua de los ríos, es nuestra vida”.

Pero el problema no es simplemente una discusión politico-económica sobre el destino del Amazonas y el supuesto provecho que se podría obtener de la Selva, sino también de un problema jurídico. Y es que los citados Decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que ambos tratados establecen el derecho a la consulta previa de los pueblos antes de promulgar una ley que afecta a sus territorios, cosa que no se ha hecho. De la misma forma, también se vulnera la Constitución del Perú, como dictaminó la Comisión Constitucional del Congreso y la Defensoría del Pueblo.

Pese a esta inconstitucionalidad e ilegalidad de los Decretos, el Gobierno de Alan García se negó a derogar los decretos. Tras varios intentos fallidos de diálogo con los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP), estos se declararon en huelga hace más de 3 meses. Continuaron, a pesar de ello, las negociaciones, si bien en todo momento se engañó a los indígenas, prometiéndoles una derogación que nunca llegaba, luego una suspensión, que tampoco se efectuaba, todo ello entre insultos y con una arrogancia y altanería muy propia de Alan García.

Los indígenas elevaron el tono de sus protestas, y ocuparon carreteras y plantas petroleras de forma pacífica. Fue en ese momento cuando el Gobierno cometió el gran error, y ordenó (siguiendo los consejos de la prensa más conservadora y racista: recientemente, un analista conservador dijo textualmente “no sé qué espera Alan que no prepara a su FAP con todo el napalm necesario”) reprimir las protestas a sangre y fuego, y unos helicópteros de la policía ametrallaron a la población indígena, indefensa, que ocupaba la carretera.

Los indígenas, ante la muerte de sus compatriotas, se rebelaron, y con lanzas mataron a varios policías, haciéndose también con armas de los mismo, comenzando así violentos enfrentamientos que acabaron con la muerte de 23 policías y un número indeterminado de indígenas (en principio, el Gobierno habla de 4 indígenas muertos, pero las ONG de Derechos Humanos, la Iglesia y muchos testigos hablan de cientos de ellos, cuyos cadáveres la policía está intentando ocultar tirándolos al río o quemándolos).

En este momento, el gobierno de Alan García ordenó detener al líder de AIDESEP, Alberto Pizango, que se ha asilado en la Embajada de Nicaragua, y acusó a los indígenas de terroristas. Sin embargo, las protestas se elevaron, y hubo marchas pacíficas de apoyo a los nativos por todo el país que han obligado al Gobierno a suspender temporalmente los Decretos.

El país ha llegado a un punto de inflexión. El gobierno de Alan García, que ya en 1986 ordenó reprimir una revuelta en los Penales con una matanza, se ha desprestigiado y deteriorado al máximo con esta nueva matanza.

No es cierto que los indígenas sean terroristas. Nada más lejos de la realidad. Fueron estos mismo indígenas los que se dejaron la sangre y la vida luchando contra el terrorismo de Sendero Luminoso en los 80. Los mismos que combatieron en la guerra con Ecuador, y que ahora sólo luchan por sus derechos, por evitar que algo tan importante como las tierras del Amazonas dejen de ser de todos y pasen a ser explotaciones de unas pocas empresas.

El origen de la matanza, además, estuvo en las fuerzas del orden, que ametrallaron indiscriminadamente a la población civil que, exacerbada, se defendió, con violencia (también injustificada, todo sea dicho.

Ahora, todas las fuerzas opositoras (las diferentes izquierdas, que por primera vez en mucho tiempo no se pelean entre ellas, ONGs de derechos humanos, parte de la Iglesia, autoridades locales y regionales, sindicatos, movimientos indígenas y civiles) se han unido para luchar contra el Gobierno autoritario y neoliberal de Alan García, que va a tener que soportar una presión popular inaguantable en los 2 años que le quedan de mandato.

A García no le queda más remedio que dar marcha atrás y derogar los decretos, y si tuviera dignidad, relevar a los responsables de las matanzas (no lo hará, ya que en última instancia el responsable es él).

Se trata de una lucha histórica, en la que los pueblos originarios se unen para defender sus derechos y la tierra de todos (el Amazonas es el pulmón de la Tierra) frente a las intenciones de vender a las transnacionales lo que no es sino su espacio de vida. Una lucha desigual, entre los poderes establecidas y los indígenas, que, sin embargo, ganarán los nativos, ya que están dispuestos a luchas hasta la muerte para defender su forma de vida y su cultura.

