Ahora que el Rafita está de actualidad debido a que ha sido descubierto robando, los medios y algunos políticos (básicamente el PP) han aprovechado para coger el rábano por las hojas y han convertido en norma lo que es una excepción: la reincidencia de los menores juzgados bajo la Ley del Menor. En efecto, las estadísticas dicen que los menores que cometieron delitos y a los que se les aplicó la supuestamente benévola Ley de responsabilidad penal de los menores, en un 80%, no vuelve a reincidir. Pese a ello, el PP ha propuesto debatir la instauración de la cadena perpetua como remedio a todos los males del país en el ámbito de la delincuencia.
No se puede dar una contestación mejor que la efectuada por Ignacio Escolar en su artículo de Público, con datos y números que dejan en evidencia el populismo y la falsedad de estos argumentos favorables a la mano dura:
Endurecer el populismo
Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas de cárcel en España “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, no hacia la venganza. Pero como la Carta sólo es Magna cuando interesa, el PP ha decidido enarbolar el endurecimiento de las penas como nueva bandera electoral, a juego con su discurso xenófobo sobre la inmigración. El partido de las grandes soluciones para los problemas inventados ha aprovechado una anécdota, la nueva hazaña de El Rafita, para pedir condenas más duras, incluso la cadena perpetua. “Me parece que algo falla”, dice Esperanza Aguirre, y en eso tiene razón. Falla una sociedad que admite que se legisle a golpe de suceso macabro, del ritmo que marcan ciertos medios carroñeros que hacen de cada crimen un éxito de audiencia, un sangriento botín del que después los políticos populistas también sacan su tajada. Pero vayamos a los datos.
España es el país con más presos por habitante de toda la UE: 166 reclusos por cada 100.000 personas, muy por encima de Francia (96), Italia (92) e incluso Gran Bretaña (153). La población reclusa, unas 76.000 personas, casi se ha duplicado en los últimos quince años, desde que la reforma del Código Penal de 1995 endureció las condenas. ¿Significa esto que España es un país inseguro, y que por eso se llenan las cárceles? Pues tampoco. La tasa de criminalidad española es de las más bajas de Europa y los delitos más graves, como los asesinatos o los robos con violencia, no han parado de disminuir. Pese a estas cifras, existe la percepción contraria: que las condenas son blandas y que la delincuencia se ha disparado. La inseguridad ciudadana aparece como un problema cada vez mayor en las encuestas. Es la distancia entre la realidad y lo que sale por televisión.