Sin duda, un ejemplo para todos.

P.D.: Para comprobar gráficamente la situación de un Perú vendido a la explotación extranjera, nada mejor que ver el gráfico del Gobierno con el estado de las concesiones: prácticamente todo el Amazonas está parcelado y vendido a las petroleras. De hecho, de 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%. Ya era hora de que alguien se rebelara ante tamaña explotación.

La polémica entre el ilustre escritor e intelectual Mario Vargas Llosa -al que admiro profundamente-, y el Presidente de Venzuela, Hugo Chávez, ha servido para emprender una nueva campaña contra el líder bolivariano, intentando desacreditarle al presentarle como un dictador y ensalzando al mismo tiempo esa supuesta oposición limpia y democrática que existe en Venezuela. Nada más lejos de la realidad.

Cierto es que Hugo Chávez tiene muchas cosas malas-también tiene en su haber aciertos- y que en Venezuela se empieza a percibir un devenir autoritario que le hace un flaco favor a la revolución bolivariana. No obstante, decir que Venezuela, el país que más elecciones celebra en el mundo, es una Dictadura, es una soberana estupidez. Más aún cuando se quiere contraponer a un Hugo Chávez liberticida frente a una oposición democrática y liberal, ejemplar en todo caso. Falso. Ni Hugo Chávez es el Dictador que pintan (tampoco un demócrata ejemplar), ni la oposición un ejemplo de libertades.

Transcribo un artículo del veterano Director del Diario La Primera, de Perú, gran conocedor de la política latinoamericana, en el que destapa algunos hechos sobre la oposición chavista que quizás sean desconocidos para el gran público.

Para cualquier persona sensata es evidente que Estados Unidos está desde hace años en campaña para desacreditar y, si es posible, derrocar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

El show montado por Mario Vargas Llosa y su hijo encuadra en ese plan. Ha recibido por eso un apoyo mediático insólito.

Derrocar es un verbo cien veces conjugado en primera persona del singular por el imperialismo estadounidense.

Ha organizado la reunión caraqueña el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), la institución venezolana que recibe los mayores aportes económicos de las agencias de Estados Unidos.

Los fomentadores del escándalo en torno a la reunión de Caracas han ocultado que Rocío Guijarra, la gerente general de Cedice, apoyó el golpe de estado de abril del 2002 contra el régimen constitucional de Hugo Chávez.

Los que acudieron a Caracas para fomentar un escándalo sabían sin duda de ese antecedente. Tampoco podían ignorar el carácter de ese golpe que en el 2002 apresó a Hugo Chávez y quiso obligarlo a renunciar. Todo se convirtió en una farsa cuando las masas populares bajaron de los cerros para apoyar a Chávez. Al final, hasta las tropas de los golpistas cambiaron de hombro el fusil.

Mario Vargas Llosa, quien residía en España, sabe lo que denunciaron en esos días publicaciones madrileñas como Cambio 16: que horas antes de viajar a Caracas para el golpe, Pedro Carmona, el “presidente” de los golpistas, se había reunido en Madrid con jefes del Opus Dei.

En suma, la Guijarra apoyaba una aventura fascista cuyo carácter distintivo se produjo cuando el efímero Carmona no sólo “depuso” al presidente constitucional Hugo Chávez, sino que disolvió el Congreso y anuló todas las autoridades constituidas: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, etc.

La televisión privada aplaudió frenéticamente el pronunciamiento contra Chávez, y cuando las masas avanzaban hacia Palacio decidió ocultarlo, y empezó a difundir dibujos animados. Después no sabían dónde meterse.

Cedice coordina hoy con la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Bolivia, cuya orientación fascista, racista y separatista es conocida en el continente.

Uno de los financiadores de la cita derechista de Caracas es el Instituto Cato, conocido como órgano fascista ultraliberal.

Cedice y Cato van a crear en Caracas una universidad privada ultraderechista. Uno de los profesores será Daniel Córdova, decano de la escuela de economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima. Ese eminente profesor es el que, apenas iniciada la crisis que estremece al mundo, vaticinó, en el programa de Jaime de Althaus, en Canal 8, que la crisis sólo iba a durar tres meses.

Esa es la catadura de los libertarios aglomerados en Caracas.